El Tratado de Comercio entre los Pueblos –propuesto por el presidente Evo Morales– es una respuesta al agotamiento del modelo neoliberal, fundado en la desregulación, la privatización y la apertura indiscriminada de los mercados.

Ya no es aceptable que un grupo reducido de naciones poderosas le nieguen a los países pobres el derecho a diseñar sus propios modelos de desarrollo en función de sus necesidades internas, e intenten dictar una política económica “global” que no solucionará nuestros problemas de desarrollo, como lo señalan los propios documentos del Banco Mundial.

Durante los años ’90 nos dijeron que con las políticas conocidas como “Consenso de Washington” los países pobres iban a acercarse a los ricos: hoy vemos que ocurrió exactamente lo contrario. Los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Por eso en América Latina los pueblos han comenzado a ser los artífices de su propio destino, y están castigando en las urnas a los artífices de las políticas de entrega aplicadas durante casi 20 años.

TLC: La muerte del campo

La realidad de los países que firmaron el TLC con Estados Unidos está lejos de los cantos de sirena de los economistas neoliberales. México es el país más interesante para evaluar los efectos del “libre comercio” ya que firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá en 1994.

Detrás del aumento en las exportaciones, los estudios muestran que el TLC barrió con gran parte de la pequeña y mediana industria, que era la que generaba empleo formal; desarticuló las cadenas productivas existentes sin crear otras y fortaleció la desnacionalización del sector de la gran industria volcado a la exportación.

Pero quizás el resultado más nefasto de esta política de “liberalización comercial” haya ocurrido en el campo. Algunos autores hablan lisa y llanamente de la “destrucción del campo mexicano”.
De ser autosuficiente y exportador de alimentos básicos, México pasó a importar el 40 por ciento de los granos y oleaginosas que consume: entre 1994 y 2000 incrementó 242 por ciento sus importaciones de arroz, 112 por ciento las de maíz, 84 por ciento las de trigo, 75 por ciento las de soya, 48 por ciento las de sorgo y en las de origen pecuario creció 247 por ciento la de carne de res. Por ello, en los últimos ocho años se perdieron un millón ochocientos mil empleos agrícolas y se disparó la migración rural, no sólo la de temporada dirigida a los campos irrigados, sino también la que marcha a las ciudades y sobre todo a Estados Unidos. Se calcula el éxodo en 5 millones de mexicanos y Estados Unidos ha “resuelto” el problema con un muro en la frontera.

Un artículo periodístico alertaba hace poco: “La opción de vida en el campo para la gran mayoría de los miles de productores está puesta en duda. Los ganadores no son más de mil personas frente a millones de perdedores”.

Sólo a modo de ejemplo: en EE.UU. se aprobó en mayo de 2002 la Ley de Seguridad Alimentaria e Inversión Rural 2002-2011, que aumenta en casi 80% las ayudas directas a la agricultura, con un paquete de más de U$S 180 mil millones a 10 años.

¿Qué es y que pretende el TCP?

A diferencia del ideario capitalista, el TCP introduce en el debate sobre la integración comercial la complementación, la cooperación, la solidaridad, la reciprocidad, la prosperidad y el respeto a la soberanía de los países. En ese sentido, incorpora objetivos ausentes en los programas de integración comercial propuestos desde el Norte, como son la reducción efectiva de la pobreza, la preservación de las comunidades indígenas y el respeto a la naturaleza.

El TCP entiende al comercio y la inversión no como fines en sí mismos sino como medios del desarrollo, por eso su objetivo no es la liberalización absoluta de los mercados y el “achicamiento” de los Estados sino el beneficio para los pueblos. Es decir, el fortalecimiento de los pequeños productores, microempresarios, cooperativas y empresas comunitarias, facilitando el intercambio de mercancías con los mercados extranjeros.

