A pocas horas de iniciarse una reunión entre los comuneros de
Michiquillay, representantes de Anglo American y funcionarios de
PROINVERSION, fue detenido el dirigente comunal Mercedes Saucedo
Ríos.

La detención del dirigente se produjo en el día en que Anglo
American debía exponer los alcances de su proyecto a los pobladores
de Michiquillay, quienes se oponen a la actividad minera en el
distrito de La Encañada, en Cajamarca.

Michiquillay es uno de los 20 proyectos mineros que el gobierno
pretende imponer a través de la iniciativa legislativa Nº 1640 2007-
PE, la cual los declara de interés nacional y con ello se allana el
camino para su ejecución, sin tener en cuenta la opinión de las
comunidades que se verán afectadas por sus operaciones. Esa es la
verdadera razón para la detención de Mercedes Saucedo, con la que
además, se pretende atemorizar y silenciar a quienes se oponen a la
presencia minera en la zona.

Se debe tener en cuenta que los reclamos de los comuneros nunca
fueron escuchados. Incluso la privatización del proyecto minero se
hizo sin respetar la previa consulta a las comunidades. Además, el
gobierno con apoyo de la empresa han promovido la creación de
organizaciones paralelas dentro de la comunidad lo que ha generado
el divisionismo al interior de la misma. Son estas personas las que
pretenden convencer con engaños y dadivas a la población de
Michiquillay que permitan la explotación minera en sus tierras.

El gobierno, bajo el marco legal que criminaliza la protesta,
continúa con la persecución de los dirigentes comunales y defensores
de la vida y el medio ambiente, cuyo único delito es la defensa de
los derechos de sus pueblos.

Este no es el primer caso. Anteriormente dirigentes comunales de
Ayabaca estuvieron a punto de ser condenados a penas privativas de
la libertad por acusaciones falsas hechas por personas
subvencionadas por la empresa minera Majaz. Por ello exigimos al
gobierno el cese de la persecución y hostigamiento de los dirigentes
y las comunidades que en aplicación de sus derechos exigen el
respeto a sus derechos que están reconocidos por las leyes de
nuestro país e instrumentos de alcance internacional como el
Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT) y la
Declaración de los Pueblos Indígenas de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).

Alertamos a la opinión pública de estos hechos, que pueden repetirse
en todas las zonas donde se ubican los 20 proyectos mineros que el
gobierno pretende imponer a través del proyecto de ley 1640,
iniciativa que promoverá nuevos conflictos socioambientales o
provocará que se radicalicen los ya existentes.

Ese proyecto debe ser retirado y en su lugar deben generarse otros
que promuevan la protección integral de los derechos de las
comunidades campesinas e indígenas de nuestro país.

PRENSA CONACAMI PERU