Haciendo eco de los reclamos y las propuestas de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI PERU, y otras organizaciones e instituciones que se pronunciaron en contra del proyecto de Ley 1640-2007 PE, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República decidió archivar esa iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo.

Los integrantes del partido de gobierno fueron los únicos que apoyaron la propuesta del Ejecutivo. Los demás integrantes de la comisión se pronunciaron en contra de dicha norma, incluso los miembros de las bancadas del fujimorismo y Unidad Nacional.

Cabe indicar que en días pasados CONACAMI PERU envío un memorial, firmado por dirigentes comunales de 18 regiones del país, a diferentes instancias del gobierno como la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Congreso de la República, entre otros, a través del cual expresaban su malestar y preocupación por la posible aprobación del proyecto 1640.

A través de ese documento se solicitó el archivamiento del Proyecto 1640 por que su aplicación significaba un atentado contra los derechos de las comunidades, los mismos que están reconocidos por tratados y convenios internacionales (Convenio 169 de la OIT y Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por la Asamblea de la ONU), como son el derecho a la participación y consulta previa, libre e informada ante la implementación de políticas, proyectos y actividades en nuestros territorios, y el derecho a la autodeterminación a elegir un modelo de vida y desarrollo que escojamos.

Asimismo se planteó la declaratoria de interés nacional y patrimonio cultural a las comunidades del Perú, reconociéndolas como pueblos originarios y respetando los derechos que les asisten de acuerdo a lo establecido en el marco legal peruano y otros instrumentos internacionales.

Con la propuesta de ley 1640 el gobierno buscaba agilizar los trámites administrativos de 20 proyectos mineros ubicados en 11 regiones del país, con la finalidad que se ejecuten, pese a la oposición de las comunidades que se encuentran dentro de su área de influencia, como sucede en el caso de Río Blanco (Piura) y Pucamarca (Tacna).

Esta iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo a pocos días que las comunidades campesinas de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera se pronunciaran mayoritariamente, a través de una consulta vecinal, en contra de la presencia de Minera Majaz en sus territorios.