Buenos Aires, 4 de mayo de 2006

Sr. Presidente de la República
Dr. Néstor Kirchner
S/D

De nuestra mayor consideración

Agradeciendo su gentileza de recibirnos y en representación del
Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional
Orientadora (MORENO), integrado por diversas organizaciones de
ex trabajadores del petróleo, el gas, la energía eléctrica, la
Asociación de profesionales de la CNEA y destacados técnicos y
especialistas, hemos considerado conveniente dirigirle la
presente carta, en la que sintetizamos nuestras opiniones,
fundadas en los siguientes razonamientos:

El contexto internacional y las crecientes demandas de energía
que el país necesita y que el mercado ha demostrado ser
incapaz de asegurar, han generado el sentimiento mayoritario de
que la planificación, producción, transporte y comercialización
de los bienes energéticos por parte del Estado Nacional,
constituye una de las herramientas básicas para el creciente
desarrollo económico del país.

El MORENO ha venido insistiendo en que la desregulación
energética que iniciara Carlos Menem junto a Roberto Dromi y
Domingo Cavallo en los años 90, ha sido una aventura de
grandísimas pérdidas que cambió la tradicional política del
Estado que la Argentina venía desarrollando en la mayor parte
del Siglo XX. Con grandes dirigentes nacionales de la talla de
Jorge Newbery, Hipólito Yrigoyen, Enrique Mosconi, Marcelo T.
de Alvear, Juan D. Perón, Julio V. Canessa, Arturo Sampay y
Arturo U. Illia.

Más allá de las diferentes consideraciones ideológicas, lo que es
evidente es que después de quince años de privatizaciones, este modelo
es incapaz de asegurar el crecimiento económico del país y nos coloca al
borde de una crisis energética. Insistir en él es una suerte de suicidio
energético. Cualquier medida que prolongue las adoptadas por el gobierno
menemista, implica desconocer el carácter estratégico de los
hidrocarburos y la necesidad de garantizar a todos los argentinos el uso
y goce de bienes que les pertenecen, porque la energía antes que un
commodity es un derecho humano y un bien social.

EL FRACASO DEL MODELO NEOLIBERAL ENERGÉTICO:

El cambio radical de política petrolera que implementó Carlos Menem
tuvo, entre otras, las siguientes consecuencias:

1) Precio internacional: los argentinos hemos venido pagando los
combustibles a un precio mucho mayor del que pagábamos, que tiene como
referencia el precio del mercado internacional y no los costos internos.

2) Incumplimientos de las concesionarias: las petroleras no
cumplieron con las obligaciones contractuales de mantener y ampliar el
nivel de las reservas con inversiones en exploración y perforación de
nuevos pozos. El nivel de reservas ha disminuido a un tercio de las
existentes antes de la privatización.

3) Ausencia de control del
ambiente: la contaminación del medio ambiente y las napas de agua es
creciente en casi todos los yacimientos del país, donde no hay autoridad
de control ni reparación del daño causado.

4) Falta de inversiones
en gas natural: no se construyó ni un metro de gasoducto para el mercado
interno; el 40% de la población carece de gas natural y está obligada a
pagar la garrafa a precios extraordinarios.

5) Importación de
energías: podemos decir, que habiendo logrado nuestro país el
abastecimiento energético, hoy está obligado a importar diesel, fuel oil
y electricidad. El mercado ha demostrado su fracaso para producir un
abastecimiento energético que pueda satisfacer el creciente desarrollo
económico argentino.

6) Fraccionamiento del subsuelo: también
podríamos apuntar como política equivocada que se sigue manteniendo el
criterio de otorgar a las provincias el dominio jurisdiccional del
subsuelo, que no existe en el mundo, esbozado en los numerosos proyectos
modificatorios de la actual Ley Nº 17.319. Sólo cabe tener una política
nacional y una explotación centralizada en lo político y operativo, sin
que ello implique desconocer los derechos de las Provincias en cuanto a
la participación en las riquezas generadas.