El TCP no está pensado para un pequeño grupo exportador, sino que se propone como parte de un nuevo modelo económico destinado a mejorar las condiciones de vida de los bolivianos (ingresos, salud, educación, agua, cultura) y promover un desarrollo sostenible, equitativo, igualitario y democrático que permita la participación consciente de los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas. Si los TLCs se negocian en secreto el TCP debe ser parte de la activa participación y discusión por parte de los movimientos sociales que, a través de nuestro instrumento político, hemos comenzado a gobernar Bolivia para los bolivianos.

El TCP quiere reconstruir el Estado, no destruirlo

La integración comercial promovida por los países centrales privilegian la “libertad de mercado” frente a las funciones regulatorias de los Estados, y niegan a las naciones más débiles el derecho a proteger a sus sectores productivos. Los TLC s son como un “candado” que nos impedirá salir del neoliberalismo y tomar medidas soberanas como la nacionalización de los hidrocarburos. Una de las cláusulas del ALCA y los TLCs establece que las controversias entre Estados y empresas se resolverán en tribunales arbitrales por encima de los Estados nacionales.

Pensando en el interés nacional, la propuesta de TCP promueve un modelo de integración comercial entre los pueblos que limite y regule los derechos de los inversionistas extranjeros y las transnacionales para que estén en función del desarrollo productivo de nuestro nacional. Socios y no dueños, como lo ha señalado el presidente Evo Morales. Por eso, parte de esta propuesta es incentivar acuerdos entre empresas públicas de los diferentes países para lograr su fortalecimiento mutuo.

El TCP no prohíbe el uso de mecanismos para fomentar la industrialización ni impide proteger las áreas del mercado interno que sean necesarias para preservar a los sectores más vulnerables. Si los TLCs implican la muerte del campo frente a los productos subsidiados del Norte, el TCP promoverá la defensa de las economías campesinas y la soberanía alimentaria de nuestros países.
El TCP reconoce el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias; a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional para evitar que su mercado doméstico sea inundado por excedentes de otros países; y a privilegiar el bien colectivo por sobre los derechos del agro-negocio a través del control de la oferta y la regulación de las importaciones.

Al mismo tiempo, el TCP considera que los servicios vitales dependen de empresas públicas como proveedoras exclusivas, reguladas por los Estados. La negociación de cualquier acuerdo de integración debe tener presente que la mayoría de los servicios básicos son bienes públicos que no pueden ser entregados al mercado. Por eso en el IV Foro del Agua, en México, la delegación boliviana defendió el acceso al agua como un derecho humano y no una cuestión meramente mercantil.

El TCP promueve una visión indígena del desarrollo

Los tratados comerciales diseñados en el Norte facilitan el desarrollo y la expansión del sistema capitalista a escala global que se fundamenta en la explotación ilimitada de los recursos naturales y humanos en la búsqueda constante del beneficio y la acumulación individual de riqueza, una visión que inevitablemente deriva en la degradación del medioambiente. La contaminación y depredación con el solo fin de obtener beneficios pone en riesgo la vida de los grupos humanos que conviven más estrechamente con la naturaleza, es decir las comunidades indígenas.

Los TLCs inducen a la fragmentación y posterior desaparición de las comunidades indígenas no sólo porque contribuyen a la destrucción de su hábitat sino también porque les empujan a una competencia descarnada y en igualdad de condiciones con las grandes corporaciones del norte.

El TCP cuestiona la sostenibilidad de la teoría del “crecimiento económico” y la cultura del derroche occidentales que miden el desarrollo económico de una nación según la capacidad de consumo de sus habitantes. Por ello plantea otra lógica de relacionamiento entre los seres humanos, es decir un modelo de convivencia distinto que no se asiente en la competencia y el afán de acumulación que aprovecha/explota al máximo la mano de obra y los recursos naturales.

Rescatando las premisas de la cultura indígena, el TCP postula la complementariedad frente a la competencia; la convivencia con la naturaleza en contraposición con la explotación irracional de recursos; la defensa de la propiedad social frente a la privatización extrema; el fomento de la diversidad cultural frente a la monocultura y la uniformización del mercado que homogeneiza los patrones de consumo.

