San José, Costa Rica. El próximo 31 de enero, en los Tribunales de Liberia, provincia Guanacaste, se realizará un juicio político contra el sacerdote Rónal Vargas Araya, de 40 años, quien tiene12 años de ejercicio sacerdotal, y es el actual Director de la Pastoral Social-CÁRITAS de la Diócesis de Tilarán.

Los hechos por los que será juzgado, ocurrieron el 17 de noviembre de 2005 cuando el sacerdote Rónal Vargas denunció públicamente el arrebato de tierras del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) que hicieron a campesinos pobres de la comunidad de La Cruz, Guanacaste, el hoy presidente de Costa Rica, Dr. Óscar Arias Sánchez y el ex presidente José María Figueres Olsen.

Pese a la gravedad de la denuncia, esta permanece sin esclarecerse y ha sido completamente invisibilizada con la complicidad de altos jerarcas del IDA, del Gobierno e incluso del Ministerio Público, mientras las tierras siguen en manos de los políticos antes mencionados.

Este no es el único caso de un dirigente social denunciado y perseguido por el actual Gobierno.

Recientemente fue juzgado y condenado con bases totalmente espúreas e ilegales el dirigente sindical Orlando Barrantes, acusado falsamente de secuestrar a varios policías durante la represión violenta que hicieran estos de una huelga en la cual Barrantes participaba.

Por otro lado, las agencias de inteligencia y de seguridad del Estado han estado ejerciendo una sistemática labor de seguimiento, vigilancia e infiltración contra diversos dirigentes sociales y estudiantiles.

Oficinas e instalaciones de diversas organizaciones sociales comprometidas en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) han sido objeto de vigilancia y monitoreo por parte de estos organismos.

Además, diversos dirigentes sociales han recibido amenazas de muerte, les han sustraído sus computadoras portatiles, e incluso se han dado acciones de sabotaje electrónico y de irrupción ilegal a oficinas de organizaciones sindicales.

Costa Rica se apresta a la confrontación social más seria de los últimos 60 años debido al autismo y al autoritarismo del actual gobierno, el cual es fiel representante de un grupo politico-económico corrupto que se ha hecho del poder en el país a través de una maniobra judicial a todas luces inconstitucional, que permitió a Oscar Arias Sánchez asumir por segunda vez la Presidencia del país pese a que la Constitución Política expresamente lo prohíbe.

En defensa de sus intereses comerciales y financieros, este grupo corrupto pretende imponer al precio que sea el nefasto Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que traerá serias consecuencias para el ambiente, para los sectores más vulnerables y en general para la soberanía nacional de Costa Rica. Hacemos un llamado a todas las organizaciones y redes sociales, a todos los organismos de derechos humanos, a que se mantengan atentos a lo que está sucediendo en este país. La solidaridad internacional, la denuncia y la movilización serán fundamentales para impedir la represión violenta y la violación del Estado de Derecho por parte de este grupo político-económico corrupto; y será una pieza clave para lograr la victoria contra el TLC.

San José a los 22 días del mes de enero del 2007