7) La liberación del
precio del gas en boca de pozo: esta medida fue dispuesta por los
decretos Nº 180 y 181, cuando ante los faltantes de marzo del 2004
correspondía el retiro liso y llano de la concesión de explotación,
significa la entrega al oligopolio productor a todos los usuarios no
domésticos; en este esquema, los más perjudicadas serán las PYMES, que
deberán aceptar las exigencias o cerrar sus plantas.

8) Fraude
Contable: en marzo de este año los argentinos nos enteramos que
Repsol-YPF había declarado como propias un 20% de reservas que no le
correspondían. Entendemos que el gobierno tiene la obligación de exigir
una explicación a la empresa por esta anomalía.

9) Los ilícitos
petroleros de los 90: no se han iniciado investigaciones referidas a los
ilícitos de la Década de los 90’; por ejemplo, los que derivan de los
inconstitucionales Decretos Desreguladores de 1989 (Nº 1.055; 1.212 y
1.589) firmados por Menem y el ministro Roberto Dromi, tales como la
acumulación de áreas que superen el número de cinco (Ley Nº 17.319) y la
conversión de contratos de obras y servicios en concesiones de
explotación, maniobra expresamente declarada de nulidad absoluta por la
Ley citada. La escandalosa prórroga de la concesión de Loma de la Lata
en la gestión De la Rúa, con 17 años de anticipación sigue vigente, al
igual que las de Ramos y Acambuco durante la gestión menemista. La
primera venta de YPF a U$U 19 la acción (cuando su valor real era de 36
dólares), sin tasación oficial previa (solamente fue tasada por Firts
Boston y Merryl Lynch) constituye un ilícito de una magnitud tal que
debe ser investigado.

10) La irracional política exportadora de
hidrocarburos: el mantenimiento de las exportaciones es manifiestamente
inconstitucional; en efecto, la Constitución Nacional determina que los
recursos deben ser explotados racionalmente y en beneficio de las
generaciones presentes y futuras, cuyo derecho debe ser preservado.
Además, estas exportaciones son negocios entre empresas privadas que han
sido mal autorizadas por los distintos Secretarios de Energía y deben
dejar de ser avaladas por el Estado Nacional. Desde el punto de vista
del derecho internacional, el Protocolo firmado con Chile no tiene
jerarquía constitucional de Acuerdo. Además, la Ley de Hidrocarburos
exige mantener un adecuado nivel de reservas –hoy inexistente- y
prioriza el autoabastecimiento.

HACIA UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO

En el profundo convencimiento de que somos los pueblos –no los
empresarios privados- los dueños de los recursos naturales y quienes
determinamos su forma de explotación y distribución, es necesario
reintegrar al Patrimonio Nacional los recursos y activos que pertenecían
a las grandes empresas nacionales y provinciales, como también preparar
un Plan Energético Integral que establezca la exclusiva administración
estatal y la ampliación de sus disponibilidades.

Ante el conflictivo escenario internacional y la creciente disminución
de nuestras reservas el MORENO propone las siguientes medidas: 1)
RECUPERACIÓN DE ÁREAS QUE VIOLAN LA LEY: Debe concretarse La Revolución
de la Ley para que el Estado Nacional recupere aquellas áreas que han
sido entregadas en base a disposiciones de los Decretos Desreguladores
de 1989 citados en esta nota. Idéntica actitud cabe para las áreas que
pertenecían a la YPF estatal que fueran transformadas en concesiones de
explotación y permisos de explotación por la Ley de Privatización de
YPF; en este caso, debe desconocerse el Decreto Nº 1.108/93 que las
prorroga indebidamente. También es necesario declarar la nulidad de las
prórrogas ilegítimas de Loma de la Lata, Acambuco y Ramos. Las áreas
recuperadas deben ser asignadas a ENARSA, cuya ley de creación debe ser
modificada transformándola en una Sociedad del Estado.

2) GRAN EMPRESA ENERGÉTICA PÚBLICA: Enarsa, convertida en Enarse,
debe dejar de ser una mera oficina de distribución de concesiones a
multinacionales que no tiene yacimientos ni recursos. Enarsa debe
convertirse en una real empresa energética integrada con recursos,
yacimientos, transporte, refinería y bocas de expendio propias.
Consecuentemente, la nueva Ley de Hidrocarburos debe asegurar para el
Estado Nacional el dominio jurisdiccional de todo el subsuelo de la
Nación y convertir a Enarse en el único concesionario.

