Posición política de la Comisión Nacional de Enlace sobre el Referéndum

la Comisión Nacional de Enlace sobre el Referéndum considerando que:

La Cumbre Social celebrada el 14 de abril de 2005, en el Teatro Melico Salazar, convocada por la Comisión Nacional de Enlace, marcó sin dudas un hito histórico en nuestro país. Además de otros importantes documentos políticos contrarios al Tratado de Libre Comercio (TLC), se aprobó la moción que condenaba el temerario y delictivo Golpe de Estado –así calificado por el expresidente Monge en el año 2003- dado por la Sala Constitucional del Poder Judicial, cuando había modificado por su cuenta la Constitución Política para así permitir la reelección de Oscar Arias Sánchez.

En el comunicado titulado “La violencia engendra violencia” en abril del 2005, el expresidente Monge reitera que en Costa Rica se había producido un vandálico acto de violencia contra la Constitución Política (bazucazo judicial), sin precedentes en sus 54 años de vigencia, cuando la Sala IV, en devastador acto de violencia, reformó el artículo 135, que prohíbe la reelección presidencial.

Existe una similitud entre ese proceso de reelección espuria, montada desde la Sala Constitucional -que le permitió llegar a la Presidencia de la República a Oscar Arias-, y el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio, realizado a puertas cerradas por un grupo de negociadores pagados por los EEUU, jefeados por Anabelle González y Alberto Trejos, porque involucraron temas en ese Tratado que no eran estrictamente comerciales y que implicaban reformas constitucionales. Estos funcionarios, contraviniendo el principio de legalidad, no tenían potestades ni atribuciones que les permitieran negociar temas sensibles en forma inconsulta, como los de telecomunicaciones y seguros, entre otros, por lo que sus actuaciones sólo pueden calificarse de traición a la Patria.

El Gobierno, ante una inminente derrota política y el evidente estancamiento del TLC en la Asamblea Legislativa, usurpa una iniciativa impulsada por un grupo de ciudadanos y oportunistamente la utiliza para convocar a un Referéndum por decreto ejecutivo que defina el destino del Tratado de Libre Comercio, pero garantizándose el trámite de los proyectos de implementación que pretenden la privatización del Instituto Nacional de Seguros

(INS), la apertura de las telecomunicaciones, el desmantelamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) (mal llamado Fortalecimiento) y promueve todo un cambio en cuanto a los derechos de los agricultores y de los pueblos indígenas sobre su conocimiento tradicional y protección de semillas con el convenio UPOV-91, rechazado en dos legislaturas anteriores.

La polarización social que vive el país es producto de las políticas neoliberales impuestas desde hace dos décadas por la estructura de clase bipartidista y la ambición sin límite de la oligarquía nacional vinculada a los intereses transnacionales (ver: Posición de la Comisión Nacional de Enlace sobre Referéndum, septiembre 2006).

Existen posiciones muy sólidas en cuanto a la inconstitucionalidad de ese Tratado demostradas desde hace meses por académicos y más recientemente en un estudio realizado por un grupo de juristas y académicos de la Universidad de Costa Rica, como por ejemplo, las que se señalan referentes a la imposición del arbitraje forzoso extraterritorial y las excesivas prerrogativas otorgadas a las transnacionales (controversia inversionista-Estado).

POR TANTO, LA COMISIÓN NACIONAL DE ENLACE MANIFIESTA QUE:

Evidentemente estamos frente a hechos históricos muy delicados donde la oligarquía neoliberal entreguista jefeada por el cártel de los Arias quiere los jugosos negocios que se derivan del ICE, del INS y de la entrega de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Después de negarse sistemáticamente, ahora sí están de acuerdo con un Referéndum lo cual demuestra irrefutablemente que ya estaban derrotados en la práctica por el movimiento popular. Sin embargo, consistente con sus intereses, quieren mantener los proyectos que a ellos les interesa (agenda de implementación del TLC) que privatizan el ICE, el INS, etc. La maniobra está clara: ¡quieren un TLC sin TLC! De manera que, una exigencia inmediata es que se retiren esos proyectos de la agenda legislativa como un paso previo a cualquier tipo de consulta ciudadana.

No se puede someter a Referéndum ninguna ley, en este caso el TLC, si no se ejerce de previo el control constitucional. En esto abunda el Informe de la Comisión Jurídica de la UCR que analiza los roces constitucionales del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (ver documento del 12 de abril de 2007, donde se demuestran las inconstitucionalidades del TLC).

Es inaceptable que sean los sectores económicos neoliberales y los partidos políticos aliados (PLN, USC, ML) que han venido impulsando desde décadas atrás la privatización de las instituciones estratégicas y ahora el Tratado, los que hoy, apoyados por la Embajada de Estados Unidos, se presenten como los abanderados de un proceso de consulta popular. La única explicación es que vean en el Referédum una posibilidad de maniobra para obtener resultados ventajosos para ellos.

Tenemos serias reservas sobre la transparencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Elecciones y de las garantías de participación y control que puedan implementar y ejercer en una consulta ciudadana sin precedentes en la historia política del país y que, por su naturaleza, es de enorme complejidad y trascendencia.

La Comisión Nacional de Enlace hace un llamado a todo el movimiento social para no dejarse llevar por falsas expectativas. Indistintamente de cualquier consulta que se realice, no se debe bajar la guardia ni desmontar la resistencia y la organización popular en todas las regiones del país; no es un Tratado lo que está en juego, es el modelo de Estado Costarricense y la existencia como Nación soberana. Reiteramos que cualquier tipo de consulta pasa por el retiro efectivo e inmediato de la agenda de proyectos que privatizan las telecomunicaciones, el INS y hasta la misma vida con el convenio UPOV-91. Si eso no es así la movilización popular se encargará de ello y que cada cual asuma las responsabilidades históricas que tenga que asumir.

Nos advierte el expresidente Luís Alberto Monge en su reciente carta del 11 de abril de que “Ante el Referéndum, Dios nos agarre confesados”. Que se confiese también la camarilla neoliberal apátrida y entreguista, porque si se atreve a enviar a Referéndum el TLC, sin retirar los proyectos de la agenda de implementación y sin garantizar la constitucionalidad del mismo, será este movimiento social, el que no permitirá que quede impune tal proceder como sí quedó el Golpe de Estado corrupto y vandálico de la Sala IV que permitió la reelección presidencial de Oscar Arias, burlando la Constitución Política.

COMISIÓN NACIONAL DE ENLACE

Comisión Prensa Internacional
CNL contra el TLC
Costa Rica