El TCP defiende la producción nacional

En la retórica neoliberal, lo más importante es el ahorro estatal a través de la libre competencia de los ofertantes de servicios y bienes. Sin embargo, este argumento no compensa de ninguna manera el impacto que tiene sobre la producción nacional la liberalización de las compras estatales a empresas extranjeras ni tampoco toma en cuenta los efectos multiplicadores de la inyección de recursos en la economía interna. Perseguir la eficiencia en el gasto fiscal para ahorrar unos cuantos millones no justifica la privación de aplicar un mecanismo de fomento de la economía nacional ampliamente explotado por los países industrializados.

De ahí que el TCP insta a los países participantes de un proceso de integración solidario a dar prioridad a las empresas nacionales como proveedoras exclusivas de los entes públicos. No hay que olvidar que en la mayoría de los países del mundo, y pese a su virtual desmantelamiento en los años recientes, los Estados nacionales son los principales compradores de bienes y servicios. Independientemente de los acuerdos, la propuesta boliviana establece listas de proveedores prioritarios, especialmente grupos étnicos, cooperativistas y empresas comunitarias, para evitar la competencia ruinosa e imposible con las poderosas transnacionales.

Con la propuesta de un Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), Bolivia se propone alcanzar una verdadera integración que trascienda los campos comercial y económico –cuya filosofía es alcanzar el desarrollo endógeno justo y sustentable en base a principios comunitarios– que tenga en cuenta las diferencias nacionales respecto a población, superficie, producción, acceso a infraestructura y recursos e historia, en la línea de las dos propuestas de integración más avanzadas en este sentido como son la Alianza Social Continental (ASC) y la Alternativa Bolivariana para las Américas, más conocida como ALBA.

Los 10 principios del TCP

1. El Tratado de Comercio entre los Pueblos –propuesto por el presidente Evo Morales– es una respuesta al agotamiento del modelo neoliberal, fundado en la desregulación, la privatización y la apertura indiscriminada de los mercados.

2. El TCP entiende al comercio y la inversión no como fines en sí mismos sino como medios del desarrollo, por eso su objetivo no es la liberalización absoluta de los mercados y el “achicamiento” de los Estados sino el beneficio para los pueblos.

3. El TCP promueve un modelo de integración comercial entre los pueblos que limite y regule los derechos de los inversionistas extranjeros y las transnacionales para que estén en función del desarrollo productivo de nuestro nacional.

4. El TCP no prohíbe el uso de mecanismos para fomentar la industrialización ni impide proteger las áreas del mercado interno que sean necesarias para preservar a los sectores más vulnerables.

5. El TCP reconoce el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias; a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional para evitar que su mercado doméstico sea inundado por excedentes de otros países

6. El TCP considera que los servicios vitales dependen de empresas públicas como proveedoras exclusivas, reguladas por los Estados. La negociación de cualquier acuerdo de integración debe tener presente que la mayoría de los servicios básicos son bienes públicos que no pueden ser entregados al mercado.

7. El TCP postula la complementariedad frente a la competencia; la convivencia con la naturaleza en contraposición con la explotación irracional de recursos; la defensa de la propiedad social frente a la privatización extrema.

8. El TCP insta a los países participantes de un proceso de integración solidario a dar prioridad a las empresas nacionales como proveedoras exclusivas de los entes públicos.

9. Con la propuesta de un Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), Bolivia se propone alcanzar una verdadera integración que trascienda los campos comercial y económico –cuya filosofía es alcanzar el desarrollo endógeno justo y sustentable en base a principios comunitarios– que tenga en cuenta las diferencias nacionales.

10. El TCP plantea otra lógica de relacionamiento entre los seres humanos, es decir un modelo de convivencia distinto que no se asiente en la competencia y el afán de acumulación que aprovecha/explota al máximo la mano de obra y los recursos naturales.