Todo funcionario público está sujeto al cuestionamiento de su conducta, por acción u omisión, por parte de cualquier habitante. El deber constante de la rendición de cuentas es una responsabilidad ineludible y que trasciende la forma de nombramiento –elección popular o institucional.

Aquellos que adoptamos y cumplimos este compromiso hemos logrado satisfactoriamente un canal de comunicación directa con la ciudadanía, dando la cara, cumpliendo con los deberes de nuestro destino, sin adoptar precisamente actitudes pusilánimes o recurriendo a terceros para solapar intenciones distintas al cumplimiento estricto de nuestras funciones conforme a la justicia, la moral, la ética y la legalidad.

Dentro de esto, la Defensoría de los Habitantes lucha incansablemente por garantizar el acceso a la información, de suma importancia por varias razones: 1) se habla con la verdad, se informa fehacientemente de los hechos y se elimina la odiosa utilización del engaño para manipular al pueblo; 2) expone a quienes equivocadamente utilizan artilugios desestabilizadores de la institucionalidad por ir contra sus intereses; y 3) contribuye al fortalecimiento democrático de nuestro país.

Imprescindible fundamento. Toda afirmación crítica exige un fundamento, y este no es posible si no se cuenta con los elementos esenciales. Por ello, debemos referirnos al comentario que el 26 de marzo recién pasado suscribió en este diario el exdiputado Víctor Brenes, a propósito de una solicitud que recibimos de la Coordinadora Herediana Omar Dengo, con el fin de acompañar una caminata el día 15 anterior, desde el Palacio de los Deportes hasta la casa del diputado Fernando Sánchez, para manifestar la necesidad de abrir espacios de diálogo y velar por el cumplimiento de la ética en la función pública.

Cuando un habitante o una institución requieren la intervención de la Defensoría de los Habitantes, se procede a analizar la procedencia conforme a nuestras competencias y se determina la actuación. No es de extrañar ver en nuestro quehacer cómo el ministro de Seguridad solicitó a la Defensoría inspeccionar los cuerpos policiales el día de la marcha pasada para corroborar que iban desarmados; al sector salud en la adopción de nuevas medidas en la materia o en la corroboración de la efectiva prestación del servicio; a grupos de la sociedad civil o diputados para coadyuvar en un proyecto de ley; como observadores en determinadas actividades, con el fin precisamente de velar, en este último caso, indistintamente de que se trate de una manifestación a favor o en contra de intereses gubernamentales, del respeto a la libertad de expresión, pública y pacífica dentro de un marco de civismo.

Respeto a los derechos. Este enlace con las autoridades se realiza cada vez que tenemos conocimiento de alguna manifestación pública o de una huelga, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios públicos, así como de evitar que se generen disturbios, instando a adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de todas las personas, sean estas manifestantes o no.

Ese fue el marco de intervención de la Defensoría de los Habitantes y no aquella con la que, lamentablemente, mediante apreciaciones agresivas, imprecisas, desinformadas y carentes de fundamento, se pretende desacreditar nuestra labor, intentando enmarcarlas en una posición determinada frente al TLC, actualmente en la Asamblea Legislativa, incurriendo de esta manera en la acusada obstrucción de la discusión nacional sobre ese proyecto de ley, demostrando un absoluto y total desconocimiento del informe que nos solicitó oportunamente la Comisión Legislativa de Asuntos y Relaciones Internacionales o de las actas donde consta nuestra posición de defensa de los principios irrenunciables de solidaridad, universalidad, equidad, servicio al costo, soberanía, entre otros.

Invito a toda persona interesada a analizar seriamente las actuaciones con base en los documentos existentes y juzgar como corresponde.

* Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes