Costa Rica le está sacando canas verdes a los impulsores del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

No importa que su presidente, Oscar Arias, sea el adalid local del acuerdo comercial. Tampoco cuenta que el país haya sido casi siempre un aliado tradicional de Washington.

En las calles costarricenses y en el Congreso el rechazo al pacto impulsado por Estados Unidos retumba cada día con más fuerza.

Y pasan los días, las semanas y los meses y, aunque todas las demás naciones ya ratificaron el Tratado, Costa Rica parece decidida, como mínimo, a vender a un precio muy alto su apoyo a la iniciativa.

El respaldo popular al acuerdo del tratado, que en algún momento superó hasta el 60%, ahora apenas alcanza el 40%, según una encuesta reciente de la firma CID Gallup.

Y al retrasar su ratificación, los costarricenses parecen dar al traste con el avance del pacto entre los demás países, quienes ahora observan cómo la incorporación individual y no colectiva de las naciones al tratado ha complicado y desordenado la relación comercial, especialmente en lo que se refiere a las actividades esenciales para la región como la fabricación de textiles.

En las calles costarricenses miles se han sumado a la lucha contra el acuerdo comercial, los estudiantes universitarios han hecho otro tanto y en el Parlamento la oposición ha cerrado filas contra el plan.

Las cosas lucen cuesta arriba para el gobernante costarricense quien ha hecho de la implementación del tratado uno de sus caballos de batalla y quien ha alegado que el pacto se convertirá en la mejor fuente de creación de empleos.

Sin embargo, los costarricenses han resultado muy suspicaces. El ejemplo mexicano ha calado en la población que mira con desconfianza cómo después de 12 años de TLC entre México y EE.UU., la migración mexicana al norte en busca de trabajo simplemente se ha multiplicado.

Y, entonces, en Costa Rica muchos se preguntan: ¿Si el acuerdo comercial es para crear nuevos empleos por qué Estados Unidos tiene que construir un muro de 1 200 kilómetros y a un costo de 8 000 millones de dólares, para detener el paso de millones de mexicanos, cuya única intención es forjarse una vida digna a través de mejores condiciones laborales?

¿Será que en el fondo las autoridades de EE.UU., defensoras a ultranzas del libre comercio, aceptan que los TLC significan la apertura de las fronteras de otros países a sus exportaciones mientras que nuestras naciones ganan un raquítico acceso al mercado norteamericano?

¿Y por qué no hablar también de las leyes de la oferta y la demanda. Si éste ha sido uno de los estandartes de la economía de mercado, por qué sus autoridades quieren desconocerlas cuando se trata del masivo flujo de trabajadores que, legal o ilegalmente, siempre encuentran oportunidades laborales en este país?

¿Será por eso que los costarricenses parecen tan desconfiados?

LA OPINIÓN (Versión digital) 25 de octubre de 2006 EE.UU.