Desde años atrás, pero sobre todo durante el 2003 y parte del 2004, desde el Foro Popular Ambiental alertamos sobre las intenciones de privatización del patrimonio natural de los y las costarricenses, a través del llamado “comanejo”, propuesta que el gobierno de don Abel Pacheco y el ministro “ambientalista” Carlos Manuel Rodríguez impulsaron e impusieron en la pasada administración. Finalmente, en agosto del 2004, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (SINAC/MINAE) tenían amasada el ofrecimiento final de privatización con la participación de algunas organizaciones no gubernamentales y personas que legitimaron las propuestas a través de las mesas redondas de diálogo de tres patas con las autoridades ambientales.

Pese a todos los esfuerzos del FORO POPULAR AMBIENTAL, SINAC/MINAE siguieron adelante con la propuesta y finalmente, publicaron el decreto ejecutivo 32357-MINAE en La Gaceta 92 del 13 mayo 2005. Se formalizaba así, la pauta de la entrega formal de nuestras áreas silvestres protegidas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Este accionar del SINAC/MINAE, habría contado con la venia de la Sala IV, según dijo el ex jerarca del SINAC, Raúl Solórzano en foro celebrado en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica; por ello, tampoco resultó sorpresivo que en julio 2006, la Sala declarara SIN LUGAR, de la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD presentada por la Procuraduría General de la República contra los artículos 14, 17.1, 19, 20, 22, 25.1, 25.3, 25.4, 25.5, 25.8, 36 , 38 y 39 de la ley de Biodiversidad, desde 1998 bajo el expediente 98-06524-0007-CO.

De manera tal, que el 05 de julio 2006, mediante sentencia 2006-09563, una vez más, la Sala IV continuó con la propuesta de privatización sentenciando la suerte del patrimonio natural de los costarricenses. Los magistrados que dieron luz verde a la privatización fueron Ana Virginia Calzada Miranda, Gilbert Armijo Sancho, Fernando Cruz Castro y Jorge Araya García; mientras los magistrados Luis Fernando Solano Carrera, Luis Paulino Mora Mora y Adrián Vargas Benavides declararon con lugar la acción con todas sus consecuencias.

Esto solo es parte del entramado que se teje con los negocios alrededor de los recursos hídricos, minerales, forestales, genéticos y otros dentro de las áreas silvestres protegidas en Centroamérica en el marco del TLC. La Comisión Centroamérica de Ambiente y Desarrollo (CCAD) ha trabajado durante los últimos 15 años en esa propuesta con disfraces como el usado en el Corredor Biológico Mesoamericano. Con los negocios “macro” las áreas silvestres protegidas garantizan el agua, los minerales, la madera y los recursos genéticos, entre otros, a las grandes empresas transnacionales. Con los “micro” negocios, salta la retribución para las ONG’s y personas “afines” a las altas autoridades MINAE/SINAC, a través de la venta de tiliches, hamburguesas y “fried chicken”, etc.

Todos y todas se servirán del lucro que representa la utilización de la inversión hecha por el pueblo costarricense en instalaciones, infraestructura vial, servicios varios en parques nacionales y afines. Por ello, aunque parezca que el descaro no tiene límites, en su última fase, el llamado proyecto “Venciendo las barreras que limitan la sostenibilidad del sistema de áreas protegidas de Costa Rica”, incluye la aprobación legislativa de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por EE.UU. $20.000.000, el que de aprobarse “será dedicado en mejorar la infraestructura en los parques nacionales”, ahora en manos de personas y empresas privilegiadas con el decreto de las concesiones de servicios no esenciales.

Hoy, algunas ONG’s como el Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales (CEDARENA) y personas como Mario Boza, otrora llamado el “Padre de los Parques Nacionales”, ahora reconocido como el “sepulturero de las áreas silvestres protegidas”, se han beneficiado y siguen beneficiando con consultorías para llevar a feliz término estas propuestas de privatización; mientras, pocos y valientes sindicalistas del MINAE se han atrevido a pedir la investigación sobre las consultorías millonarias que cobró el ex jerarca del SINAC utilizando informes elaborados por los subalternos, en el marco de la búsqueda del fortalecimiento institucional para preservar el patrimonio natural de los y las costarricenses.

Por su parte, la mayoría de las comunidades desconocen la amenaza que se cierne sobre las áreas silvestres protegidas porque los “pseudoecologistas”, que se autodenominan representantes a nivel nacional no informan, y por el contrario, continúan arrogándose la representatividad del sector ecologista, “oficializadas” por los gobiernos de turno, para “representar” los intereses del pueblo en las comisiones gubernamentales mientras las comunidades permanecen desinformadas.

Por comunidades integrantes del FORO POPULAR AMBIENTAL

ASOCIACIÓN CONSERVACIONISTA YISKI, yiski@racsa.co.cr

CEUS DEL GOLFO DE NICOYA, ceusdelgolfo@yahoo.com.m

Domingo 17 setiembre 2006.