En el año 2005, Oscar Arias reconoció que el uso y proliferación de las armas convencionales, estaba produciendo la muerte de millones de personas en todo el mundo, como consecuencia de los efectos devastadores de este comercio. Sin embargo, en agosto de 2006 como Presidente de la República, firma un decreto que procura controlar ese comercio en nuestro país.

Asombro y sorpresa causó en los costarricenses el decreto N. 33240-S, especialmente, porque fue dado por un Premio Nobel de la Paz y en un país que hace mucho tiempo había abolido el ejército y con esto, había alcanzado la moral necesaria para oponerse a la proliferación de las armas de guerra.

Las razones de dicha reglamentación, expuestas en los considerandos, son claras al plantear la función estatal de protección a los ciudadanos y garantizar su bienestar, "sin que por ello se obstaculicen innecesariamente, las condiciones de competividad para el desarrollo de las actividades económicas del país". Estaba claro. En aras de promover la "competitividad" requerida por las empresas trasnacionales, el gobernante había sacrificado el bienestar ciudadano anotado y la trayectoria de paz del país. Esto, en concordancia con el Anexo 3.3 Lista Arancelaria de Costa Rica. Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, reglamentación que estimula y protege la producción y tráfico de armas libres de impuestos.

Es decir, el Presidente de la República y su Titular de Salud Pública daban otro paso en la elaboración de la Agenda de Implementación requerida para que el TLC entre en funcionamiento. Pero, esta vez también había tocado y destruido una de las fibras más sensibles de los costarricenses.

Ante este nuevo golpe a la seguridad nacional y a la vida de todos los habitantes del país, sólo queda una reacción: organización y lucha contra un tratado que atenta en cada capítulo, contra la soberanía y contra los mejores valores, instituciones y tradiciones de nuestro país.

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