Celebramos la realización de un referendo sobre este controvertido tratado, porque consideramos que es una oportunidad para fortalecer la democracia. Sin embargo, nos preocupa que si no se utiliza este nuevo mecanismo de forma transparente e igualitaria, podría más bien debilitar aún más, la credibilidad de la ciudadanía en los procesos electorales y en la democracia misma.

No olvidamos que en las pasadas elecciones el TSE demostró no ser un ente controlador y administrador imparcial de comicios nacionales. Con estos antecedentes en mano, y para evitar el mal uso del referendo por parte de quienes ya han demostrado no tener ningún respeto por la institucionalidad democrática, queremos unir nuestras voces a las de miles de ciudadanos y ciudadanas, manifestando nuestras preocupaciones, propuestas y opiniones sobre el referendo de la siguiente manera:

1. Apoyamos la primera solicitud de referendo, presentada por el ciudadano Corrales, por haber sido realizada primera en el tiempo y por contener más elementos democráticos que la solicitud posterior de referendo, hecha a la carrera, de manera reactiva y oportunista, por el ejecutivo y aprobado ya por la Asamblea Legislativa. Estamos convencidas de que el TSE debe borrar la deficiente imagen que dejó en las elecciones pasadas, demostrando su imparcialidad y completando el proceso del referendo que aceptó en primera instancia.

2. Aunque represente más trabajo para nosotras, queremos la oportunidad de contar con un proceso de recolección de firmas, para exponer a la ciudadanía, y en especial a las mujeres, las razones que tenemos para oponernos al TLC y a cualquier otra ley que tienda a la liberalización del comercio, que es uno de los principales objetivos de este y cualquier otro TLC. A estas alturas de intensificación de la globalización neoliberal, hay suficientes pruebas que demuestran que el llamado \"libre comercio\" siempre tiene efectos nefastos en el medio ambiente y en las mujeres.

3. Entendemos este referendo como el ejercicio por parte de la ciudadanía, de su potestad de aprobar o improbar un tratado internacional, potestad que en nuestro tipo de democracia el pueblo delega en los y las diputadas de la Asamblea Legislativa. Esto quiere decir que la decisión de aprobar o improbar un tratado internacional, siempre está en el pueblo, pero que por razones prácticas éste delega en sus representantes. Con este referendo, el pueblo anula esa delegación para el caso específico de aprobar o improbar el TLC y lo que él significa para el modelo de sociedad que queremos las y los costarricenses y decide ejercer su potestad directamente, debido a que la mayoría de sus delegados en la Asamblea Legislativa han olvidado que su voto no debe representar intereses propios, ni los de su partido o su presidente, sino los del pueblo.

4. Como pueblo convertido en Asamblea Legislativa, con el poder de aprobar o improbar un tratado y el modelo de sociedad que él demanda, exigimos que se cumpla con el artículo 96 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que dispone que la consulta de los proyectos \"tendientes a la aprobación de convenios y tratados internacionales, inclusive las reservas hechas o propuestas a unos u otros\" es de carácter obligatorio. Sabemos que la Ley de Referéndum omite regular la forma de consultar a la Sala, pero de ninguna manera elimina un requisito con sustento constitucional, por lo que creemos que el TSE debe hacer dicha consulta. Así como para que la Asamblea Legislativa pueda aprobar o rechazar el TLC es indispensable la previa opinión de la Sala IV, es igualmente indispensable esa opinión previa cuando quien va a aprobar o rechazar un tratado de manera directa, es la ciudadanía.

5. Apoyamos la solicitud hecha por el Diputado Merino del Frente Amplio y muchas otras personas, en cuanto al retiro de las leyes de implementación o suspensión de su votación mientras se realiza el referéndum y exigimos un proceso transparente e igualitario, que minimice la posibilidad de fraude, con observadores internacionales y con garantías de acceso a medios de comunicación y garantías en cuanto a control del financiamiento.

6. En cuanto al control del financiamiento, proponemos que se cree un mecanismo específico para monitorear cotidianamente los gastos en que incurran tanto quienes apoyan como quienes nos oponemos al TLC y que todas las contribuciones hechas por personas individuales o jurídicas sean públicas.

7. Solicitamos al TSE que cree alguna medida para corregir la asimetría económica y de acceso a los medios de comunicación entre quienes apoyan al TLC y quienes nos oponemos, a fin de que durante todo el proceso se mantenga la mayor transparencia, la igualdad y no discriminación, la justicia y proporcionalidad requeridas para que cada mujer y cada hombre voten con base en una decisión informada, razonada, libre y consciente.

8. Preocupadas por la imposibilidad de que el TSE pueda cumplir con el artículo 18 de la Ley de Regulación del Referéndum, que exige que la comunicación al referéndum del TSE deberá contener el proyecto o los proyectos sometidos a referéndum, así como la exigencia de que el Tribunal ubique los textos en lugares visibles, en las municipalidades y las instituciones públicas que considere oportuno y necesario, exigimos que al menos se mantenga el espíritu de este artículo, que va en el sentido de que las y los votantes conozcan el contenido de la ley que van a votar, buscando la forma de que la población conozca todo el contenido del tratado.

9. Debido a la imposibilidad de que la población pueda leer el texto completo del tratado y, conscientes de que en una democracia todas las personas tenemos derecho a exponer nuestras opiniones sobre la bondad o no del tratado, y que estas opiniones pueden o no ser ciertas o correctas, proponemos que se cree algún mecanismo, como una especie de Comisión de la Verdad, que vele porque la información con respecto al contenido y articulado del tratado no sea tergiversado, en el entendido de que ambos bandos mantendrán la posibilidad de divulgar juicios y opiniones sobre los mismos. Para ello proponemos que este mecanismo tenga la potestad de controlar la veracidad de las afirmaciones con respecto al contenido y articulado del tratado que desarrollen ambos bandos, y que si alguno miente sobre ello, este mecanismo tenga potestad para obligar a quien miente, a dar la suma de dinero necesaria al bando contrario para que desmienta lo afirmado.

10. Convencidas de que el consentimiento informado debería ser un requisito para la aprobación de un tratado que afectará nuestros recursos naturales para siempre y cambiará drásticamente nuestra institucionalidad y forma de vida, consideramos que son quienes apoyan la aprobación de este tratado quienes deben sufragar los gastos de informar a toda la ciudadanía del verdadero contenido del tratado, en forma comprensible para toda la población; y que sea el mecanismo creado para controlar la veracidad de las comunicaciones quien decida si lo comunicado se apega al contenido del tratado .