Con la Resolución 1250 de 2005 dictada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, CRT, los neoliberales, con el presidente-candidato Uribe a la cabeza, encarecen las tarifas de la telefonía local y avanzan en la eliminación de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. En otras palabras, esta resolución es la adecuación de la estructura tarifaria al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) para volver apetecibles todas las empresas de telefonía, inclusive las más pequeñas, a los voraces inversionistas extranjeros.

Como está plasmado en la parte motiva de la Resolución 1250, el principio fundamental de la nueva estructura tarifarla es el de “eficiencia financiera”, el cual traducido al idioma común significa que todas las empresas de telefonía deben generar enormes ganancias, aun cuando a los usuarios se les impongan brutales cargas e, inclusive, terminen renunciando al servicio, en un absurdo económico para las mismas empresas.

Bajo la figura de “cargo básico”, se mezclan el cargo por disponibilidad del servicio, con el de consumo, lo cual viola, entre otras, la Ley 142 de 1993, el Reglamento de Suscriptores (Decreto 3296 de 1989) y el Estatuto Nacional de Usuarios de Servicios Públicos (Decreto 1842 de 1991). Estas normas, todavía vigentes, obligan a las empresas y dan el derecho a los usuarios, a que se facturen como rubros separados la disponibilidad y el consumo.

El cargo por disponibilidad lo configuran los costos de mantener la conexión disponible, y el cargo por consumo está definido como el resultado de multiplicar el número de unidades de tiempo de conexión por el precio de cada unidad (impulso o minuto). Con las malhadadas tablas, el usuario paga el cargo básico, que incluye un elevado costo por consumo disponible, así no se use el servicio. Esta tragedia ya la están sufriendo los arrendadores con locales desocupados, y la sufrirán colegios, universidades, juzgados y muchos profesionales obligados a vacaciones forzosas. La medida es tan absurdamente antisocial, que le están cobrando el “cargo básico”, es decir un mínimo por minutos, a aquellos usuarios que tienen desconectado el teléfono por falta de pago. El “cargo básico” es, en realidad, un cargo fijo encarecido.

En la lógica neoliberal e invirtiendo la tradición histórica de las empresas estatales de servicios públicos, el servicio se encarece en la misma medida en que la población aumenta su pobreza. Así, en la medida en que la población se empobrece busca consumir menos y a menos consumo, es decir, a más pobreza, la gente escoge planes con menos minutos y, por lo tanto, terminará pagando “Más pesos por menos minutos”.

Particularmente, para los estratos 1,2 y 3, queda establecido que los minutos subsidiados irán disminuyendo, hasta su eliminación total. La resolución 1250 prevé que, si los recargos a los estratos 4, 5 y comercial no alcanzarán para cubrir los minutos subsidiados, se reducirán éstos últimos proporcionalmente a los tres estratos más bajos, o se eliminará el subsidio al estrato tres con rebajas proporcionales a los otros dos. En todo caso, cualquier minuto que sobrepase el Plan, se cobra a tarifa plena, como si vivieran en el estrato cuatro.

Como si fuera poco, los planes se impusieron a los usuarios, ya porque fue imposible su acceso a las pocas líneas telefónicas o a la página web destinada para la inscripción, ya porque un funcionario consejero les impuso su consejo. El plan impuesto se fundamentó en premisas falsas. La más escandalosa de ellas, que los promedios de consumo se hayan calculado incluyendo las llamadas de larga distancia y otros servicios, taxativamente distintos a la telefonía local aún más en la mayoría de las empresas no existen bases de datos históricas para hacer los cálculos adecuados.

Con esta suma de atropellos, así reviente el usuario, todas las telefónicas, inclusive las de las ciudades pequeñas e intermedias, deberán generar la misma proporción de ganancias por ley, es decir, por fuera de las leyes de la oferta y la demanda que tanto veneran los neoliberales. Todo para que los inversionistas extranjeros, ahora con la apertura total en el TLC y sin impuestos, se apropien del negocio telefónico en su totalidad. Así mientras a los estratos 1, 2 y 3 se les aumenta en la realidad la tarifa con los mecanismos expuestos, a los estratos superiores y comercial se les beneficia, por que con el plan de tarifa ilimitada, ellos que son los mayores consumidores individualmente considerados pagaran un minuto promedio a menor costo y los empresarios pagarán menos, en detrimento de los ingresos de las empresas públicas y con afectación a los estratos populares.

En contraste, el gobierno entrega a manos transnacionales nuestra empresa nacional de telecomunicaciones y se les da a los extranjeros plenas garantías de explotación de las redes de las empresas estatales regionales recortándole sus derechos y viabilidad económica.

Aplicada la Resolución 1250, las protestas de los usuarios no se hicieron esperar, y resonó la voz de la Unión de Usuarios y defensores de los Servicios Públicos. Ante el reclamo popular, la CRT y la Superintendencia de Servicios Públicos se vieron obligadas a recular, permitiendo que en aquellos casos en que se haga evidente la desproporción, se acepta que los usuarios puedan reclasificarse, aun cuando no hayan pasado los seis meses mínimos que impone la resolución de permanencia en el Plan. Igualmente aceptó que, para las dos primeras facturas, se tasara el minuto de exceso a precio de plan.

Esta pequeña victoria señala el camino en la lucha por la derogatoria de la resolución 1250.

La UNION NACIONAL DE USUARIOS Y DEFENSORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, por las anteriores consideraciones ha decidido instaurar una acción popular contra la Resolución 1250 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones así mismo ha acordado establecer la fecha 21 de abril de 2006, día de la Jornada Nacional de protesta contra dicha Resolución y el aumento de las tarifas, exigiendo se cobre el consumo real a precios justos así como la eliminación de todas aquellas formulas que el gobierno inventa para aumentar las tarifas como es la re-estratificación caso que viene sucediendo en diversas ciudades como en Santiago de Cali.

Reiteramos nuestra posición indeclinable de defensa de las empresas estatales de servicio público por su vocación social y exigimos al Presidente Uribe suspender definitivamente su política de privatización y los consecuentes aumentos tarifarios asi como la firma del TLC.

Llamamos finalmente a fortalecer nuestra organización a nivel nacional en todos los departamentos y ciudades y a movilizarnos masivamente.

UNION NACIONAL DE USUARIOS Y DEFENSORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

WEB: http://unionusuariossp.org