Con las estadísticas de la concentración de la tierra en Colombia entonando el himno de la barbarie en contra de los pueblos campesinos, indígenas y negritudes, no puede la historia ser más que la historia de una economía que ha hecho de la guerra el principal elemento que contribuye a su funcionamiento. Mientras la economía capitalista despliega la propaganda de la paz, de la conciliación con la voracidad de sus intereses, esta misma economía fortalece su maquinaria de guerra. Ya para 1961 los capitalistas en Colombia reconocían como “aberrante” la concentración de la tierra; pero no fue esta aberración el objeto de su preocupación; siempre su preocupación ha sido la de cómo mantener sometidos a los pueblos a sus políticas del asesinato y el despojo.

Luego de esta declaración oficial hecha por el Ministerio de Agricultura en aquél tiempo, hoy estos mismos capitalistas aprueban el Estatuto de Desarrollo Rural, con el sustento material de la refundación del paramilitarismo que les garantiza la profundización de esta aberración histórica y humana: la destrucción definitiva de las comunidades campesinas, indígenas y negritudes al destruir sus condiciones de vida en nombre del desarrollo, de la tecnificación de la agricultura, de la competitividad en los mercados del mundo, de la rentabilidad de la producción, de la expropiación y saqueo de sus territorios; en síntesis, el despotismo sangriento del mercado.

No está en juego la historia de cómo se ha concentrado a sangre y fuego la riqueza en Colombia: está en juego, con la legalización de las guerras del capital en contra de nuestros pueblos, la entronización del modelo corporativo fascista de Benito Mussolini; las corporaciones, que es la organización de las ramas de la producción en un solo cuerpo, son las mismas cadenas productivas; con las cadenas productivas se legaliza la imposición de los intereses “superiores de la producción”, como lo planteó y lo hizo Mussolini en la Italia fascista. Las cadenas productivas, establecidas en Colombia por la ley 811, son deudoras políticas de su vertiente fascista. La ley de cadenas productivas es el marco jurídico para las nuevas formas de concentración forzada de la población bajo los intereses del capitalismo.

Para Benito Mussolini, como para el actual régimen de Uribe Vélez, estas cadenas cumplen el papel de defender la concentración de la tierra, la pérdida del control del proceso productivo por parte del productor directo, proceso de expropiación que lleva el nombre de acumulación originaria por la expoliación de los recursos, por la destrucción de la vida de los pueblos, por el sometimiento a los intereses de las empresas transnacionales y de los gremios económicos. Nuestra lucha es una lucha antifascista. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez expresa y materializa el fascismo en Colombia.

Cadenas productivas, Estatuto de Desarrollo Rural, y la institución INCODER, entre otras instituciones, constituyen el andamiaje de un sistema económico que impulsa el destierro de los pueblos hacia nuevas formas de esclavitud. Las leyes son producidas para darle un carácter legal al robo del agua, de los páramos, de las tierras; resoluciones como la 1516 del INCODER legalizan la esclavitud de las comunidades negras bajo la política de la “integración vertical”; esta verticalidad fue promulgada primero por el fascismo italiano. Alimentos como la panela son arrebatados de los productores directos; el productor directo es “liberado” de la producción para arrojarlo a la miseria en las ciudades o para someterlo como mano de obra a las cadenas productivas. El mundo asiste al bárbaro espectáculo de un fascismo que se llama a sí mismo de “seguridad democrática”; al impulso de unas políticas que en nombre del desarrollo y de la protección del medio ambiente empuja a nuevos destierros a los pueblos campesinos.

Razón tenía el poeta Milosz: Hitler y Mussolini ganaron una victoria que ha ido más allá que la de sus ejércitos: en Colombia es la victoria de la producción capitalista, con cadenas productivas, con servicios ambientales, con ejércitos entrenados y financiados para el ejercicio de la más brutal de las represiones.

¿Es legítimo el fascismo porque permite la reconcentración de la riqueza? ¿Es legítimo el fascismo porque sucede a miles de kilómetros de Norteamérica o de Europa? ¿Es legítimo un gobierno que legaliza las historias del crimen asesinando la memoria, la palabra y la cultura de los pueblos? ¿Es legítimo el fascismo porque favorece los intereses de las empresas trasnacionales? ¿Es legítimo el fascismo porque dice en las Naciones Unidas que en Colombia “no hay paramilitares”? ¿Es legítimo el fascismo porque los pueblos asesinados son presentados por el régimen como pueblos sin nombre?

La lucha de los pueblos es legítima porque defiende la vida del planeta; es una lucha legítima porque defiende la memoria y la historia de los pueblos; es una lucha legítima porque se fundamenta en la justicia de la tierra.

Álvaro Uribe Vélez es el verdugo de la tierra y la palabra. Es el verdugo de la vida. ¿Cómo puede ser legítimo un régimen fascista?

La renuncia de Uribe es parte de esta lucha antifascista.

COMISIÓN POLÍTICA

COORDINACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES AGRARIAS Y POPULARES DE COLOMBIA

Octubre 10 de 2007