Costa Rica: Educación y TLC (I)

2007-02-01 00:00:00

Contexto y antecedentes

La discusión sobre el TLC adquiere sentido tan solo si uno la sitúa en el contexto que le corresponde. Es sin duda importante el debate asentado en criterios de lógica jurídica formal, cuyo fin es dilucidar el grado de validez legal y constitucional del Tratado. Pero eso jamás responderá preguntas fundamentales acerca de sus implicaciones económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales. Para ello se requiere hacer teoría, pero hacerla con los ojos abiertos frente a la historia y los pies sobre el terreno mismo de la realidad nacional y mundial en cuyo contexto surge este TLC.

Esto es válido en general. Y, por supuesto, lo es si uno se centra específicamente en sus implicaciones para la educación. Al respecto, recordemos lo obvio: la educación es un servicio. Esto nos lleva a la categoría correspondiente dentro del Tratado, esto es, el así designado comercio de servicios. Volveré sobre esto último en un segundo artículo. En cambio, me interesa aquí resaltar algunas evoluciones importantes registradas durante los últimos decenios en relación con el comercio de servicios a nivel mundial.

En los años cuarenta del siglo XX, junto con el FMI y el Banco Mundial, se estableció el llamado Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, mejor conocido como GATT por sus siglas en inglés. En los marcos de esta última organización han tenido lugar varias rondas de negociación, cuyo propósito era reducir los aranceles (impuestos) y otros obstáculos al comercio. O sea, y en sencillo, buscaban la liberalización comercial. La ronda Uruguay –la octava– tuvo lugar entre 1986 y 1994. Ella dio lugar al llamado GATT 1994 y los acuerdos de fundación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual empezó funciones en 1995. Actualmente está en curso –pero entrampada en grandes contradicciones– una novena ronda: la de Doha.

Por comparación con las que la antecedieron, la Ronda Uruguay fue peculiar en muchos sentidos. Sobre todo porque hicieron aparición temas por completo novedosos: la protección a las inversiones y la propiedad intelectual, entre otros. También el comercio de servicios. Por muchas razones estos son temas extremadamente polémicos y su debut en la escena negociadora tan solo ilustra –y es resultado– de procesos de transformación que la economía mundial vivía desde los setentas, los cuales se aceleraron en los ochentas y noventas. Tal es la llamada globalización.

Generalmente este término hace referencia a la expansión del comercio y los flujos de capital en una economía mundial liberalizada. Se adicionan referencias más bien alucinadas acerca del desarrollo de la tecnología y una abundancia material al parecer ilimitada, donde el Estado y la política habrían desaparecido. Sin entrar en mucho detalle, subrayemos que esto es vulgar propaganda y, en el mejor de los casos, un rotundo exabrupto de frivolidad. En realidad, la globalización solo es el aspecto aparente y superficial de procesos mucho más complejos y fundamentales.

Estos últimos arrancan de la crisis de los años setenta y comportan una reestructuración de gran envergadura, aún inconclusa según lo ratifican los agudos desequilibrios actuales en la economía mundial. Ha sido como al modo de un abanico de transformaciones: económicas y tecnológicas; culturales e ideológicas; políticas e institucionales. Se resumen en una modificación de la correlación de fuerzas a favor del capital y, en particular, el capital transnacional. Ello se observa en los desarrollos de las tecnologías –que sistemáticamente propician la automatización y la reubicación de puestos de trabajo– como también en los desarrollos institucionales, que de forma consistente tienden a favorecer la libertad irrestricta de los capitales para invertirse donde mejor les convenga, gozando de todo tipo de privilegios. Esto impacta en los sistemas tributarios y debilita financieramente a los Estados, con lo que, entre otras implicaciones, se socavan los aparatos de bienestar y protección social. Es una fórmula nítidamente pro corporativa que propicia la concentración de la riqueza, la polarización y, en consecuencia, la descomposición social y política. En general, esa es la realidad de nuestra América Latina en los últimos dos decenios. Y, con sus diferencias, también la de los Estados Unidos de G. Walker Bush.

El ascenso de los intereses corporativos transnacionales –inclusive, y especialmente, en su variante financiera/especulativa– ha traído consigo un viraje cultural e ideológico violento. Lo constatamos en la voracidad sin límites que muestra el capitalismo actual y en la arrogancia absoluta de los representantes (p.e. Zoellick) del capital transnacional. Perdido todo escrúpulo y hasta el último resabio de prudencia, se quiere que todo –literalmente todo– pase a ser objeto de negocio. De ahí los “temas nuevos” que introdujo la Ronda Uruguay. Por ejemplo: normas privilegiadas de protección a las inversiones que violentan la capacidad soberana de pueblos y Estados; normas de propiedad intelectual que consolidan monopolios privados sobre el conocimiento y pretenden inclusive la apropiación de la vida. Y también la sujeción de los servicios a lo mercantil, incluyendo educación, salud y agua.

En germen, todo esto ya está en los acuerdos de la Ronda Uruguay aprobados en 1994. Luego ha habido varios intentos por ampliar y profundizar esos privilegios excepcionales a favor de las grandes corporaciones. Así con el llamado Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) y, en nuestro ámbito continental, la propuesta estadounidense para el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los movimientos ciudadanos se han encargado de abortar ambos proyectos. Como estrategia alternativa se ha recurrido a los tratados de libre comercio. Expresado en apretadísima síntesis: estos últimos constituyen un violento asalto en procura de imponer una racionalidad mercantil y de peculio inclusive en aquellos ámbitos fundamentales para la vida, que, por el hecho de serlo, deberían constituir derechos universales y no mercancías a las que se tiene acceso tan solo si se posee capacidad adquisitiva. Ese es¬, valga enfatizarlo, el predicamento que se nos presenta en relación con la educación. También con la salud o el agua.

NOTA DE LOS EDITORES. Don Luis Paulino publicó recientemente el libro Entre la vida y el mercado. TLC-EUCARD: implicaciones para la educación (Editorial UNED).

Fuente: http://www.tribunademocratica.com/2007/01/educacion_y_tlc_i.html