El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. En la sesión N.° 5149 del 18 de abril del 2007, este Órgano Colegiado emitió un pronunciamiento en el que se advertía al Gobierno, al Tribunal Supremo de Elecciones y a la ciudadanía acerca de que la figura del referéndum implicaba una profundización de la democracia, siempre y cuando se cumpliera con una serie de requisitos, entre ellos, un procedimiento claro y equitativo, un financiamiento igualitario y un acceso paritario a los diferentes medios de comunicación e información a los proponentes, tanto de la posición en contra como a favor del Tratado de Libre Comercio.

2. Aun cuando el Tratado de Libre Comercio fue aprobado en el referéndum, según el número de votos depositados en las urnas el 7 de octubre, el proceso evidenció la falta de un procedimiento equitativo, un financiamiento desigual, un acceso dispar a los diferentes medios de comunicación e información y el rompimiento de las reglas democráticas, incluyendo una violación a la tregua política decretada por el Tribunal Supremo de Elecciones, así como la intervención directa del Gobierno de los Estados Unidos en los días previos a las votaciones. Lo anterior contribuyó a crear dudas sobre el procedimiento utilizado y a producir una sensación de mayor desencanto con la política en importantes sectores de la población.

3. Los ajustados resultados del referéndum mostraron la clara división existente en Costa Rica en cuanto a visiones de sociedad, al modelo de país y a las estrategias para alcanzar los objetivos de desarrollo en el mediano y el largo plazo. Los resultados también mostraron una nación dividida en tres segmentos: los que favorecieron el sí (30% del padrón electoral), los que favorecieron el no (casi un 30%) y una importante masa de ciudadanos que se abstuvo de votar (40%). En ese sentido, el resultado del referéndum debe ser analizado como un empate entre fuerzas sociales, a pesar de las grandes disparidades en recursos y oportunidades.

4. Con los resultados obtenidos, el Gobierno y los sectores que apoyaron la aprobación del TLC no pueden ignorar la clara división existente en la sociedad costarricense, ni el fuerte movimiento ciudadano que se organizó contra el Tratado. Tampoco el Gobierno puede desconocer las demandas sociales y la legitimidad del movimiento opositor.

5. Desde que se convocó el referéndum, el Gobierno defendió la separación entre el TLC y los proyectos de la agenda de implementación, y así lo ratificó el Tribunal Supremo de Elecciones en su momento, cuando no incluyó estas leyes en la consulta popular. El Consejo Universitario, respondiendo a las consultas realizadas por la Asamblea Legislativa, con base en el artículo 88 de la Constitución Política, se ha pronunciado en contra de la aprobación de estas leyes por su impacto negativo en el Estado Social de Derecho y en otras áreas estratégicas para el desarrollo nacional, como la propiedad intelectual, las telecomunicaciones y seguros, la protección del ambiente, la seguridad alimentaria y los derechos de los productores nacionales.

6. A pesar de que concluyó el proceso del referéndum, los grandes problemas nacionales no van ser resueltos con el Tratado de Libre Comercio. Más bien, en esta etapa que se inicia, un mal manejo político por parte de los sectores que favorecieron la aprobación del TLC podría exacerbar las diferencias, aumentar la exclusión social y abrir profundas brechas en la sociedad costarricense.

ACUERDA:

1. Instar al Gobierno de la República a crear un espacio de diálogo nacional, que incluya no solo a los partidos políticos, sino, también, a los sectores sociales y organizaciones que se opusieron a la aprobación del TLC. Este diálogo nacional debe llevar a la construcción de una agenda de desarrollo nacional, que tome en cuenta las grandes brechas sociales que existen en el país y que se centre en alcanzar la solidaridad, la equidad y el logro del bien común.

2. Manifestar al Gobierno y a los partidos políticos que apoyaron la aprobación del TLC, que la discusión sobre la agenda de implementación debe partir de la premisa de que no existe un consenso nacional sobre estos temas, lo que implica un cuidadoso y detenido proceso de diálogo y de construcción de acuerdos.

3. Solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Asamblea Legislativa reformas electorales, incluyendo la Ley del Referéndum y su Reglamento, que permitan en un futuro desarrollar procesos justos y equitativos, acompañados de reglas y controles claramente establecidos.

4. Hacer un reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil, como los comités patrióticos, por su contribución al fortalecimiento de la democracia participativa, y motivarlas para que continúen como instancias de auditoría ciudadana y de control político, elementos fundamentales de una democracia madura.

Dar la mayor difusión posible a este acuerdo.

Acuerdo firme de la sesión ordinaria N.º 5199 del miércoles 17 de octubre de 2007