A comienzos de junio 2007, el presidente Álvaro Uribe llegó a Washington por segunda vez en un mes para, según los informes de prensa, hacer lobby ante el Congreso con el fin de lograr la extensión de los beneficios contemplados en la Promoción Andina de Comercio y el Acto de Erradicación de la Droga, beneficios que vencían a finales de junio.

Las perspectivas de Colombia en Washington nunca se habían visto tan negativas. La aprobación para el tratado de libre comercio, el TLC, se ha aplazado indefinidamente y los demócratas en el Congreso, que ahora son mayoría, han comenzado a reducir recursos destinados a asistencia en general y, además, están dándoles una nueva orientación: del enfoque predominante sobre la seguridad y la ayuda para la lucha antinarcóticos a otro a favor de los programas sociales y económicos.

Luego de la fría acogida que recibió en el Capitolio, en mayo, el presidente Uribe atacó duramente a sus críticos al decirles que le parecía “incomprensible” que Colombia fuera tratada como una paria y se llegara a negar el TLC.

Para quien pocos meses atrás había sido llamado por el presidente George W. Bush como su “amigo personal” y “socio estratégico” de los Estados Unidos, las dificultades no podrían haber aparecido más agudas y, aún, desconcertantes.

¿Qué es lo que ha cambiado? Según la versión sencilla de los acontecimientos el Partido Demócrata, que controla ambas cámaras del Congreso, tiene muy presente su deber frente a su base política en las organizaciones obreras, para quienes los acuerdos de libre comercio son equivalentes a la exportación de trabajos americanos. Por lo tanto, hay un enfoque más explícito sobre los derechos laborales –aspecto que constituía apenas una nota de pie de página en los debates anteriores sobre la situación de los derechos humanos en Colombia- y ahora está en el centro de la discusión sobre el TLC.

Además, ha estallado el escándalo de la parapolítica, que ha llevado a más de dos docenas de congresistas y ex congresistas, algunos de la coalición de Uribe, a ser investigados y encarcelados por sus vínculos con la actividad paramilitar. En Estados Unidos estos hechos han influido negativamente en la reputación del presidente Uribe. Después de todo, las AUC y los grupos guerrilleros están catalogados por los Estados Unidos como una organización terrorista extranjera vinculada al tráfico de drogas y otros grandes crímenes.

Como sucede con todas las versiones demasiado sencillas, ésta, aunque verosímil bajo muchos aspectos, es sólo una parte de la historia. La trama, en un ámbito más profundo, tiene que ver con amplias tendencias en las políticas comerciales de los Estados Unidos, con el intenso partidismo que ha aparecido en años recientes sobre ese tema y, además, con la influencia que la estrecha relación Uribe-Bush ha tenido en el presidente Bush, cuya imagen y popularidad han disminuido drásticamente.

En la política exterior de los Estados Unidos predomina el tema de la guerra en Irak porque cuesta aproximadamente 2.5 billones de dólares semanales y hace estragos en las vidas de los civiles iraquíes y los soldados norteamericanos. Se está perfilando, además, como el asunto que estará en el centro del debate durante las elecciones presidenciales del próximo año.

Una encuesta del Washington Post-ABC News publicada en junio mostró que el 61 por ciento de la población estadounidense no cree que valga la pena librar la guerra en Irak y que la aprobación general del presidente Bush ha bajado dramáticamente a un 35 por ciento.

Mientras el presidente Uribe sigue gozando de gran popularidad en Colombia, su esfuerzo de vincular el conflicto armado colombiano con la guerra contra el terrorismo de la administración Bush –una estrategia que antes daba muy buenos resultados– es ahora un obstáculo a la hora de mantener el apoyo estadounidense.

Una mirada amplia a las tendencias

Para comprender la situación colombiana, especialmente en relación con la aprobación del tratado de libre comercio, tema prioritario para el gobierno colombiano, hay que tener en cuenta las tendencias de las políticas comerciales estadounidenses.

Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) fue aprobado en 1993 por una Cámara controlada por los demócratas y con un cómodo margen de 35 votos. Un total de 102 demócratas votaron a favor de NAFTA, aunque no eran mayoría (en aquel momento había 258 demócratas en la Cámara). Sin embargo, fue substancial el número de votos.

Ocho años más tarde, con el presidente Bush en la Casa Blanca y con los republicanos controlando ambas cámaras, pasó en la Cámara -por un solo voto- la propuesta de renovar la autoridad presidencial para negociar acuerdos de libre comercio (el carril rápido, como se llamaba). Ya para julio de 2006, el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA) pasó con un margen de solo dos votos y el apoyo de apenas 15 demócratas, es decir, 87 menos que los que habían respaldado el NAFTA una década atrás.

Esta tendencia en la disminución del apoyo al libre comercio se explica, en parte, si se tiene en cuenta que este tipo de comercio se ha convertido en un peón dentro de la lucha en los Estados Unidos entre los ganadores y los perdedores en el proceso de la globalización.

Como lo ha anotado I.M. Destler, profesor visitante en el Instituto para Economía Internacional, de Washington, se han estancado los ingresos medios reales de los hogares estadounidenses y existe una desigualdad de ingresos que ha “persistido durante la mayor parte de los últimos 30 años”. Los demócratas señalan estos problemas junto con “la pérdida de trabajos en el renglón de la manufactura”. La solución no consiste en limitar el comercio, sino en una amplia revisión de la legislación norteamericana en temas como impuestos, salud pública y reforma pensional, según Destler.

Un aumento en el populismo económico y un sentimiento anti-tratado comercial en los Estados Unidos contribuyeron a los triunfos de los demócratas en las elecciones legislativas del pasado mes de noviembre. Por ejemplo, a los pocos días de jurar como nuevos miembros del Congreso, 39 de los 42 demócratas recién elegidos a la Cámara dirigieron una carta al nuevo presidente del Comité de Formas y Medidas de la Cámara, Charles Rangel, el que afirmaron que “nuestra capacidad para tomar partido como voceros contra la equivocada agenda de la administración en materia de comercio” ha sido “crucial para nuestra victoria en las urnas”. Mientras sus opositores republicanos habían apoyado “acuerdos que matan trabajos”, tales como el CAFTA, estos nuevos miembros del Congreso consideraban que habían “ofrecido a nuestros electores unas alternativas reales y con sentido”.

El partidismo sobre asuntos comerciales

Un factor que ha dificultado la aprobación de nuevos TLC ha sido el intenso partidismo surgido en los últimos años alrededor del manejo de los asuntos comerciales. Un destacado miembro demócrata de la Cámara se quejó de que “durante seis años, cuando queríamos dedicarnos a estos asuntos, la administración no quiso trabajar con nosotros”. La Casa Blanca y los líderes republicanos en la Cámara “querían que los demócratas votaran NO sobre asuntos de comercio para luego presentarlos como anticomercio y antibusiness”.

El año pasado, cuando los acuerdos con el Perú y Colombia ya estaban listos para ser considerados por el Congreso, Sander Levin, el demócrata del sub-comité sobre Formas y Medidas, le informó a la administración Bush que los acuerdos “tal como estaban presentados no recibirían el apoyo de la gran mayoría de los demócratas”. Levin acusó a la administración de “hacer las cosas por sí sola”, lo que perjudicaba un posible compromiso bipartidista.

Al reconocer de que manera un amargo espíritu partidista estaba socavando la agenda comercial de la administración, la representante para el Comercio de los Estados Unidos, Susan Schwab, dedicó los primeros meses del 2007 a negociar un nuevo conjunto de estándares que fueran aceptables por demócratas y republicanos. Su esfuerzo condujo a la elaboración de una “Nueva Política Comercial para América”, divulgada el pasado 10 mayo y descrita por sus autores como señal de un “cambio fundamental en la política de los Estados Unidos sobre el comercio”.

