Justo cuando en Guatemala ha transcurrido poco más de un mes de haber entrado en vigencia el TLC con EEUU (1 de julio de 2006), la oficina del representante de comercio norteamericano – USTR, anunció a las autoridades guatemaltecas (Ministerio de Economía), su interés en ingresar un contingente de carne de pollo, el cual estará exento del pago de aranceles o impuestos, como parte de lo que fue establecido en las “negociaciones” del tratado.

La decisión, considerada como una primera demostración de lo que en adelante será la dinámica de las nuevas relaciones comerciales entre ambos países, proyecta subastar en el mes de septiembre de 2006, 10,900 TM (toneladas métricas) de un total de 21,874 TM que el acuerdo comercial permite durante el primer año de desgravación arancelaria. (eliminación paulatina del cobro de impuestos a productos y mercancías que provienen de los Estados Unidos).

En la actualidad, se calcula que en Guatemala existe un consumo anual de alrededor de 120,000 toneladas de pollo, de las cuales un 52% son abastecidas por granjas nacionales, la mayoría ubicadas en el departamento de Escuintla y el restante 48% que proviene principalmente de los Estados Unidos, al cual se le carga el 15% por concepto de aranceles.

Debido a este nuevo sistema de exoneración de impuestos a las importaciones, la Asociación Nacional de Avicultores – ANAVI, instancia que aglutina a 1,048 granjas productoras y que controla el monopolio de la producción nacional, propuso elevar de 15% hasta un 164% el valor del arancel a las importaciones del pollo (fuera de la cuota establecida - 21,874 TM), aduciendo que con la nueva medida se generaba competencia desleal o lo que en las reglas del comercio se conoce como “dumping” (aplica cuando un producto de importación es vendido en el mercado nacional por debajo de los costos de producción y más aún cuando este goza de un subsidio, como sucede en el caso del pollo de la industria norteamericana).

Pero fuera de esta primera preocupación, lo que en realidad existe detrás de la solicitud de ANAVI, es que obviamente prevé un descenso fuerte en la producción nacional lo que podría hacerla desaparecer en término de cinco años, debido a que no podrán competir con el nivel de tecnología y los subsidios que reciben los productores norteamericanos. Así mismo tampoco podrán responder a todas las exigencias técnicas y administrativas que representa el tratado.

De hecho, México que es un fuerte productor avícola, no ha podido venderle a EEUU una sola pieza de pollo en 12 años que tiene de funcionar el NAFTA (1994), ya que han prevalecido más los requerimientos técnicos como el cumplimiento a medidas sanitarias y fitosanitarias, procedimientos aduaneros y mecanismos de defensa comercial.

Por su parte el gobierno de la GANA, en su afán de defender los intereses de los grandes empresarios y como lo ha hecho durante todo su periodo; salio en defensa de los agremiados de la ANAVI, informando que se estudiarían diferentes posibilidades, entre las que se mencionan:

a. Aceptar la petición de incrementar en 164% el arancel, de la misma forma como ya lo han hecho Nicaragua, Honduras y El Salvador, a diferencia de que Guatemala fue el país que más cedió al momento de aprobar el volumen de las cuotas de importación libres de aranceles. Como efecto de esta posibilidad, lo que ha provocado de inmediato en el mercado local es la generación de prácticas especulativas y el encarecimiento del producto, el cual se estima podría elevarse de Q 3.00 a Q 4.00 por cada libra, lo que afectaría la precaria y desgastada capacidad adquisitiva de los consumidores guatemaltecos. Actualmente el precio del pollo oscila entre los Q 9.00 y Q 10.00 por libra.

b. Presentar una denuncia en la OMC con el propósito de detener esas prácticas desleales (dumping). Si revisamos la experiencia, una de las últimas denuncias experiencias que el país tiene sobre este tipo de denuncias en la OMC, fue cuando Guatemala demandó a México por vender su cemento en el país por debajo de los costos de producción del cemento nacional. Al final de los acuerdos que se convinieron, fue que Cementos Progreso se convirtió en el distribuidor oficial y autorizado para la venta del cemento mexicano (Cruz Azul - Tolteca). Entonces nos preguntamos, a quien se beneficiría con tal medida: a los consumidores o al monopolio que controla el mercado?. No hay duda, utilizarán la misma estrategia y serán siempre los grandes productores los que impondrán los precios finales al consumidor.

c. Otra de las opciones es reducir el arancel del maíz amarillo a 0%, con la idea de propiciar mejores condiciones a la industria avícola nacional. (El maíz amarillo es la base para la producción de concentrado para aves y en su mayoría es importado de los Estados Unidos) Pero esta decisión tiene mucho que ver con la producción de maíz nacional, ya que tanto el maíz blanco como el amarillo constituyen la base económica que sustenta a cientos de miles de familias en el campo. Por ello reafirmamos que con el TLC no solo se pone en juego la soberanía y la seguridad alimentaria de la población, sino la existencia misma del sector agrícola para la producción de granos básicos, el cual ya tiende a su desaparición.

c. También se maneja la idea de incrementar los controles en las aduanas para evitar el ingreso de pollo de contrabando, el cual a pesar de que desde el 2004 se estandarizó en el país un nuevo sistema para la administración de aduanas en todas los puestos fronterizos, hoy en día se caracteriza por los altos niveles de corrupción de sus entidades y de la participación implícita de funcionarios en el negocio del paso de migrantes. Las 36,000 cajas de huevos que se trasiegan de contrabando en las fronteras, resulta ínfimo con los jugosos beneficios económicos que hay alrededor del narcotráfico, el robo de vehículos y la migración de personas.

