Creada el 23 de marzo de 2005, por acuerdo de los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México, en Waco, Texas, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) constituye una grave amenaza para la soberanía nacional, y en los hechos constituye un proceso no formalizado hacia un nuevo tratado internacional al margen del Poder Legislativo. En ambos sentidos, la ASPAN violenta el orden constitucional.

Bajo el formato de la ASPAN y a través de grupos de trabajo comandados por los secretarios de Gobernación, Economía y Relaciones Exteriores y sus equivalentes de Canadá y Estados Unidos, así como representantes de corporativos privados de los tres países, han venido avanzando en diversas regulaciones, que posteriormente asumen la forma de políticas públicas, lesionando la soberanía de Canadá y México y en exclusivo beneficio de Estados Unidos y, por supuesto, de los corporativos privados, sin importar su nacionalidad.

Los contenidos de los temas abordados desde marzo de 2005 y que alcanzará su clímax en la reunión programada para agosto de 2007, con la participación de George W. Bush, Stephen Harper y Felipe Calderón, es amplísima y se mantiene en secreto, pero para taparle el ojo al macho, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su página de Internet, publica algunos documentos que buscan generar la imagen de una amistosa cooperación entre los tres países. Sin embargo, en Estados Unidos, bajo el amparo de la Ley de Libertad de Información, en noviembre de 2006 la organización civil Judicial Watch, Inc., logró obtener algunos de estos documentos confidenciales de la reunión realizada en la provincia de Alberta, Canadá, del 12 al 14 de septiembre de 2006, que dan cuenta del avance en la integración subordinada a la hegemonía de Estados Unidos, bajo el diseño de la ASPAN.

De acuerdo con este diseño, en febrero de 2007 el Consejo de la Competitividad en América del Norte (CCAN), creado en marzo de 2006 por los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México e integrado por representantes de alto rango del sector privado de los tres países, formuló un total de 51 recomendaciones dirigidas al apuntalamiento de la competitividad en América del Norte, entre las que destacan las siguientes en el tema energético:

1. La distribución energética transfronteriza. En este apartado el CCAN recomienda: a) \"Fortalecer la colaboración trilateral en cuestiones de distribución energética fronteriza\", y b) \"Permitir que corporaciones mexicanas (incluyendo a la Comisión Federal de Electricidad –CFE-) celebren contratos a largo plazo para la compra de energía eléctrica a productores estadunidenses. Estimamos que este proceso requeriría unos tres años: el primero para obtener las autorizaciones gubernamentales y normativas necesarias; el segundo para negociar contratos en el sector privado, y el tercero para construir la infraestructura necesaria.\"

2. Asegurado ya el abasto indiscriminado de petróleo al consumo voraz de la economía de Estados Unidos, el CCAN recomienda: a) \"Liberalizar el comercio, almacenaje y distribución de productos refinados. Esta recomendación incluiría la construcción, posesión y operación de oleoductos. Las ramificaciones a nivel detallista representarían un salto adelante incorporando la presión y la disciplina del mercado a las operaciones de distribución de Petróleos Mexicanos (PEMEX)\"; b) \"Separar las actividades de gas no asociado de PEMEX para constituir una entidad estatal por separado, llamada \'Gasmex\'. Esta iniciativa intermedia es consistente con el objetivo a más largo plazo de liberalizar el sector mexicano de hidrocarburos.\"

El CCAN, en cuyas filas destacan el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Confederación de Cámaras Industriales, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y sus pares de Canadá y Estados Unidos, concluye sus recomendaciones con una reveladora afirmación: \"confiamos en que conforme se realicen las ganancias por iniciativas intermedias, la lógica de un mercado integrado determinará el ritmo para una reforma fundamental, en lugar de seguir esperando que suceda lo contrario. En este sentido, mientras más conexión haya entre las operaciones cotidianas y un mercado más sólido y eficiente, más evidentes serán los beneficios que aporta un mercado integrado, así como las ineficiencias que surgen de las políticas actuales en México.\"

Por supuesto que Felipe Calderón podrá continuar con su demagogia de que no privatizará PEMEX, CFE y Luz y Fuerza del Centro (LFC), buscando distraer y engañar a la opinión pública, mientras la ASPAN, al margen del Poder Legislativo, avanza hacia la constitución de un Estado supranacional, bajo la hegemonía de Estados Unidos, y por supuesto violando la Constitución. ¿Lo permitiremos?

__________________ * José Antonio Almazán González es integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); impulsor del DiálogoNacional por un Proyecto Alternativo de Nación con Democracia, Libertad y Justicia; actual Diputado Federal y miembro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Articulo publicado originalmente en el Periódico La Jornada el 22 de marzo de 2007.

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