El gobierno boliviano replantea la política de atracción de inversiones que rigió en el país en las últimas dos décadas de liberalismo económico. El 29 de abril, Bolivia anunció su retiro del Consejo Internacional de Arbitraje de Inversiones (CIADI). El 8 de mayo, el embajador para asuntos de Comercio e Integración Pablo Solón anunció que el siguiente paso será revisar y renegociar cada uno de los 24 tratados bilaterales de protección a las inversiones firmados por Bolivia.

En 1965 varios Estados suscribieron el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones entre Estados y Nacionales y otros Estados que crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una instancia no boliviana que ejerce jurisdicción para la resolución de controversias relativas a la inversión. En 12 de agosto de 1994 Bolivia se adhirió al Convenio por Ley Ratificatoria Nº 1593.

Si bien el gobierno oficializó su salida del CIADI en una carta enviada al BM el 2 de mayo, el país sigue atado a él a través de 19 de los 24 acuerdos bilaterales que reconocen a esa instancia arbitral como escenario válido para resolver controversias entre el Estado y los inversionistas.

Con el argumento de atraer inversiones al país, los gobiernos neoliberales de las últimas dos décadas suscribieron varios Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) que incluyen reglas para resolver las controversias entre inversores y Estado que remiten las disputas a una jurisdicción arbitral no nacional de manera obligatoria.

Bolivia firmó TBIs con Alemania (23-03-1987), Argentina (17-03-1994), Bélgica (25-04-1990), Chile (22-09-1994), Corea (1-04-1996), Costa Rica (7-10-2002), Cuba (6-05-1995), Dinamarca (12-03-1995), Ecuador (25-05-1995), España (24-04-1990), Estados Unidos (17-04-1998), Francia (25-10-1989), Italia (30-04-1990), Países Bajos (10-03-1992), Paraguay (3-05-2001), Perú (30-06-1993), Reino Unido (24-05-1988), Rumania (9-10-1995), Suecia (20-09-1990), Suiza (6-10-1987), Uruguay y Venezuela.

En la mayoría de los casos, los artículos 8 o 9 de estos TBI sostienen que toda controversia relativa a las inversiones, en manera de lo posible, será solucionada en consultas amistosas en un plazo de seis meses, pero si eso no sucede se abre la puerta al litigio en el CIADI.

Aunque existe la posibilidad de denunciar los tratados, Solón anunció que se optará por la renegociación y revisión de cada documento de forma gradual y país por país, de modo de conseguir términos más favorables para la Estado.

Razones para salir del CIADI

El gobierno de Evo Morales ha presentado seis razones para abandonar el CIADI e iniciar una campaña internacional contra esta entidad.

En primer lugar, afirman las autoridades bolivianas, el CIADI es un tribunal absolutamente desequilibrado que toma partido siempre por las transnacionales. Los hechos así lo demuestran: De los 232 casos de arbitraje presentados, 230 han sido planteados por transnacionales contra Estados.

Del total de disputas atendidas (concluidas y en proceso) por este tribunal hasta febrero de 2007 (109), en el 74 por ciento de los casos los demandados son países en desarrollo, es decir naciones pobres; en el 19% son países desarrollados y apenas en el 1,4% son las naciones ricas de la Tierra, los países del G8.

El 36% de los casos atendidos por el CIADI terminaron con un fallo favorable al inversionista privado y 34% de los casos fueron resueltos fuera de la corte, pero con compensación para el inversor. En los pocos casos ganados por los Estados, éstos no obtuvieron indemnizaciones.

El segundo argumento de Bolivia es que el CIADI es antidemocrático porque delibera a puertas cerradas y sus decisiones son inapelables. Solo en dos de 110 casos se permitieron audiencias públicas, pese a que la mayoría de las demandas están relacionadas con la explotación de recursos naturales estratégicos y servicios esenciales que son temas de interés público.

En tercer lugar, el CIADI es extremadamente caro para países como Bolivia. Basta recordar que el sostenimiento de un pequeño caso cuesta hasta tres millones de dólares en pago de honorarios de un árbitro, abogados, expertos y viajes. Un abogado en Washington gana 800 dólares por hora.

El cuarto argumento contra el CIADI es que las transnacionales aprovechan el tribunal para arrancar indemnizaciones millonarias a los Estados. Recuérdese que Aguas del Tunari-Bechtel demandó a Bolivia por una suma de entre 25 y 100 millones de dólares aunque no invirtió ni medio millón en el país.

