Muchos siguen siendo los casos que alimentan un sentimiento de corrupción e impunidad casi incombustible. En este sentido, ha sido importante el esfuerzo de un grupo de medios de comunicación por evidenciar y combatir los últimos datos de corrupción electoral que han saltado a la luz pública como víboras cuando se levanta una piedra.

Sobre todo esto, y considerando los riesgos de una eventual privatización o “neoapertura” que se discute permanentemente por estos días, me surgen algunas ideas que he decidido contrastar públicamente después de investigar la corrupción y la impunidad como expresiones correlativas, dado que considero que el país no esta preparado legal, ni políticamente, para enfrentar los procesos privatizadores o “neoaperturistas” que se avizoran.

En mis investigaciones sobre estos temas, desarrollé un enfoque comparado de los movimientos privatizadores impulsados en otros países latinoamericanos, resultando interesantes algunas conclusiones que comento.

El binomio privatización=corrupción que se presentó en la mayoría –por no decir: en la totalidad– de los casos, evidenció la falta de preparación técnica y legal (institucional) para vigilar los procesos de enajenación de las empresas públicas y garantizar su transparencia. En los peores casos (Venezuela, México, Argentina, Perú, Brasil y Ecuador), las privatizaciones implicaron, cual condición sine qua non, la sobornización de la economía. La experiencia no fue grata. Onerosamente empezaron a surgir los Fujimori –con todo y Montesinos– que no dejaban olvidar la reciente historia de Alan García, y surgieron también los Bucaram, los Menem y los Color de Mello, así como también los clanes como los Salinas y sus compinches priístas, los conciábulos de Adecos y Copellanos –con todo y Andrés Pérez a la cabeza–.

En Costa Rica no existe un marco regulatorio preventivo para conducir, por caminos seguros y correctos, eventuales procesos de privatización o apertura. Esto, aunado a las carencias por todos conocidas, que condenan al Ministerio Público a la impotencia, no es precisamente un sello hermético de garantía para que la ciudadanía firme un cheque en blanco a los negociadores –políticos– para que fijen los términos de las privatizaciones o neo-aperturas.

La experiencia latinoamericana muestra que, de la privatización a la sobornización, hay poca distancia. Que no deba ser así es otra cosa. El asunto es que así ha sido y en Costa Rica no se observan actualmente las garantías suficientes para pensar que es la excepción, por lo que considero que antes de abrir esa caja de pandora (privatizaciones o “neoaperturas”) tan temida por la generalidad de los estudiosos del fenómeno de la corrupción, debería impulsarse un marco jurídico antisoborno como la única garantía de prevención antes de que aquí también se termine por confundir lo público con lo privado en una ola de privatización que bien podría ser confundida con una de sobornización.