Las organizaciones sociales campesinas, agropecuarias, indígenas y representantes de las comunidades y de los productores rurales, de hombres y mujeres vinculados (as) al agro reivindican la SOBERANÍA ALIMENTARIA como el objetivo principal de la actividad productiva agraria y como uno de de los elementos indispensables para la SOBERANÍA NACIONAL.

La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos de forma independiente, diversa, saludable y con calidad para abastecer a toda la sociedad y, por tanto, es parte de su identidad y de su propia vida.

El papel del Estado, como está ya escrito en varias de las cartas constitucionales de algunos países suramericanos, es cumplir, mediante sus políticas públicas, a cabalidad con la debida protección a la producción de alimentos.

Contrario a ese mandato legal, en el Sur de América se imponen otras políticas, las cuales, en el marco del modelo neoliberal, atentan contra la consolidación de la autodeterminación nacional en materia alimenticia. Dentro de esas funestas acciones gubernamentales queremos resaltar:

1- Los tratados de libre comercio que convierten los alimentos en mercancía cualquiera, sometidos a las injustas distorsiones en los precios internacionales formados por el dumping practicado por Estados Unidos y demás potencias que subsidian tanto el intercambio mercantil como la producción de géneros en cereales, oleaginosos, algodón, frutas, cárnicos y lácteos, entre muchos otros.
2- La implantación de monocultivos, como la soja, que, bajo el predominio en toda la cadena – desde la semilla hasta el consumo final – de las grandes empresas transnacionales controladas por el capital financiero internacional, tienen como único objetivo ser materia prima para las industrias transformadoras de propiedad de los monopolios. Recientemente, con los mismos propósitos han cobrado inusitado impulso las siembras para los denominados bio-combustibles, fundamentados en palma aceitera, celulosa proveniente de eucalipto y caña de azúcar.
3- Los planes oficiales internos que “especializan “ las producciones agrícolas en bienes tropicales orientados hacia los mercados externos en forma primaria, también comercializados por el oligopolio que manipula el mercado mundial, envilece los precios pagados a los productores, fomenta la superproducción y la “competencia entre pobres”. Así se sacrifica de manera criminal la producción de alimentos y se esclaviza a los agricultores.
4- Como una vergüenza a escala mundial, Sur América exhibe la más inicua estructura de distribución de la tierra. En casi todos los países, más de la mitad de la tierra está en manos de menos del 1% de los propietarios. No es posible, con tal estado de cosas, garantizar ni la soberanía ni la seguridad alimentarias, máxime cuando ella depende de los pequeños y medianos agricultores y de las comunidades indígenas, de afro-descendientes y campesinas.
5- El patentamiento de semillas, plantas y animales, los paquetes tecnológicos con base en agroquímicos y organismos genéticamente modificados y la privatización que cubre las fuentes de agua, las obras de adecuación de tierras para regadío y la ciencia y la técnica impiden cada vez a mayor número de familias rurales el acceso a los recursos naturales que en consecuencia son expulsados a las ciudades en condiciones de indigencia.

Con el fin de que la Soberanía Alimentaria sea una realidad, esta Sesión Temática exige de los gobiernos de Sur América:

1- Excluir la producción agropecuaria y pesquera de los acuerdos de comercio. Solamente aprobamos los intercambios dentro de sanas y mutuamente provechosas relaciones de solidaridad y complementariedad.
2- Una reforma radical a la insostenible estructura de propiedad de la tierra que garantice el derecho al acceso para quienes no la posean o no tengan una cantidad suficiente para conseguir con ella una vida digna y próspera; y, así mismo, que también proteja la distribución y la propiedad colectiva de las comunidades que así lo reclaman. De igual modo, se demanda abstenerse de otorgar territorios a las empresas multinacionales que buscan reforzar sus proyectos mono-cultivadores, de arrasamiento de bosques y de plantaciones forestales, de minas y de bio-combustibles.
3- La implementación de políticas agrarias propias de apoyo, fomento e incentivo de la producción rural, campesina y nacional de bienes agropecuarios y de la pesca artesanal hacia el mercado interno. Deben abarcar no sólo aquellas destinadas al comercio que avalen precios internos de sustentación rentables y remunerativos sino además la creación de instituciones adecuadas para proveer gratuita y universalmente asistencia técnica, incluida la agro-ecología, crédito, acceso al agua y a las semillas autóctonas sin traba alguna. Las reformas agrarias exigidas serán integrales si y sólo si contemplan este paquete de políticas, así lo requieren la mayoría de los pobladores rurales.
4- El reconocimiento del papel estratégico de la mujer rural en el descubrimiento, la hibridación y la selección de semillas y en la construcción de un amplio conocimiento acumulado durante milenios que ha garantizado una gran biodiversidad. El Estado debe adelantar programas que apoyen esa labor como campesinas y agricultoras con el fin de fortalecer su trabajo invaluable.
5- Reversar las políticas neoliberales que privatizan la naturaleza y la vida, declarando el agua como bien público, inalienable e indispensable para la economía rural y a las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, suministrando de manera subsidiada los servicios públicos domiciliarios y ordenando el suelo para favorecer la producción sana de alimentos.