La historia de dominación de nuestro continente y el actual modelo de desarrollo ha puesto a nuestros pueblos y comunidades en situación de pobreza, exclusión, y despojo de nuestras riquezas, nuestras tradiciones y la base de nuestra vida: nuestro medio ambiente y nuestros territorios.

Los diversos mecanismos utilizados para sostener y prolongar la dominación y despojo de nuestras riquezas, son promovidos por los organismos multilaterales y apoyados por varios gobiernos, beneficiando a los intereses del capital transnacional. Es preciso revertir esta situación anteponiendo a los intereses comerciales el interés mayor de los pueblos y su derecho a un ambiente saludable.

Nuestras comunidades siguen pagando con sus vidas los costos del mal llamado desarrollo y los reclamos y legítimas demandas son respondidas con engaños, violencia y persecución. Después de años de experimentos neoliberales, las privaciones de nuestros pueblos son cada vez mayores. Los Estados han perdido el control sobre la gestión de sus recursos estratégicos debido a la imposición de la lógica del mercado que favorece los grandes oligopolios de las empresas transnacionales.

Nuestras comunidades avanzan en el proceso de recuperación de sus territorios y la gestión plena de sus recursos naturales, frente a la agresión transnacional de las industrias extractivas. Sin embargo, esta lucha de los pueblos desproporcionada ante el poder transnacional, es desatendida y muchas veces criminalizada por parte de los gobiernos.

En suma, es urgente e indiscutible el cambio del paradigma del desarrollo extractivista por el de un desarrollo humano sustentable.

Por tanto, los pueblos de Latinoamérica, reunidos en el marco de la Cumbre Social de Integración, exigimos a los mandatarios presentes y sus representantes considerar los siguientes planteamientos:

Fortalecer los procesos de recuperación de la propiedad y control de los recursos naturales y gestión de las industrias extractivas, como un avance real hacia una futura integración continental, respetando, a los pueblos y el medio ambiente, bajo la dirección, el control y ejecución total de los Estados sudamericanos, sin participación del capital transnacional y rompiendo con el monopolio privado.

Avanzar en la abrogación de los tratados bilaterales de protección de inversiones reestableciendo la soberanía de los pueblos.

Garantizar el ejercicio de los derechos sobre el territorio y los recursos naturales de los pueblos mediante la consulta vinculante, veto, etc.

La perpetuidad de territorios considerados de alto valor natural-histórico o de alta vulnerabilidad cultural y/o ecológica ante el accionar de las industrias extractivas.

Congelar la expansión de las fronteras extractivas, estableciendo límites físicos a la explotación con un sentido de justicia ambiental y equidad intergeneracional.

Garantizar el derecho de las comunidades a la denuncia del accionar negativo de las industrias extractivas y la responsabilidad de los Gobiernos de investigar, esclarecer y sancionar estos casos.

Incluir dentro de los marcos jurídicos internacionales los delitos ambientales y los delitos económicos.

Romper la subordinación de los precios internos de los productos generados por las industrias extractivas, al mercado internacional y al nivel económico de las metrópolis del norte.

Priorizar la actividad económica de los países, en función de los intereses de la mayoría de la población, respetando sus actividades productivas tradicionales.

Efectivizar el control y participación social sobre los Gobiernos y las empresas estatales que exploten recursos naturales renovables y no renovables.

Transparentar y poner a consideración de la población, la gestión gubernamental y toda la información disponible sobre las diferentes políticas públicas y particularmente sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y la función de las industrias extractivas.

Dirigir los ingresos generados por las industrias extractivas a garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos, asi como al potenciamiento de actividades productivas que favorezcan la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Evaluar el costo-beneficio de las actividades extractivas considerando la “opción cero” (posibles beneficios sin desarrollar la actividad).

Evaluar el impacto social y ambiental de los procesos de integración comercial que generan un incremento en la actividad económica y mayor deterioro de los ecosistemas.

Eliminar la autofiscalización y el autocontrol de las industrias extractivas, estableciendo mecanismos de control social y gubernamental transparentes.

Eliminar la competencia y el debilitamiento de los estándares socio ambientales de los Estados para atraer a las transnacionales, estableciendo nuevos parámetros económicos, sociales y ambientales para las industrias extractivas válidas para los países de la región.

Investigar el prontuario de las empresas transnacionales antes de permitir cualquier incursión en los países de la región.

Crear un organismo regional Latinoamericano que recoja la información e informe a los países del comportamiento de las transnacionales.

Firmar un protocolo para la adecuación y homogeneización del marco jurídico de los países Latinoamericanos para los procesos de aceptación de las actividades extractivas privadas y estatales, incluyendo aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales.

Exigir la indemnización y compensación, así como también la reparación por daños activos y pasivos ambientales, sociales y culturales (pago de la deuda ecológica y social histórica).

Hacer prevalecer la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos en la gestión de sus territorios en su integralidad.

Evitar acciones de disuasión o de coerción, no a la militarización y la criminalización de las luchas sociales.

Eliminar las prácticas prudentes de la industria extractiva y aplicar en cambio, el principio precautorio.

Cochabamba, 8 de diciembre 2006