Como dijera Lori Wallach, de la organización no gubernamental estadounidense Public Citizen, que ejerce control ciudadano sobre las acciones comerciales de las transnacionales estadounidenses, las pasadas elecciones legislativas en Estados Unidos, en las cuales la oposición demócrata 'barrió' a los republicanos, mostraron que en ese país, temas como la globalización y el comercio son ahora centrales en el debate político, y jugarán un papel mayor en las elecciones presidenciales de 2008.

Y es que los 36 escaños que los demócratas ganaron a los republicanos en el Congreso (7 en el Senado y 29 en la Cámara de Representantes), son ahora ocupados por candidatos que basaron sus campañas explícitamente en denunciar los tratados de libre comercio (TLC) propiciados por el presidente George Bush y su partido.

En sus avisos de campaña, los ahora victoriosos demócratas responsabilizaron a los promotores de esos tratados por la pérdida de empleos en Estados Unidos, y los acusaron de aprovechar los bajos estándares de respeto a los derechos laborales y el ambiente, existentes en los países pobres, para reducir costos y aumentar ganancias.

El escenario pinta, pues, escabroso para los Tratados ya firmados por la administración Bush, como los de Perú y Colombia, pero que todavía están pendientes de aprobación por el Congreso estadounidense. El tratado con Colombia fue firmado por Bush el 22 de noviembre pasado, es decir, después de la derrota legislativa de su partido, una acción considerada impertinente por parte de los demócratas.

Y Bush lo hizo a pesar de que la Cámara de Representantes le había enviado una clara señal cuando, el día anterior, rechazó su proyecto de ley para normalizar las relaciones comerciales con Vietnam, en un augurio de lo que sería un cambio importante en la política comercial seguida hasta ahora por Washington.

Según el diario The Financial Times, citado por la BBC de Londres, un grupo de senadores y representantes demócratas también envió una carta a la secretaria de Comercio de EEUU, Susan Schwab, en la cual la exhortan a renegociar los TLC con esos dos países latinoamericanos.

En referencia al TLC con Perú, el representante demócrata Sander Levin, dijo que la carta es una señal clara de que 'el acuerdo, tal como está ahora, no recibirá el apoyo de la vasta mayoría de los demócratas'. Además, los congresistas reprocharon a Bush por seguir adelante con el acuerdo con Colombia a pesar de los llamados para incluir estándares laborales y de derechos humanos más estrictos.

Así las cosas, es claro que la firma de nuevos acuerdos comerciales por parte de EEUU, enfrenta la enconada oposición de un Congreso adverso. Pero, este nuevo escenario político ¿cambiará en algo el destino del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA, según sus siglas en ingles)?

Y, la actual correlación de fuerzas políticas en EEUU, ¿abre nuevas opciones para que Costa Rica pueda renegociar un acuerdo comercial más favorable con ese país?

Ya Salvador Arias, diputado del salvadoreño FMLN, la segunda fuerza electoral de ese vecino país, alentado por el triunfo de Daniel Ortega en Nicaragua, anunció que intentará renegociar el CAFTA.

'Próximamente reactivaremos la negociación que iniciamos con algunos congresistas demócratas antes de que el TLC fuera ratificado', dijo al Diario Co Latino, y agregó que existen 'grandes posibilidades de revertir el acuerdo y negociar uno que no se reduzca al aspecto comercial, sino que incluya aspectos de cooperación para el desarrollo, gracias a la nueva correlación en el congreso estadounidense.'

Sin embargo, el entusiasmo del salvadoreño se ve matizado por el hecho de que después de su triunfo electoral, el políticamente reciclado Ortega ratificó que no modificará su apoyo al CAFTA.

Vicki Gass, asociada principal de la organización no gubernamental Washington Office On Latin America (WOLA), dijo a UNIVERSIDAD, desde la capital estadounidense que, efectivamente, nada impide que la oposición demócrata, o incluso grupos de la sociedad civil centroamericana, presenten al Congreso de su país propuestas en el sentido planteado por el diputado salvadoreño, aunque dudó de que políticamente fuese viable.

Pero, el punto es que de aprobar el nuevo Congreso estadounidense una renegociación del CAFTA, la mayoría demócrata presionaría porque se elevasen las exigencias de respeto a los derechos laborales y el medio ambiente, cosa que resultaría inconveniente para los países firmantes con bajos estándares en estas dimensiones, lo cual, a su vez, muy probablemente impedirá que se construya un consenso centroamericano en esta dirección.

En cuanto a la posibilidad de que nuestro país todavía pudiera no ratificar el CAFTA y buscara una negociación distinta con EEUU, Gass lo consideró improbable, a menos que se manifestara una clara voluntad política costarricense, debido a que la crítica sobre estándares laborales y ambientales, de la mayoría demócrata, incluye a Costa Rica. (Ver: 'Es posible pedir un nuevo acuerdo')

Por su parte, tanto Amparo Pacheco, viceministra de Comercio Exterior (COMEX) como Manuel González, ex ministro de esa cartera, coincidieron en que una renegociación del CAFTA es poco probable, porque implicaría que todos los actores firmantes del acuerdo coincidieran en esta necesidad.

Para Pacheco, lo único posible es enmendar el CAFTA, pero esto pasa por aprobarlo.

'Hablar de 'renegociación' está fuera de lugar, es algo superado. Sin embargo, este acuerdo prevé que las Partes pueden convenir cualquier enmienda, que se aprobará de acuerdo con los procedimientos jurídicos aplicables de cada Parte', dijo. (Ver: 'Solo es posible enmendarlo')

González, por su lado, también reiteró su crítica a la negociación realizada por el COMEX, cuando no era presidido por él, y que resultó en la inclusión, a última hora, del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de la telefonía celular.

'Parece que el refrán de que la prisa es mala consejera, se confirma', comentó. (Ver: 'No veo regreso alguno').

Entonces, lo que el cambio de escenario político deja en claro es que, dadas las patentes asimetrías que muestran, ya no solo las naciones centroamericanas respecto de Estados Unidos, sino las primeras entre sí, la administración Pacheco metió a Costa Rica en un verdadero zapato, al incluirla en una negociación para crear un tipo de mercado común, cuya dinámica solo ejercerá presión para que nuestro país relaje sus estándares sobre derechos laborales y cuidado del ambiente, frente a los de sus vecinos, y no al revés.

Después de todo, ¿no es una ley de la oferta y la demanda que, cuando hay una oferta más 'barata', o con menores exigencias, ya sea en materia de costos laborales como de requisitos ambientales, esta termine prevaleciendo sobre la más 'cara' o exigente?

¡De la nivelación 'hacia abajo' líbranos, Señora!