Según parece, la tele conferencia de prensa que - gracias al apoyo de Public Citizen - integrantes del Programa de Derechos Humanos de CEDAL, del Foro Salud y la Comisión Episcopal de Acción Social del Perú realizamos con la prensa de Washington el 12 de abril pasado, el mismo día en que el Presidente Alejandro Toledo y su Ministro de Comercio firmaban un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y los EE.UU., fue la gota que rebalso el vaso. A partir de entonces, autoridades del Gobierno peruano han desatado una cacería de brujas con el objeto de satanizar las opiniones de las organizaciones sociales y ONGs que hemos expresado nuestra preocupación por los impactos negativos que el TLC negociado supondrá para el ejercicio de varios de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país.

Peor aún, autoridades del Congreso peruano y de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), han acusado públicamente a CEDAL y al Foro Salud de estar desviando fondos de la cooperación internacional para el desarrollo en favor de la campaña anti-TLC. El desvió de fondos a propósitos no autorizados constituye un delito, y anuncia intervenciones peores en contra de los funcionarios y directivos responsables de estas instituciones y espacios de sociedad civil, que pueden incluir su encauzamiento penal y la probable intervención de sus instituciones.

CEDAL ha negado rotundamente las imputaciones formuladas, y señalado que la actitud del Gobierno peruano no solamente refleja un alto grado de intolerancia y autoritarismo, sino que expresa a la vez una manifiesta violación del derecho de sus ciudadanos a opinar y expresar libremente sus ideas, sin verse por ello expuestos a represalias arbitrarias por este motivo. Ha otorgado, además, un plazo a las autoridades implicadas para que muestren las evidencias que respaldan sus acusaciones, y anunciado que - en caso de que ello no ocurriera - las enjuiciará por difamación y calumnia, además de exigir las reparaciones correspondientes.

CEDAL lamenta que actos como estos provengan de un gobierno que se dice democrático y llama a la opinión publica nacional a internacional a condenar estas amenazas a la libertad de expresión.

Cartas en este sentido pueden ser enviadas a la Presidencia de la Republica (Presidente Alejandro Toledo/Despacho Presidencial/Plaza Mayor s/n/Lima, Perú), la Presidencia de la Comisión de Constitución del Congreso (Presidente de la Comisión de Constitución del Congreso/Dr. Antero Flores Araoz/Congreso de la República del Perú/Palacio Legislativo/Plaza Bolívar/Av. Abancay s/n/Lima 1-Perú) y a la Dirección Ejecutiva de APCI (Director Ejecutivo/Sr. Oscar Schiappa Pietra/Av. José Pardo 261, Miraflores, Lima 18-Perú / tlfax. 511 2424926) expresado sus puntos de vista al respecto, y enviando copias de tales comunicaciones a CEDAL (Jr. Talara 769, Jesús María, Lima 11-Perú)

Lima, 3 de Mayo de 2006