Resumen

El sigiloso avance de los tratados de comercio e inversiones entre países ricos y pobres amenaza con negar a los países en desarrollo una posición favorable en la economía mundial.

Los países ricos, liderados por EEUU y la UE, están poniendo un empeño sin precedentes en lograr tratados de libre comercio regionales y bilaterales. Esto está ocurriendo lejos de la fanfarria de las cumbres mundiales y de la prensa internacional. Unos 25 países en desarrollo han firmado ya tratados de libre comercio con países desarrollados, y más de 100 están embarcados en negociaciones. Cada semana se firman como media dos acuerdos bilaterales de inversiones. Prácticamente ningún país, por pobre que sea, se ha quedado fuera.

Los países ricos están utilizando estos ‘tratados de libre comercio’ (TLC) y acuerdos sobre inversiones bilaterales y regionales para lograr concesiones que no son capaces de conseguir en la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde los países en desarrollo pueden unirse y negociar unas reglas más favorables. EEUU llama a este enfoque ‘liberalización competitiva’ y la UE expresa su intención de utilizar los acuerdos bilaterales como ‘los peldaños hacia futuros acuerdos multilaterales’.

La UE sostiene que esta nueva generación de tratados bilaterales y regionales es vital para que los países en desarrollo de África, Caribe y el Pacífico mantengan su acceso a los mercados europeos de una manera compatible con las normas de la OMC. También ha reiterado a los países pobres que no tiene intereses comerciales ‘ocultos’ en las negociaciones y que habrá periodos de transición amplios para la aplicación de los acuerdos. Sin embargo, el alcance de las propuestas y la agresividad de los planteamientos parecen contradecir estas declaraciones.

El avance inexorable de estos tratados sobre comercio e inversiones, negociados en gran medida a puerta cerrada, amenaza con socavar la promesa de que el comercio y la globalización servirían como motores para reducir la pobreza. En un mundo cada vez más globalizado, estos acuerdos buscan beneficiar a los exportadores y a las empresas de los países ricos a expensas de agricultores y trabajadores pobres, con graves consecuencias para el medio ambiente y el desarrollo.

Lo peor de los acuerdos es que privan a los países en desarrollo de su capacidad de dirigir la economía nacional y proteger a sus ciudadanos más pobres. Al ir más allá de las disposiciones negociadas a nivel multilateral, imponen reglas de mayor alcance y difícil marcha atrás que desmantelan de manera sistemática las políticas nacionales de promoción del desarrollo.

EEUU y la UE están imponiendo reglas sobre propiedad intelectual que reducen el acceso de las personas pobres a medicinas que les salvarían la vida, aumentan los precios de las semillas y de otros insumos agrícolas poniéndolos fuera del alcance de los pequeños productores, y dificultan el acceso de las empresas de los países en desarrollo a las nuevas tecnologías. El tratado de comercio propuesto entre EEUU y Colombia, por ejemplo, aumentaría el coste de las medicinas en 919 millones de dólares para el año 2020, cantidad suficiente para prestar atención sanitaria a 5,2 millones de personas en el sistema de salud público. Con el Tratado de Libre Comercio entre EEUU, República Dominicana y América Central (DR-CAFTA en inglés) se espera que los precios de los productos agroquímicos se disparen.

Las reglas sobre liberalización de servicios contenidas en los TLC amenazan con dejar fuera de juego a las empresas locales, reducir la competitividad y aumentar el poder de monopolio de las grandes compañías. Cuando México, por ejemplo, liberalizó en 1993 los servicios financieros con antelación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en siete años el 85% del sistema bancario quedó en manos extranjeras, y los préstamos a las empresas mexicanas cayeron del 10% del Producto Interior Bruto (PIB) al 0,3%, dejando así a las personas pobres de las zonas rurales sin fuentes de crédito esenciales.

Estas nuevas reglas suponen también una posible amenaza para el acceso de las personas pobres a los servicios esenciales. En algunos TLC con EEUU, los países en desarrollo se comprometen a permitir la entrada en los servicios públicos de inversores extranjeros si abren el sector a las empresas privadas nacionales. La filtración de una versión de las directrices de la UE para la negociación de los TLC con la ASEAN, India, América Central, los países andinos y Corea del Sur permite ver la intención de la UE de introducir disposiciones similares para el agua y otros servicios públicos.

