Ganancias monópolicas

La farmacéutica es, con ventaja, la más rentable industria en Estados Unidos, cualquiera sea el indicador con base en el cual se evalúe esa rentabilidad. Ello es posible gracias al monopolio que le concede el sistema de patentes, el cual impide o dificulta la competencia de medicinas baratas. Contradictoriamente, está bien demostrada su paupérrima capacidad innovadora. Son escasos los nuevos fármacos que desarrolla y limitado el avance que éstos aportan. En cambio, son colosales sus gastos en publicidad (US$ 100 mil millones en 2004), como inmenso el aparato de lobby político por cuyo medio influye en el Congreso y el Ejecutivo estadounidense: unos tres mil bien pagados cabildeadores y unos US $116 millones gastados solo en 2003.

Que se mueran

En 1997 Sudáfrica aprobó la Ley sobre Medicinas (Medicines Act) con el fin de promover la producción de fármacos más baratos. Se intentaba así enfrentar la grave epidemia de VIH-Sida. Baste decir que a inicios de los años dos mil, alrededor de 4,5 millones de personas sudafricanas estaban infectadas. Tras la aprobación de esa ley, se agudizaron las presiones por parte del Representante Comercial del Gobierno de Bill Clinton, en cercana y visible coalición con las grandes corporaciones farmacéuticas. Una fuerte movilización ciudadana, escenificada tanto en Estados Unidos como en Sudáfrica, obligó a que, hacia 1999, el gobierno estadounidense tuviera que desistir de tales acciones. Otros datos demuestran que este feo comportamiento no era fruto de la casualidad ya que con antelación la administración Clinton venía presionando para que Sudáfrica renunciara a aplicar algunas limitadas flexibilidades (importaciones paralelas y licencias obligatorias) que concede el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual de la OMC (el ADPIC).

No obstante la dramática situación del VIH-Sida en África y el cambio de posición de la administración estadounidense, 39 de las más grandes corporaciones farmacéuticas presentaron, el 5 de marzo del 2001, una demanda contra Sudáfrica. De nuevo, fue la presión ciudadana a nivel mundial la que obligó a que fuese retirada.

Brasil en la mira

El caso del Brasil, en su esfuerzo por producir medicinas genéricas baratas, es sorprendentemente similar. En 2001 se intensificaron las presiones provenientes tanto de las grandes farmacéuticas estadounidenses como de la administración Bush. Las primeras planteaban reiteradas amenazas de posibles demandas. La segunda interpuso un caso contra Brasil, en los marcos de la OMC. Esto último resulta más notable a la luz de los acontecimientos generados alrededor del caso sudafricano, ya que la presión contra Brasil es posterior al cambio de posición que en 1999 tuvo que adoptar la administración Clinton. Es sabido, sin embargo, que Bush es especialmente beligerante a la hora de defender los intereses de las angurrientas corporaciones farmacéuticas. Por lo demás, y como sabemos, aún hoy Brasil continúa en un pulso interminable con los poderes corporativos que, incansables, continúan su asedio sobre el derecho de la gente a contar con medicinas baratas.

¿Y a quién le importa la vida de los guatemaltecos?

En el transcurso de un período de menos de cuatro años -entre noviembre de 2002 y mayo de 2006- la ley guatemalteca sobre patentes fue modificada cinco veces en relación con aquellas estipulaciones que expresamente afectan la disponibilidad de medicinas genéricas. Una y otra vez, el Congreso guatemalteco se debatió entre el intento por introducir normativas que facilitaran la producción de fármacos baratos y las presiones brutales –ejercidas incluso por el embajador estadounidense en abierta complicidad con las farmacéuticas- para echar abajo esas leyes y restablecer condiciones jurídicas que garantizaran los intereses monopólicos corporativos. A fin de cuentas predominaron éstos últimos por sobre la salud del pueblo guatemalteco y su derecho a la vida. Y, por si alguien lo ignora, la situación quedó debidamente consolidada con la aprobación del TLC con Estados Unidos.

Y podríamos seguir

En relación, por ejemplo, con la variedad de triquiñuelas por medio de las cuales los países ricos –no solo Estados Unidos- han intentado burlar la Declaración de Doha, a fin de dificultar su aplicación, con el objetivo obvio de favorecer a las farmacéuticas al costo de restringir –quizá impedir– que los países pobres dispongan de medicamentos baratos.

Monseñor Trejos sí lleva razón

El TLC no es distinto. También privilegia el comercio a la vida como ha dicho el valeroso obispo. El TLC es hijo bastardo del concubinato escandaloso entre los poderes político-militares y los económico-corporativos que dominan el mundo actual, y de los cuales ha sido sumiso representante el \"equipo negociador\" del TLC. Opciones anti-vida pululan a lo largo de los 22 capítulos del TLC. Incluso en relación con medicamentos. También en el debilitamiento de la legislación ambiental y laboral. En los privilegios jurídicos de excepción que se conceden a los inversores extranjeros. En la abierta comercialización del agua, de la educación y la salud. En la renuncia a la seguridad alimentaria o el desmantelamiento del modelo solidario del ICE.

También en el detalle particular que Monseñor sacó a relucir. Se trata del artículo 9.14 del Tratado, el cual enumera posibles excepciones a las obligaciones en materia de contratación pública, es decir, en relación con la compra de bienes y servicios por parte de las instituciones del Estado. Son excepciones aplicables, entre otros, en relación con la moral, la seguridad, el medioambiente o la vida y salud humana, animal o vegetal. Pero tales excepciones son aceptables tan solo si no constituyen una \"acción discriminatoria\" o una \"restricción encubierta\" al comercio. Esto es simplemente aberrante. Preguntémonos: si se trata de proteger la salud o la vida, ¿Vale tan solo pensar que una medida que se adopte con tales fines puedan ser impugnadas por considerarla \"restrictiva\" o \"discriminatoria\" desde el punto de vista comercial? Esto es simplemente criminal: el comercio subordina a la vida en vez de ser la vida la que sirva de rasero ético y criterio de discernimiento en relación con el comercio.