Colombia: Ejercemos el Derecho Ancestral y Constitucional de Aplicar Justicia
Luego del conflicto de Tierras suscitado en el Resguardo de Tacueyó desde el 10 de enero de 2007, el cual se dio a conocer a la opinión publica ( Por nuestra Madre Tierra con Autonomia ), continúan presentándose agresiones y atropellos contra la comunidad promovidas por fuerzas externas las cuales constituyen una estrategia para desestabilizar el equilibrio y la armonía de la comunidad y amenazar el plan de vida.
Es nuestra obligación como Autoridades Tradicionales mandar obedeciendo. Nos corresponde actuar de manera que se respete la verdad y se acaten las decisiones y el Mandato acordado por los más de 4000 comuneras y comuneros que definieron la palabra y el camino en la Asamblea Comunitaria realizada en el Resguardo de Tacueyó el día Martes 20 de Febrero de 2007. Somos de manera conciente y consecuente, pueblos en resistencia con todos los pueblos, por la Libertad para la Madre Tierra.
De antemano reiteramos la posición que hemos hecho explícita en todos nuestros comunicados y con la que somos consecuentes caminando nuestra palabra:
1. La carencia de tierras es un problema real y angustioso para los pueblos indígenas, campesinos y afrocolombianos. Por ello proclamamos nuestro compromiso con la Libertad para la Madre Tierra en Septiembre de 2004 . La responsabilidad por el despojo criminal de tierras es de un régimen que actúa al servicio de los intereses de multinacionales, grandes terratenientes y paramilitares. El Estatuto Rural que se aprobó en el Congreso es evidencia de esta agresión y reclama la unidad de los pueblos para resistir. Con ello las comunidades indígenas y las autoridades estamos comprometidos.
2. Las asambleas y las comunidades somos la máxima autoridad indígena. Las autoridades son legítimas porque responden a la autoridad emanada de las comunidades. Pretender presentar esta verdad de otra manera no tiene sustento en la realidad y responde a intenciones perversas que buscan destruir la legitimidad de nuestra lucha popular. En defensa del derecho de los pueblos a su soberanía, debemos defender la legitimidad de nuestras autoridades.
3. Quienes quiera que estén promoviendo una lucha entre pobres e impulsando a que se ocupen tierras de indígenas recuperadas con dolor y lucha de manos de terratenientes, le están haciendo un favor a la clase terrateniente y al régimen que mira y se ríe mientras sus grandes haciendas y sus leyes de despojo avanzan. Han pretendido actuar a nombre de la Libertad para la Madre Tierra que nosotros proclamamos y asumimos como lucha y a la que los convocamos como hermanas y hermanos. Nosotros somos pueblo, no somos enemigos del pueblo y llamamos a la unidad en resistencia, a la vez que denunciamos a quienes agreden al pueblo a nombre de luchar por sus derechos.
4. En el Norte del Cauca, no hay una \"pelea entre indios\", como se ha pretendido presentar. Hay una pelea contra los indígenas y su derecho a la autonomía y a la tierra. Por eso defendemos el diálogo y la unidad entre los pueblos en resistencia contra el régimen y exigimos como condiciones para el diálogo: la verdad, el respeto, la justicia, la reparación de los daños y la rectificación inmediata de las mentiras que se han hecho públicas con la intención de deslegitimar el proceso indígena que camina la palabra.
Resumen de los hechos ocurridos
Desde el día 10 de enero de 2007 personas vinculadas a una asociación llamada Avelino Ul – integrada por indígenas y filial de las asociaciones campesinas del norte del Cauca– ocuparon la finca El Torné en Tacueyó, reclamando la distribución entre sus miembros argumentando la falta de tierra. La finca estaba bajo la posesión del Cabildo Indígena de esa localidad por mandato y autorización de la asamblea comunitaria, máxima instancia decisoria en nuestros territorios. La finca El Torné es propiedad indígena colectiva de comuneros y comuneras del resguardo de Tacueyó.
A raíz de esta acción el 8 de febrero los cabildos de Tacueyó, Toribío y San Francisco adelantaron una asamblea en Tacueyó con participación de más de tres mil personas en la que decidieron que la finca debía continuar bajo la administración y posesión del Cabildo, por tanto se debía retomar su control por parte de la guardia indígena y la comunidad, acción que se llevó a cabo el día 9 de febrero, con la resistencia violenta de los ocupantes por lo que se presentaron enfrentamientos que llevaron a la detención por parte de la Guardia Indígena de 12 integrantes de la asociación Avelino Ul, que fueron trasladados a las instalaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, en Popayán hasta el día 20 de febrero.