3) DEROGACIÓN DE LOS DECRETOS DESREGULATORIOS DE 1989: debe
considerarse a todas las actividades integrantes del ciclo económico de
los hidrocarburos como un servicio público, íntegramente regulado; para
ello, cabe derogar los decretos desregulatorios de 1989 y los Nº 180 y
181 de 2004, que liberan el mercado del gas entregándolo al oligopolio
internacional que extrae el 92 % del total.

4) AUDITORÍA DE RESERVAS Y DE COSTOS CON TÉCNICOS Y PROFESIONALES
ARGENTINOS: consideramos necesaria, como primera y urgente medida, la
realización de una auditoría de reservas por parte de técnicos
independientes de las petroleras. En la Ley de creación de ENARSA, se le
adjudica la formación de un Banco de Datos; nadie ignora que los datos
esenciales para sustentar cualquier política son los referidos a las
reservas. Transcurridos casi dos años desde que iniciara su
funcionamiento nada se ha concretado. Recientemente, ante presentaciones
de Repsol YPF SA ante los organismos de control donde cotiza sus
acciones, disminuyendo sus reservas, la Secretaría de Energía solamente
ha modificado la periodicidad de la presentación de las Declaraciones
Juradas y la repetición del Auditor contratado por la sociedad, lo cual
resulta totalmente insuficiente, pues no se audita en serio y se sigue
aceptando como verdad la palabra de las petroleras.

5) SUSPENDER LAS EXPORTACIONES: deben ser suprimidas de inmediato
contemplando el plazo mínimo para que los consumos domiciliarios de los
países receptores puedan adecuarse al lógico problema de la sustitución.

6) DESGRAVACIÓN Y BENEFICIOS A LAS PETROLERAS: debe retirarse el
Proyecto de Desgravaciones y Beneficios para las Inversiones en
Exploración. Mientras en el mundo se discuten los contratos a favor de
los pueblos por el aumento espectacular que ha sufrido el crudo en los
últimos tiempos, este proyecto no solamente está a contramano de los
tiempos sino que no reconoce antecedentes en el continente y premia a
quienes no invirtieron en los últimos 15 años, como también derogarse la
Ley de Promoción de Inversiones en Infraestructura, conocida como Ley
Techint.

7) DETERMINAR EL REAL PRECIO DE LAS PRIVATIZACIONES
HIDROCARBURÍFERAS: Los objetivos nacionales de la política deben ser
recapturar los activos energéticos. A tales fines, será necesario
auditar el precio real de privatizaciones y el valor de sus reservas
actuales.

8) RECUPERAR REPSOL YPF: El gobierno nacional tiene director y
síndico titular y suplente en el directorio de esta compañía. Siendo
poseedor de la Acción de Oro de YPF S.A. la misma limita sus operaciones
de transferencia sin autorización argentina. En consecuencia el valor
internacional de esta compañía depende del poder de decisión argentino y
de las áreas que le han sido concesionadas El MORENO sostiene que la
mejor inversión que puede hacer el gobierno nacional es recuperar el
poder de decisión de esta compañía.

9) LA FAVORABLE COYUNTURA LATINOAMERICANA: El gobierno nacional debe
aprovecharla para poder reconstruir su petrolera nacional y junto con
los países hermanos constituir una gran empresa al servicio de nuestros
pueblos.

Comprenderá Ud. que son varias las inquietudes que nos preocupan.
Requerimos de Ud. que se ponga al frente de la recuperación de nuestros
recursos más estratégicos y valiosos y encabece, tal como lo ha
concretado el Presidente de Bolivia, una cruzada patriótica similar.

Quedando a su disposición para todo aquello que estime conveniente, lo
saludamos muy atentamente.

Fernando Pino Solanas, Presidente

Félix Herrero, Gustavo Calleja, José Rigane, Vicepresidentes