[ACTA] La Cumbre de los Pueblos por la Soberanía y la Integración Sudamericana finalizó esta tarde con una multitudinaria movilización que recorrió las principales calles céntricas de la ciudad de Córdoba.

Integrantes de organizaciones sociales de Argentina y de Uruguay, Bolivia y Brasil, entre otros países, partieron en caravana desde Avenida Colón y General Paz hacia las inmediaciones del Palacio Ferreyra, donde entregaron a los Presidentes reunidos en la Cumbre del Mercosur el documento con las conclusiones y propuestas elaboradas durante las dos jornadas de intenso debate.

Una fuerte custodia policial, apostada frente a un vallado vigilando la llegada de la multitudinaria marcha, enmarcó el acto de entrega del documento por parte de las organizaciones.

En una extensa declaración final, los representantes de las distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales denuncian “la política de militarización llevada a cabo por Estados Unidos, que es integral e impregna todas las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas”.

Agregan “que los tratados comerciales como el ALCA y los TLC bilaterales, tienen como sustento a los pactos militares. En América Latina todos los yacimientos estratégicos, minerales, energéticos, alimentarios y acuíferos son objeto de tratados para la instalación de bases para su control y dominio”.

Demandan a los gobiernos políticas que “respeten los espacios comunes de los pueblos originarios en nuestras fronteras, sin dividir sus territorios ancestrales y que retomen las recomendaciones del III Informe sobre Cuestiones Indígenas, para que los temas de los pueblos originarios sean transversalizados en el Mercosur”.

Repudian “la abstención de la Argentina el 29 de junio en la votación sobre la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, en el momento de la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra”.

Reclaman que “el trabajo autogestionado sea reconocido como una relación económica, social y cultural a partir de un régimen jurídico, económico, laboral, social y fiscal adecuado a sus necesidades para crecer y cumplir un rol fundamental en la construcción de un proyecto de Justicia Social y de Independencia Económica de los Pueblos”.

Rechazan “la extranjerización de la tierra, el monocultivo y los transgénicos que dañan la salud y la soberanía alimentaria de los pueblos” y repudian “cualquier intento de privatización en el área educativa en todos los niveles”.

Exigen que “se reconozca el principio de la autodeterminación política, cultural y territorial de los Pueblos Originarios y comunidades urbanas y rurales”.

Por todo esto, las organizaciones manifiestan el compromiso de “avanzar en la construcción de instituciones y mecanismos de integración de los Pueblos con la participación ciudadana democrática y solidaria, ejercitando el derecho a conocer y controlar los actos de gobierno”.

También se comprometen “a unificar las acciones y articulaciones organizativas de las y los trabajadores migrantes en la región para defender los derechos sociales y laborales de los mismos y establecer un plan de lucha contra el tráfico de personas”.

Reivindican a la Seguridad Social como “un derecho humano fundamental de los trabajadores quienes deben participar en la administración de los sistemas de previsión social sobre bases solidarias, universales y redistributivas porque los sistemas de capitalización individual obligatorios, caracterizados por el lucro e impulsados desde los organismos financieros multilaterales, no forman parte de la seguridad social”.

Y bregarán por garantizar “los derechos humanos y sociales a la salud, la vivienda, el acceso a la justicia y a una educación que respete la identidad cultural para permitir una vida digna en el campo y la permanencia y desarrollo de las y los jóvenes campesinos”.