Como represalia frente a estos hechos el día 10 de Febrero fue quemada la buseta amarilla, de propiedad de los 3 cabildos (Toribío, Tacueyó y San Francisco) y de nuestras comunidades, se recibieron amenazas de daños a más bienes e instalaciones del cabildo y que se iba a detener un directivo; en reiteradas ocasiones se vieron personas extrañas rondando la vivienda de los directivos de los Cabildos.
Entre los días 13 al 21 de Febrero las asociaciones campesinas del norte del Cauca taponaron la vía que comunica a Tacueyó y Toribío con Santander, en el sitio El Tierrero, en un acto que llamaron de solidaridad para presionar la liberación de los integrantes de la organización Avelino Ul.
El día 20 de febrero se realizó una gran asamblea con la participación de más de 4000 personas en la que se presentó a las personas detenidas con el fin de realizar un procedimiento jurídico para establecer su responsabilidad en los hechos de la finca El Torné y estudiar salidas para la resolución del conflicto. Durante la Asamblea. Lo definido en la Asamblea de Tacueyó dio origen a unos acuerdos cuyo cumplimiento permitiría la realización de un proceso de diálogo entre la asociación Avelino Ul y las Autoridades Indígenas en representación de nuestras comunidades.
El día siguiente, el día 21 de Febrero, las asociaciones campesinas del norte del Cauca circularon un comunicado a la opinión pública que violó el acuerdo de no hacer comunicados públicos para restablecer la confianza en la palabra y el diálogo directo entre las partes. Nos corresponde aclarar que dicho comunicado irrespeta las decisiones de la Asamblea y viola unilateralmente los acuerdos, entre otras razones porque:
• El Comunicado de las Asociaciones Campesinas no hace mención de la Asamblea Comunitaria de Tacueyó en la que 10 de los 12 comuneros indígenas sindicados de cometer delitos confesaron de manera voluntaria su responsabilidad y culpa ante la plenaria de la Asamblea por los cargos imputados, sino que además pidieron perdón de manera franca y abierta y se comprometieron a reparar los daños causados por sus acciones.
• La Asamblea Comunitaria ordenó en consecuencia que se prosiguiera con el debido proceso de esclarecimiento de los hechos y de investigación jurídica que cursa sobre los hechos que se dieron en el Cxhab Wala Kiwe (Territorio del Gran Pueblo), particularmente en el Resguardo de Tacueyó, en el sitio El Tierrero de la vía a Toribío y en contra de las doce personas que fueron detenidas. El propósito de este proceso jurídico es el de esclarecer los hechos, definir responsabilidades y responsables, establecer la verdad y actuar en justicia y derecho para restablecer la justicia y armonía en el territorio y entre las partes.
• La Asamblea Comunitaria tuvo en cuenta la actitud y las declaraciones de los detenidos y ordenó en consecuencia su \'Libertad Condicional\' mientras avanza el proceso jurídico y mientras estos comuneros proceden según su compromiso a reparar los daños que ellos mismos reconocieron haber causado.
• La Asamblea Comunitaria delegó a las Autoridades Tradicionales para que se reunieran con representantes de las Asociaciones Indígenas y Campesinas que habían establecido el retén en el sitio El Tierrero en la vía Caloto-Toribío e iniciaran un proceso de diálogo y acercamiento una vez se levantara el retén que bloqueaba la vía y mientras avanzara el proceso jurídico. El 21 de Febrero se llevó a cabo esta reunión y una vez que el retén fue levantado, se acordaron las condiciones para iniciar el diálogo el día 24 de Febrero. Se realizaron dos encuentros, en uno de ellos se les pidió claridad sobre el tipo de organización a la que pertenecían y el día 29 de abril la asociación Avelino Ul decidió unilateralmente retirarse argumentando que \"no existían las condiciones de confianza y las garantías para seguir conversando\".
• Entre los días 9 y el 17 de Febrero de 2007 aparecieron una serie de comunicados públicos firmados por: La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, Palmira sin Infamia y la Red de Difusión y Trabajo Popular del Valle del Cauca, el Movimiento Sin Tierra Nietos de Quintín Lame y las Asociaciones pro constitución de las Zonas de Reserva Campesina del Norte del Cauca, municipios de Caloto, Corinto y Miranda. La mayor parte de estos documentos fueron difundidos por la Comisión de Comunicaciones del Proceso de Unidad Popular del Sur-Occidente Colombiano. Todos estos documentos contienen aseveraciones graves y falsas que estas mismas fuentes deben rectificar y desmentir de manera sincera y pública.
• El Comunicado de las Asociaciones Campesinas no sólo presenta los hechos de manera incompleta y manipulada llevando a conclusiones falsas, violando el acuerdo de no difundir más comunicados, sino que además persiste en la difusión pública de inexactitudes y aseveraciones que distorsionan la verdad de los hechos y acuerdos.
