Durante los últimos 22 años –y todavía más en los últimos diez– el interés fundamental de los gobiernos ha sido lograr que venga mucha inversión extranjera, es decir, muchas empresas extranjeras. A éstas se les favorece con todo tipo de ventajas y apoyos, incluso se les quita los impuestos que el resto de los costarricenses –incluyendo las empresas nacionales– debemos pagar.

Entre tanto, ha habido abandono de las empresas ticas y, en especial, de las empresitas más pequeñas, así como de las cooperativas. Mucho se habla, por ejemplo, de fomentar las microempresas y pequeñas empresas. Si se hiciera la décima parte de lo que se habla seguro esas empresas estarían mucho mejor de lo que están. Pero lo cierto es que carecen de todo tipo de ayudas: ni créditos; ni apoyo técnico; ni transferencia de tecnología; ni capacitación; ni asesoría para la comercialización. Prácticamente nada.
Con el TLC esto se agravará seriamente. Una de las razones de tal cosa (pero solo una) es la siguiente: el TLC establece una obligación llamada \"trato nacional\" que hace que cualquier política, es decir, cualquier forma de apoyo e impulso que el gobierno o instituciones públicas quisieran aplicar a favor de las empresas nacionales, también deba ser dado a favor de las empresas extranjeras. Por eso dicen \"trato nacional\". El asunto consiste en que a esas empresas venidas de Estados Unidos se les trate como si fueran nacionales.

Esto es totalmente injusto. Es fácil entender por qué. Bien sabemos que no es lo mismo una de esas gigantescas empresas estadounidenses –Intel, Coca Cola, etc.– que una pequeña empresita familiar o una formada por personas con discapacidad o una cooperativa de mujeres. Bueno, pues el \"trato nacional\" que el TLC impone, obliga a que cualquier ayuda a favor de estas empresitas costarricenses deba beneficiar también a cualquier gran empresa estadounidense que venga a Costa Rica.

Ampliemos un poquito

Por ejemplo, supongamos que el gobierno quisiera apoyar pequeñas empresas nacionales situadas en zonas pobres (la zona norte o sur; regiones empobrecidas de Guanacaste, Puntarenas o Limón, por ejemplo), a fin de impulsar el desarrollo de esas regiones. Para ello se necesitaría apoyos especiales a favor de tales empresas. Pero entonces podría venir cualquier empresa estadounidense –incluso una muy grande– que exija que se le dé a ella el mismo trato (o sea, que se le dé \"trato nacional\"). Algo similar podría ocurrir si, por ejemplo, se quisiera dar apoyos especiales a favor de empresas de agricultura orgánica. Por esa razón, la ley recientemente aprobada destinada a apoyar ese tipo de agricultura estará en grave riesgo, en caso de aprobarse el TLC.

Si el gobierno se negase a dar \"trato nacional\" a esas empresas extranjeras, lo más probable es que terminará demandado ante un tribunal de arbitraje internacional, los cuales tienen las siguientes \"inocentes\" características: funcionan fuera del territorio de Costa Rica; los jueces son nombrados en forma privada; no toman en cuenta nuestras leyes sino solamente lo que el TLC establece y las normas internacionales que esos jueces quieran aplicar. Además, son tribunales cerrados a la participación de las comunidades o de las organizaciones de la ciudadanía. Y, encima, solo las empresas estadounidenses pueden demandar ante esos tribunales. Jamás el gobierno de Costa Rica ni las empresas nacionales.

Esa obligación de \"trato nacional\" anula toda posible política de apoyo a las microempresas y pequeñas empresas nacionales.

Pero el TLC sí contiene un paquete gigantesco de privilegios a favor exclusivamente de las empresas estadounidenses ¡Tamaña contradicción! El TLC nos amarra las manos y nos impide apoyar y fomentar el desarrollo de nuestras empresas y, en cambio, obliga a brindar ventajas desproporcionadas a las empresas extranjeras estadounidenses. Por ello podemos afirmar con certeza que TLC no solo es enemigo de nuestras empresas sino que, además, destruirá muchos empleos.

Sobre los privilegios que el TLC brinda a los inversores extranjeros y sus consecuencias negativas para el empleo, hablaré más en un próximo artículo.

Luis Paulino Vargas Solís
Catedrático Universitario, economista, doctor en políticas públicas.