El compromiso fortaleció estándares fundamentales en temas laborales y del medio ambiente en los acuerdos de libre comercio para el Perú y Panamá y llamó a la expansión de la ayudar a los trabajadores norteamericanos que fueran desplazados.

Sin embargo, se dejó a un lado el TLC de Colombia. Según la expresión de Rangel y Levin en carta a Schwab, “Colombia tiene problemas y consideraciones especiales” que no se presentan en los casos del Perú y Panamá. Su carta citó “la sistemática y persistente violencia cometida contra sindicalistas y otros defensores de derechos humanos, la impunidad en esos casos y el papel de los paramilitares en la continuidad de estos crímenes”. Para que el TLC de Colombia fuera considerado, escribieron, el Congreso, la administración y el gobierno colombiano tendrían que trabajar mancomunadamente para resolver “estos graves problemas”.

Los derechos laborales y el TLC

El actual impasse en cuanto al TLC con Colombia –en relación con las positivas perspectivas en los acuerdos con el Perú y Panamá– revela cómo los volátiles asuntos de comercio en los Estados Unidos se han cruzado con el lamentable estado de los derechos laborales en Colombia.

Según cifras de la Escuela Nacional Sindical, el número de sindicalistas colombianos asesinados cada año es mayor que el número total para el resto de los países del mundo en su conjunto. Human Rights Watch informa que más que 2.100 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde 1991 y que 400 de ellos fueron asesinados a partir de 2002. Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, los sindicalistas asesinados en 2006 fueron más que en el 2005.

Lo que resulta especialmente negativo es que el escándalo de la parapolítica se haya entrecruzado con el tema de los derechos laborales: según Rafael García, el ex agente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el servicio de inteligencia colombiano, bajo la dirección de Jorge Noguera nombrado por el actual Gobierno, hacia una listas de líderes sindicales y se la entregaba a los paramilitares para su vigilancia y asesinato.

En colaboración con los sindicatos colombianos, la Fiscalía General está examinando con mayor atención 200 casos de alto perfil de asesinatos de sindicalistas. Por su parte, el Gobierno colombiano está invirtiendo millones de dólares en la protección de estos líderes. Sin embargo, quienes se preocupan en el Congreso norteamericano por los derechos humanos se preguntan por qué el Gobierno colombiano esperó a que el acuerdo de libre comercio estuviera en jaque para tomar medidas agresivas para la violencia contra los sindicalistas.

“La impunidad es algo que no lo tragamos,” sentenció un veterano miembro de la Cámara encargado de asuntos de política exterior, quien en referencia al TLC de Colombia y su estancamiento agregó: “se lo merecen por haber cerrado los ojos durante tanto tiempo ante la impunidad y las matanzas”.

En últimas, el destino del Tratado de Libre Comercio dependerá de la credibilidad en las acciones y medidas del Gobierno para afrontar la violencia contra los sindicalistas. También dependerá del grado de desconcierto que haya en el Congreso de Estados Unidos ante un presidente como Uribe que está siendo “castigado por sus éxitos”, como dijo Jim Kolbe, republicano y ex miembro del Congreso. Sobre los avances en el tema de la seguridad, Kolbe afirmó que “de alguna manera, a la final, los demócratas van a pensar en lo que Hugo Chávez (presidente de Venezuela) está haciendo en la región y así encontrarán cómo votar” a favor del TLC con Colombia.

Así como los demócratas corren riesgos si descuidan su base en el movimiento obrero, así también es riesgoso si en las elecciones presidenciales del próximo año se presentan con anticomercio y antibusiness.

Quienes apoyan el TLC con Colombia pueden sentirse animados ante el hecho de que la presidente de la Cámara, Nancy Pelosi, quien interrogó duramente al presidente Uribe sobre derechos laborales durante su visita a Washington en mayo, votó a favor de NAFTA en 1993 a pensar de que la mayoría de su partido votó en contra.

Cynthia Arnson
Directora, Programa para América Latina,
Woodrow Wilson International Center for Scholars. Pag. 12

Fuente: Hechos del Callejón, una serie periodística del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), auspiciada por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD).