A medida que pasan los meses se afirma la convicción de que los señores Arias, el Presidente y el Ministro, así como también el embajador Langdale y otros funcionarios de la administración Bush; como también un grupo muy numeroso de empresarios nacionales y extranjeros; más los principales medios de comunicación colectiva (salvo "Extra", "La Prensa Libre", los medios universitarios y alguno más) consiguieron violentar en beneficio de sus intereses la decisión de miles de costarricenses en el referéndum del 7 de Octubre pasado. Lo consiguieron gracias a la combinación de las exorbitantes promesas presidenciales, el tono apocalíptico y amenazante de los empresarios, las mentiras y medias verdades de los burócratas de la Casa Blanca y la intensa campaña propagandística desatada por La Nación, Al Día, Repretel, Canal 7.

Unidos, el poder y el dinero pueden rebasar los frenos y contrapesos de las constituciones y asegurar una dominación sin contrastes. No era nuevo en Costa Rica ese contubernio, pero durante la prolongada lucha por el TLC, alcanzó la cima de su perfección: la credibilidad que dan la riqueza, la autoridad, el prestigio social, la potencia política, se combinaba con el chantaje, la dádiva, la amenaza, la explotación de la necesidad, la mentira. Y el abuso de poder político, económico y mediático así perpetrado durante meses, se redobló y multiplicó en aquel histórico momento en que se cristalizaba y se manifestaba la decisión soberana de nuestro pueblo, en un asunto en que estaba en juego, precisamente, la propia soberanía. Y existe prueba abundante: documental, testimonial, indiciaria, para demostrar con certeza cómo, dónde y cuándo los numerosos hechos constitutivos de aquel abuso tuvieron lugar.

Aunque deploran el fraude, la amenaza y la imposición, algunos proponen ahora dar por buenos los resultados del referéndum, y pasar la página. ¿Así no más, sin palinodia, desagravio ni reparación de parte de los ofensores? Como ciudadanos, como dignos poseedores de derechos políticos irrenunciables ¿cómo y por cuáles razones podríamos aceptar semejantes oprobios inferidos a nuestro pueblo y a cada uno de nosotros? Hacerlo equivaldría a aceptar que el fraude, la ilegalidad y el abuso se erigen en normas válidas en la vida de la comunidad costarricense si los cometen quienes detentan el poder; equivaldría a confesar que nos sometemos de buen grado, y subordinamos nuestros derechos, al ejercicio desnudo y arbitrario de ese poder.

Carentes de medios económicos, desarmados de todo poder, silenciados por los medios, nos mantenemos en la convicción de que nuestro elemental deber de ciudadanos es rechazar y denunciar enérgicamente aquellos hechos; no obstante que la experiencia reciente de las relaciones entre los poderes venga a indicarnos que la vía institucional sería infructuosa, al depender el levantamiento de la inmunidad del presidente y del ministro de una decisión del órgano legislativo cuya mayoría está enajenada a la cúpula gubernamental.

En tales condiciones, cerrados los caminos del otrora primer Poder, del órgano electoral y de los tribunales; si además la justicia internacional es incierta y dura años en pronunciarse ¿qué puede hacer nuestro pueblo, soberano legítimo, frente a la ilegítima concentración de poder y los abusos que estamos enfrentando? ¿qué podemos hacer quienes nos negamos a ultranza a emprender soluciones violentas?

Nos queda, inalienable, el fuero de la moral, el fuero de los valores que alientan en la base de los principios constitucionales vigentes: el artículo 2º de la Constitución, que reconoce al pueblo costarricense la titularidad del poder soberano; el artículo 11, que consagra los deberes éticos de los funcionarios; el artículo 28 del mismo texto, que nos garantiza como personas la libertad de realizar cualesquiera actividades, cuando no estén dirigidas a dañar a nadie, ni sean contrarias a la moral o al orden público.

Podemos así emprender una iniciativa lícita que se apoya en las reservas morales y cívicas de los costarricenses, fuente primaria de toda legitimidad institucional. Y entonces, si el presidente y sus ministros, el embajador norteamericano, los empresarios y los responsables de los medios manipularon la buena fe, las expectativas y la credulidad de nuestro pueblo, que sea éste quien juzgue sus actos; y existe una manera de hacerlo, con apego a las reglas de la más pura civilidad: proponemos organizar un debate no oficial, oral y público, con las garantías del debido proceso, para analizar y juzgar la conducta de dichos personajes, poniendo como testigo a la comunidad entera.

Apelamos para ello a la pasión civilista de los costarricenses; e invocando su capacidad de repudio hacia todo lo que atente contra la soberanía, la democracia y la pureza del sufragio, los instamos a contribuir a la constitución y desarrollo de aquel debate público, presidido por un tribunal de honor que, con todas las garantías de corrección e imparcialidad que una experiencia milenaria atesora, conozca y juzgue los hechos cometidos, pronunciando sobre ellos y sus autores un veredicto moral.

En San José, el 10 de Diciembre de 2007,
Día de los Derechos Humanos