Al finalizar el día (23 de octubre), se tiene noticia de al menos doce puntos del país donde se dieron movilizaciones contra el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana (TLC). Se estima la participación total en al menos 70.000 personas.

En la ciudad de San José, l@s manifestantes ingresaron desde diversos puntos de la capital, formando cinco columnas que terminaron por juntarse frente a la sede de la Asamblea Legislativa. En este lugar y de manera pacífica, las distintas agrupaciones sociales exigieron a l@s diputad@s el retiro inmediato del TLC de la corriente legislativa - junto con el paquete de proyectos de la agenda complementaria – y la realización de un debate a escala nacional que determine, tomando en cuenta la posición de los distintos sectores, el camino que debe seguir el país en los próximos años.

En contraposición, y poniendo en entredicho la promesa que públicamente hizo el Presidente Oscar Arias (y el Ministro Berrocal a varias organizaciones de Derechos Humanos), no todos los cuerpos policiales que vigilaron las manifestaciones asistieron desarmados.

Esta Comisión ha recibido diversas denuncias sobre la presencia de oficiales armados – portando chaleco antibalas - en las inmediaciones de la Fuente de la Hispanidad, la Avenida Segunda y otros puntos del país donde se realizaron manifestaciones, algunos de los cuales pertenecían a la Unidad Especial de Protección - UEP, que se supone está encargada exclusivamente de la seguridad diplomática y de otros que además registraban en video y fotografía a l@s manifestantes, anotando incluso las placas de los automóviles presentes en la marcha.

Esta actitud, unida al uso constante de helicópteros de la Fuerza Pública filmando a l@s manifestantes, pone en entredicho el respeto a la libertad de expresión por parte del Gobierno costarricense, además de que parecieran ser tácticas que buscan sembrar el temor entre quienes deciden ejercitar este derecho fundamental para la democracia.

Desde la zona atlántica, recibimos denuncias sobre la presencia de tres grandes helicópteros de doble rotor y color verde olivo - de aparente estilo militar-, sobrevolando en horas de la mañana y a muy baja altura, por sobre la columna de manifestantes que avanzaba desde los sectores de Guápiles, Guácimo y Siquirres. Hecho que amerita, en nuestra opinión, una explicación por parte del Ministro de Seguridad, en tanto constituyen operativos irregulares y planificados, que atentan contra de la actitud pacífica que han demostrado las distintas organizaciones movilizadas.

En el mismo sentido, estudiantes de la Universidad Nacional denunciaron la presencia de policías motorizados - armados y acompañados de una furgoneta con los vidrios de la cabina polarizados y cerrados hasta arriba – que luego de las acciones de protesta se dedicaron a rondar las cercanías de este centro educativo, alejándose del sitio cuando eran fotografiados por l@s estudiantes y regresando al menos una vez más en esta extraña actitud.

Finalmente, los hechos más graves se dieron en la comunidad de Santa Rosa de Pocosol, cantón de San Carlos, en la zona norte de país, donde un enfrentamiento entre la policía antimotines y l@s manifestantes de la comunidad, dejó como resultado varias personas heridas que debieron ser trasladadas al centro hospitalario más cercano. Lo siguiente es parte del relato de l@s afectad@s: en horas de la mañana, este grupo de manifestantes fue filmado en su marcha, por dos helicópteros que los sobrevoló durante algún rato y a muy baja altura (descritos como de doble rotor, color verde olivo y aparente estilo militar), al mismo tiempo, empezaron a ser seguidos por una unidad de 50 policías antimotines, armados con macanas, cascos, gases lacrimógenos, escudos y máscaras antigases. Alrededor del medio día, dicho cuerpo policial tomó un puente al que se dirigían l@s manifestantes, cerrando por completo el paso por la vía pública. Ante la negativa de la policía de permitir al menos el uso de media vía para continuar con la marcha, l@s manifestantes se ubicaron al lado del camino para esperar. Al ir entrando la tarde, la policía antimotines empezó a utilizar los insultos y amenazas para provocar a l@s manifestantes, incluso les hizo llegar una supuesta notificación - que les pedían firmar - en la cual se les informaba de las consecuencias a que se atenían si no se dispersaban de inmediato. Finalmente, a eso de las 5:30 p.m., cuando l@s manifestantes intentaron tomar el puente bloqueado por la policía, esta los arremete violentamente utilizando macanas y golpeando en grupos de tres policías a cada manifestante. Los nombres de las personas que debieron ser trasladas al centro médico son los siguientes: Ana Lucía Prendas Salazar, ama de casa de 40 años, la principal afectada y que debió ser hospitalizada; el señor Elis Roque Salas, educador de 38 años y cónyuge de la señora Prendas; la joven Mariela Solís Vargas, estudiante universitaria de 18 años; el señor Lorenzo Cambronero, dirigente de la Unión Nacional Campesina y el señor Sergio Robleto Díaz, educador de la comunidad.

Denunciamos ante opinión pública y la comunidad internacional, que estas acciones inusuales y violentas bajo la coordinación y planificación de las fuerzas de seguridad costarricense, evidencian la manera inadecuada en que hasta el momento, el Gobierno del señor Oscar Arias Sánchez ha manejado una polarización social de tal gravedad, que la anunciada ratificación del TLC y su agenda complementaria, solo han hecho imposible poder seguir ocultando; pero también, que representa la elección de la provocación, la represión y el temor, como las prácticas con las cuales se busca desmovilizar a quienes se han organizado para oponerse a los proyectos de la actual administración.

Hacemos un llamado de atención a las autoridades nacionales, para que den las explicaciones correspondientes por las denuncias arriba señaladas, rectifiquen lo actuado hasta el momento y detengan de inmediato este tipo de agresiones contra l@s habitantes de este país.

Por nuestra parte, renovamos nuestro compromiso con la protección que todo ser humano merece de sus derechos y anunciamos, que continuaremos vigilantes de la actitud de parte del Estado costarricense, dándole continuidad a las denuncias que nos han sido presentadas, dispuest@s a seguir denunciando, nacional e internacionalmente, cualquier acción que represente una afrenta contra las conquistas sociales que tantos siglos de lucha han representado.

CODEHU – Comisión Costarricense de Derechos Humanos

SERPAJ – Servicio de Paz y Justicia – Costa Rica

San José de Costa Rica, 23 de Octubre de 2006.-