Las nuevas reglas sobre inversiones contenidas en muchos de estos tratados impiden a los gobiernos de los países en desarrollo exigir a las empresas extranjeras la transferencia de tecnología, la formación de trabajadores locales o la adquisición local de insumos de producción. Con estas condiciones, las inversiones extranjeras no establecen vínculos en el país, no generan empleo de calidad, y no mejoran tampoco los salarios; sirviendo en cambio para agravar las desigualdades.

Los capítulos sobre inversiones de los TLC y de los acuerdos bilaterales sobre inversiones abren la puerta a posibles demandas de compensación por parte de los inversores extranjeros en caso de que se promulguen nuevas leyes que se consideren perjudiciales para los intereses del inversor, incluso si han sido promulgadas en el interés público. Se calcula que las actuales demandas contra Argentina por las medidas de emergencia adoptadas durante la crisis financiera de 2001/2002 ascienden a 18 mil millones de dólares.

Los tratados de libre comercio a menudo imponen una liberalización arancelaria acelerada, poniendo en peligro el medio de vida de los pequeños productores e impidiendo a los gobiernos el uso de políticas arancelarias para promover la producción. Por ejemplo, mediante los Acuerdos de Asociación Económica la Unión Europea pretende obligar a los países más pobres del mundo a eliminar gran parte de sus aranceles. Los TLC no abordan, sin embargo, los efectos negativos que los subsidios en los países ricos tienen sobre los países pobres al generar prácticas desleales de dumping, ni abordan tampoco la plétora de barreras no arancelarias que siguen impidiendo a éstos el acceso a los mercados de los países ricos.

El efecto global de estos cambios en las reglas es el progresivo desmantelamiento de la gobernabilidad económica, transfiriendo poder de los gobiernos a las empresas multinacionales y privando a los países en desarrollo de las herramientas que necesitan para desarrollar sus economías y lograr una posición favorable en los mercados mundiales.

Aun cuando los gobiernos de los países en desarrollo se han mostrado cada vez más firmes en la OMC y en algunos acuerdos regionales y bilaterales, el equilibrio de poder en las actuales negociaciones sigue fuertemente sesgado a favor de los países ricos y las grandes e influyentes corporaciones. Además, las pequeñas empresas, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, los grupos de mujeres y las poblaciones indígenas de los países en desarrollo disponen de escasos mecanismos de participación, y sus derechos y necesidades son en gran medida ignorados.

El comercio y las inversiones son esenciales para el desarrollo, y por tanto deben abordarse con urgencia los desequilibrios que caracterizan y distorsionan las reglas de comercio e inversiones a escala mundial. Pero los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversiones desiguales y abusivos, que impiden la aplicación de las políticas que los países en desarrollo necesitan para luchar contra la pobreza, no son el mejor medio para poner el comercio y las inversiones al servicio del desarrollo, ni tampoco de construir un mundo más seguro y más justo.

Para conseguir un cambio de dirección y poner el comercio y las inversiones al servicio del desarrollo, Oxfam Internacional sostiene que las reglas comerciales, sean multilaterales, regionales o bilaterales, deben:

• Reconocer el trato especial y diferenciado que requieren los países en desarrollo para promover su desarrollo.

• Permitir a los países en desarrollo adoptar legislaciones flexibles sobre propiedad intelectual que garanticen la primacía de la salud pública y de los medios de vida rurales, y que protejan los conocimientos tradicionales y la biodiversidad.

• Excluir de los compromisos de liberalización los servicios públicos esenciales como la educación, la salud, el agua y el saneamiento.

• Reconocer el derecho de los gobiernos a regular la entrada de inversores extranjeros con el fin de promover el desarrollo y generar empleo de calidad, e incluir compromisos de aplicación de los estándares laborales básicos para todos los trabajadores y trabajadoras.

• Asegurar la existencia de mecanismos que permitan la participación plena en el proceso de negociación de todas las partes interesadas, con un total acceso público a la información, incluyendo los resultados de evaluaciones de impacto independientes.

(101 - Documento Informativo de Oxfam)