La actual crisis social y política que se vive en el país, es producto de
una acumulación de demandas de los diversos sectores de la vida nacional,
golpeados por las políticas económicas neoliberales. Demandas que han sido
truncadas por la actitud cerrada y autoritaria de un gobierno que está al
servicio de la cúpula empresarial y no del pueblo que lo eligió.

En los últimos 12 años, los salvadoreños y salvadoreñas hemos soportado una
serie de medidas neoliberales, como las privatizaciones, el IVA y la
apertura comercial que nos inunda de productos importados. Medidas que han
provocado el encarecimiento generalizado del costo de la vida, el abandono
del agro, el desempleo y la pérdida de derechos laborales, empobreciendo
más a la población y obligándola a emigrar por falta de oportunidades en su
propia tierra. Otro efecto colateral de estas políticas es la abierta e
impune corrupción en las altas esferas gubernamentales, el incremento del
crimen organizado y de la delincuencia común, que mantiene al país en un
clima de inseguridad ciudadana. Inseguridad que también impacta en la
economía: aleja a la inversión extranjera y al turismo y se incrementan los
costos de las empresas que se ven obligadas a contratar seguridad privada.

Después de haber soportado tantas medidas neoliberales, el pueblo le ha
dicho un BASTA YA al gobierno en su propósito de privatizar la salud.
Propósito que ha sido frenado por la huelga y movilización de los médicos y
trabajadores de la salud y la decidida lucha del movimiento social en
general, en la que también se ha expresado el descontento acumulado de los
diferentes sectores sociales, entre ellos el campesino.

Acorde con su estilo de gobernar, Francisco Flores tendió una trampa el
pasado 31 de octubre, cuando dijo que no iba a vetar el decreto de Garantía
Estatal de la Salud y Seguridad Social, que retiraba su propuesta de
privatización de la Asamblea Legislativa y que crearía una "Comisión de
Seguimiento" encabezada por el alcalde Héctor Silva. El pueblo no se dejó
engañar con esa maniobra, que pretendía trasladar el debate sobre la
privatización de la salud, del campo social al político electorero.
Desenmascarada la maniobra, de nuevo las organizaciones sociales tenemos la
palabra.

Planteamiento de CONFRAS sobre el tema salud

Como CONFRAS (Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña)
hemos defendido y seguiremos defendiendo el derecho del pueblo
a la salud. Pensamos que la privatización de ese servicio básico sería la
peor estafa que le harían al pueblo salvadoreño en nombre de la supuesta
eficiencia de la empresa privada, cuyo afán es la ganancia y no la
prevención y curación de enfermedades y rehabilitación de enfermos. Lo que
requiere nuestro sistema de salud es más eficiencia, gestión transparente y
más recursos para ampliar su cobertura. En ese sentido le exigimos al
ejecutivo que no le dé largas a la firma del decreto de Garantía Estatal de
la Salud y Seguridad Social, en los términos en que fue aprobado por la
Asamblea Legislativa, y abra un espacio de negociación directa y franca con
los actores involucrados: los médicos y los trabajadores de la salud.
Planteamiento de CONFRAS sobre el tema agropecuario

Para CONFRAS, la salud es apenas un punto de una agenda más amplia. Agenda
que igual tiene que ver con la vida de la población: la seguridad
alimentaria. Paco Flores tiene una deuda con nosotros: el Sector
Agropecuario, Cooperativo y Campesino. Se trata de un pliego de demandas
largamente ignoradas por los gobiernos de ARENA. Las y los campesinos
cooperativistas integrados en CONFRAS vamos a continuar con las acciones
iniciadas el 12 de octubre, en torno a las reivindicaciones siguientes:

1. La inmediata atención del ejecutivo a la propuesta de "Políticas Básicas
para el Desarrollo Agropecuario y Rural" presentada al gobierno a
principios del año 2000 y relacionadas con:

a) la entrega de los excedentes de tierras de las propiedades mayores de
245 hectáreas, a los campesinos y campesinas que carecen de ese medio de
producción, tal como lo ordena la Constitución de la República y los
Acuerdos de Paz.

b) seguridad jurídica de la tierra para los beneficiarios de la Reforma
Agraria y del Programa de Transferencia de Tierras de los Acuerdos de
Paz, mediante el ágil otorgamiento de escrituras.

c) líneas de créditos agropecuarios, suficientes y oportunos, especialmente
para la producción de alimentos básicos de la población salvadoreña.

d) la creación de un fondo especial de financiamiento, que compense a la
producción agropecuaria nacional frente a los subsidios estatales
otorgados a nuestros competidores externos.

e) protección a la producción agropecuaria y a los precios de nuestros
productos en el mercado nacional, mediante un sistema arancelario que
regule las importaciones.

f) facilitación para la comercialización de nuestros productos, dotando al
área rural de infraestructura de comunicación, transporte, sistemas de
acopio, información sobre precios y asesoría en mercadeo.

g) capacitación y asesoría técnica para la producción.

h) mejorar la calidad y cobertura del sistema educativo rural

i) incrementar y mejorar los servicios de salud pública en el área rural

j) dotación de viviendas, agua potable y electricidad, a la población rural
afectada por el Mitch y los terremotos, misma que históricamente ha
carecido de esos medios elementales para la vida humana.

k) políticas de recuperación de suelos, bosques, fuentes de agua; y
recuperación de todos aquellos recursos naturales que se han perdido y
que tienen a la población rural en condiciones de vulnerabilidad ante
los fenómenos naturales.

2. Retomar los contenidos de los decretos de Ley que amparaban a los
productores de café y caña, que fueron aprobadas por la Asamblea
Legislativa y vetadas por Francisco Flores en el pasado mes de octubre.

3. Que la Asamblea Legislativa apruebe la propuesta de ley presentada el 19
de agosto del corriente año por los productores de cereales, a fin de
que se incentive la producción de granos básicos y se protejan sus
precios, modificando los "Derechos Arancelarios a la Importación".

4. Exigirle al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), un
alto en sus corruptelas realizadas con la imposición de mediciones de
tierra en las Cooperativas de la Reforma Agraria y en sus presiones para
que se parcelen y vendan sus tierras. Asimismo la entrega inmediata de
escrituras para las cooperativas y propietarios individuales que han
saldado sus deudas agrarias.

5. Nuestro rechazo a los proyectos derivados del Plan Puebla Panamá, que
solo benefician a la industria maquiladora nacional y extranjera y que
amenazan con despojar de sus tierras a los campesinos y expulsarlos de
sus lugares de origen hacia los centros industriales o al exterior.

6. La no negociación y firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) y del Area
de Libre Comercio de las Américas (ALCA) con los Estados Unidos, por ser
instrumentos de política económica que atentan contra la vida de los
sectores agropecuario-campesino, laboral y micro-pequeña empresa; y
porque atentan contra la soberanía de nuestra patria.

El Salvador, 8 de noviembre de 2002