Paralelo a las medidas del ejecutivo, el Congreso de la República en sesión extraordinaria, aprobó en punto resolutivo el decreto 7-2006, el cual rechaza las intensiones del organismo ejecutivo para establecer un arancel extraordinario a las importaciones de piezas de pollo provenientes de Estados Unidos.

Los motivos que argumentan esta resolución son que se debe garantizar los intereses de los consumidores guatemaltecos. Indica el decreto “que es deber del Estado, velar por el bienestar de la familia, e igualmente impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción, en detrimento de la población”. Así mismo “el Estado tiene la obligación de proteger la economía de mercado o a que se perjudiquen a los consumidores”.

Ante esa falsa actitud de defensa de la soberanía nacional y las leyes del país, nos preguntamos ¿donde estaban y que pensaban los 126 diputados que ratificaron el TLC en marzo del año pasado? Sin lugar a dudas, no solo no han cumplido con aprobar las medidas compensatorias de las que tanto hablaron para justificarse, sino también han hecho caso omiso a las propuestas del movimiento social para impulsar la aprobación de una ley de desarrollo rural y una nueva política de salarios y empleo para el campo y la ciudad. Lo que si ha hecho el Congreso ha sido aprobar todas las reformas a la legislación interna que exigían los Estados Unidos, las cuales se resumen en la Ley de Implementación para el TLC aprobada en junio pasado. Otras disposiciones legales que también han sido aprobadas en consonancia con el tratado son el tema de la recaudación y la administración tributaria.

De de todos los paliativos propuestos para resolver este problema del arancel del pollo como otros que la GANA-UNIONISTAS-PAN-PATRIOTAS-UNE-FRG tienen en agenda, el gobierno y partidos políticos, lo único que intentan es concluir este periodo sin que otros sectores se adhieran a las crecientes protestas de descontento que el movimiento organizado ejerce para encontrar soluciones a sus demandas. De ejemplo tenemos las reivindicaciones de maestros, estudiantes, médicos, campesinos sin tierra, poblaciones de resistencia a la minería, jubilados, etc. Esperan si, el poder desarrollar de lleno una campaña política provista con recursos del Estado, para ver de que manera se mantienen en el poder a costa de lo vendepatrias que resultan ser.

Aparte de lo que se discute y define en las instancias de gobierno (Organismo Ejecutivo y Congreso de la República) la implementación del TLC y la globalización trae consigo otras secuelas que de igual forma afectarán a la población no sólo en aspectos económicos, sino también en su entorno natural y sus tradicionales formas de convivencia. Un hecho concreto son las ofensivas y millonarias campañas que realizan las empresas mineras que operan en amplias regiones de los departamentos de San Marcos, Izabal, Huehuetenango, El Progreso y Chiquimula. (La manifestación de trabajadores mineros del 10 de agosto en la Ciudad de Guatemala no solo fue manipulada, sino desarrollada bajo la amenaza de que rehusarse a participar ponían en riesgo sus propios empleos). ¿Será esta una manifestación genuina del pueblo? No parece, pues sus propios dirigentes mencionaron el haber utilizado más de 11 aviones y decenas de buses para cumplir su objetivo que era el de contra restar los resultados de las consultas comunitarias realizadas en Huehuetenango, donde más de de 28,000 personas en 5 municipios hicieron uso del derecho cívico para expresar su desacuerdo en esta nueva política económica que es apoyada incondicionalmente por el gobierno de turno que promueve una falsa opción para el desarrollo.

Lo único que es seguro con este tipo de industrias extractivas, es el agotamiento de los recursos como el agua y la desaparición de comunidades. Pero como la minería solo es una pieza más del entramado económico del TLC, de igual forma se ha hecho el anuncio de nuevas solicitudes de exploración y explotación de petróleo en los departamentos de Alta Verapaz, Peten e Izabal; pues como se sabe, uno de los proyectos más preciados que se contemplan en esta administración y que forman parte del Plan Puebla Panamá – PPP; es la instalación de una gran refinería en Puerto Quetzal, Escuintla; la cual requerirá de inversiones que alcanzan los $ 7,000 millones de dólares. Por lo tanto, requerirán de mayor materia prima, aparte del petróleo que provenga de México para cerrar el ciclo del refinamiento y así el negocio les sea rentable.

De igual forma tiene relación con este tipo de proyectos, el próximo proceso de licitación de la Franja Transversal del Norte, en el que se definirá a que empresas se otorgan los contratos para la construcción del megaproyecto, cuyo costo oscila entre los 1.5 y 2 mil millones de quetzales. (En agosto vence el plazo para la recepción de ofertas que entrarán en concurso). De la mano a estas grandes inversiones que tienen que ver con la industria de los hidrocarburos, podemos mencionar que también hay un vinculo en la decisión de haber aprobado un incremento a los combustibles a principios de este mes (Q1.00 – Q.1.30 sobre el valor) lo cual sitúa el nuevo precio por galón de gasolina entre los Q 28.00 y los Q 29.00 quetzales por galón.

Lo anterior, combinado con las nuevas regulaciones en el comercio, ineludiblemente terminarán afectando un alza en la canasta básica y en el deterioro de la calidad de vida de la población, por lo que nuevamente nos volvemos a preguntar ¿Dónde están los beneficios al consumidor?. Por eso, aunque tome un poco más de tiempo y cuando los consumidores en general resientan los primeros sin sabores del TLC, será el momento de hacerle frente al neoliberalismo con nuevas formas de lucha y resistencia, ya que hasta hoy lo único que nos ha ofrecido el neoliberalismo es la persuasión del diálogo o bien el uso de la fuerza.

- Iván Martínez Unidad de Investigación e Incidencia Asociación CEIBA

Fuente: El Comunicador Social, Boletín informativo de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad, CEIBA.