Lo que ocurre es que el CIADI permite a los inversionistas reclamar compensaciones no sólo por la expropiación física de sus inversiones sino también por las ganancias que esperaba recibir en el futuro, lo que en la jerga del tribunal se denomina “lucro cesante”.

La quinta razón para denunciar internacionalmente a este tribunal es que el Banco Mundial funge como juez y parte en los proceso del CIADI. Pablo Solón explica que el BM cobija a entidades en su seno: de crédito (BIRF y AIF), oficinas de garantía para los inversionistas extranjeros (OMGI), de financiamiento a la inversión extranjera (CIF) y de arbitraje (CIADI).

En los años 80 y 90 del siglo pasado el BM destacó por chantajear a los Estados ofreciendo créditos a cambio de privatizar servicios. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el servicio de agua potable en La Paz y El Alto que fue consesionado a la empresa Aguas del Illimani. Lo curioso de todo esto fue que el BM se metió al negocio y llegó a ser socio de AISA (8% de las acciones) a través del CIF.

Solón comenta que si la demanda de AISA contra el Estado en el CIADI prosperaba el BM hubiera actuado como juez y parte. No hay que olvidar que el panel de arbitraje está conformado por tres árbitros: uno nombrado por la transnacional, otro por el Estado y un tercero por el presidente del Banco Mundial.

La sexta razón para abandonar y denunciar al CIADI es que la ratificación de este tribunal viola abiertamente la Constitución Política del Estado. No hay donde perderse: el artículo 135 establece que: “Todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República”, pero el CIADI no está sometido a la soberanía ni es una autoridad de la república. Además, el artículo 24 señala que “Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas”. El CIADI es un tribunal excepcional y especial para las empresas extranjeras ya que los inversionistas nacionales no pueden recurrir a esta instancia.

Presión interna y externa

Solón indica que el gobierno comienza a “arreglar la casa” no para eludir sus obligaciones actuales, pues Bolivia quedará efectivamente libre del CIADI recién en seis meses, es decir el 2 de noviembre de 2007.

Esto supone que el país sigue expuesto y en riesgo de ser enjuiciado. Actualmente, el CIADI analiza dos demandas contra Bolivia: una de la telefónica italiana Euro Telecom Internacional (ETI), presentada el 30 de abril que se encuentra en etapa de conciliación, y otra de Quiborax de Chile, registrada en 2005 en la que ya se conformó el tribunal arbitral. Además, el Estado ha sido amenazado de juicio por la petrolera Petrobrás que negocia la venta de las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder.

El plan del gobierno a futuro es precisar cada vez mejor los contratos con empresas extranjeras, renegociar los TBIs y desplegar una campaña internacional para acabar con el CIADI, un organismo que en criterio de Solón es “insostenible para cualquier país del mundo”. La alternativa es crear instancias imparciales, equilibradas, accesibles y ewnmarcadas en la Constitución y las leyes.

No todos piensan como éste y otros funcionarios de gobierno que fueron artífices de la última jugada internacional de Evo Morales. Varios empresarios criticaron la decisión porque “ahuyentará las inversiones”, en tanto que el el vocero de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) Yussef Akl declaró al diario La Prensa que los tratados bilaterales “agregan valor” y hacen atractivo al país a los ojos de los inversionistas.

Hasta el momento, el diario conservador La Razón ha desplegado el ataque más furibundo contra la decisión del gobierno. En su editorial de este miércoles, el matutino paceño afirma que el CIADI es “pacificador” y no “incitador de pugnas que deriven en juicios”; es una “garantía para promover las buenas relaciones entre los Estados y los inversionistas”. La Razón va más allá al afirmar que el Banco Mundial es un “singular amigo y no un antagonista de Bolivia” porque “siempre estuvo dispuesto a concederle préstamos para su desarrollo”. Retirarse del CIADI, continúa La Razón, parece haber sido una equivocación producto de “prejuicios políticos” y de la “iracundia ideologizada”, pues esta instancia bien podían haber fallado a favor de Bolivia si se comprobaban irregularidades e incumplimiento de compromisos de inversión.

La editorial generó muchos comentarios. No pocos comentan que tal vez la más grave tragedia boliviana es la profunda ignorancia de su élite.