Teniendo en cuenta lo anterior concluimos que existe una campaña de propaganda por parte de quienes preparan y difunden los comunicados públicos a que hemos hecho referencia cuya intención evidente es confundir a la opinión pública desinformándola con el propósito de acusarnos, desacreditarnos y sentenciarnos. Las distorsiones que aparecen en estos comunicados incluyen calificaciones, comparaciones y acusaciones desmedidas y falsas contra nuestro proceso, los insultos y el desconocimiento de las Autoridades Tradicionales, de los líderes indígenas y de las Asambleas y la invalidación de nuestros procesos democráticos y de nuestras instituciones.
Estos comunicados además de haber puesto en riesgo la vida y la integridad de las personas afectadas, afectan de manera grave la credibilidad de los comunicados que se ajustan a la verdad cuando denuncian los abusos y las violaciones a los derechos humanos que sí se cometen constantemente en nuestro país y contra nuestros pueblos. En consecuencia, constituyen una irresponsabilidad y una falta grave no solamente contra nuestro proceso sino contra la comunicación como medio para la defensa de la vida, la verdad y de los derechos humanos en Colombia.
La Red de Derechos Humanos Isaías Cifuentes y el Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano, quienes firman y diseminan estos documentos, invalidaron su legitimidad como mediadores de los diálogos. Deben rectificar y desmentir públicamente lo que han aseverado y comprometerse a respetar la verdad y a suspender la campaña de desprestigio y amenaza contra nuestro proceso.
Es indispensable que el lenguaje y la comunicación no sigan siendo utilizados para engañar y mentir. La comunicación debe someterse a la verificación de los hechos. A la retractación pública en Asamblea de los detenidos debe seguir la retractación pública de quienes han hecho la campaña de propaganda en contra nuestra y que no sigan saliendo comunicados que respondan a la agenda de quienes pretenden destruir la lucha y la verdad de nuestros pueblos.
Las agresiones y amenazas no pararon con lo anteriormente narrado. En los últimos días se han presentado hechos que junto con los comunicados públicos y hechos anteriores se conjugan en una única estrategia que tiene agenda y responsables.
• EL 6 de mayo a las 8 de la mañana, cuando la buseta blanca de propiedad del Cabildo de Tacueyó realizaba la ruta de Toribio a Tacueyó en la vereda Loma de Paja, el conductor del vehículo fue sorprendido por dos hombres que le pidieron que se bajara de la buseta y amenazaron con quemarla \"si el Cabildo no resolvía el problema de tierras\".
• El día 23 de mayo nuevamente comuneros de los resguardos de Toribío y Tacueyó en representación de la asociación Avelino Ul, ingresan a la finca El Torné, irrespetando la decisión de la asamblea.
• El día 2 de junio en las horas de la noche, los integrantes de la organización Avelino Ul lazaron dos explosivos (papas bombas) al sitio donde se encontraba la comunidad que se había declarado en asamblea permanente y se habían instalado para evitar la ocupación de la finca con la orientación de no propiciar ningún enfrentamiento.
• El día 6 de junio se recibió un anónimo donde se amenazaba los integrantes de la directiva del cabildo, en el que se hacia referencia al conflicto de tierras.
Sabemos que detrás de estos hechos, que aparentemente se refieren al conflicto histórico de tierras, hay un trasfondo y es la intención clara de desestabilizar la organización indígena, con agenda y con responsables, para los cuales los cabildos indígenas representan un obstáculo por definir una posición de defensa de la vida y la autonomía.
Por estas agresiones los Cabildos, en uso legítimo de la facultad que les asiste como máxima autoridad reconocida constitucionalmente, han procedido a investigar, citar y detener varios comuneros para analizar su responsabilidad en los hechos relatados y proceder a aplicar justicia de acuerdo a la ley de origen, en asamblea comunitaria hoy 14 de junio en Tacueyó.
Perseveramos en el derecho que nos asiste como pueblos ancestrales a defender la autonomía, territorio, identidad, integridad y seguridad frente a cualquier agresión sin importar quienes la causen. Por ello continuaremos en el proceso de esclarecimiento de cualquier hecho que viole los derechos humanos. Nos asiste el derecho de dictar y ejecutar sentencias según nuestros usos y costumbres consagrados en el derecho propio y reconocidos constitucionalmente, para que se haga justicia, una justicia necesaria para que el plan de vida siga construyéndose, en medio de las agresiones pero con la legitimidad que nos otorga nuestra comunidad y nuestra historia.
Cabildos de Toribío, Tacueyó, San Francisco
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN
14 de Junio de 2007