Por el respeto a la persona humana y por el cumplimiento del bien común en Guatemala, demandamos a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad declarar ilegal la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Por el alto índice de pobreza, inseguridad, desempleo, analfabetismo y mortalidad infantil en Guatemala, el Estado no debe aceptar la realización de prácticas comerciales y de inversiones en condiciones de desigualdad, ya que esto implica el abandono de la obligación constitucional del Estado de proteger la economía campesina y provocar la posible quiebra de pequeñas empresas. Pues, lejos de promover una "competencia leal" en la zona de libre comercio, lo que se establece el "TLC" es un régimen de competencia desleal, permitiendo que empresas guatemaltecas se encuentren en disparidad frente a las empresas norteamericanas en lo tecnológico, comercial e industrial y bajo esas circunstancias competirán en franca desventaja en las licitaciones públicas para agenciarse la provisión de bienes o servicios.

El Tratado de Libre Comercio violenta la Constitución Política de la República de Guatemala y leyes ordinarias, ya que es lesivo a los intereses de las y los guatemaltecos, asimismo resta y limita la función del Estado para la promoción del bien común y protección de la Persona en lo siguiente: Libertad de industria, comercio y trabajo; Desprotección a menores, ancianos y minusválidos; Desatención del Estado a sitios arqueológicos, conjuntos monumentales y Centros Culturales; Abandono de las tierras y cooperativas agrícolas indígenas; Inaccesibilidad a la educación, salud y asistencia social; Desinterés en propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico. Falta de política estatal en protección del Medio ambiente; Inseguridad social; Flexibilidad laboral e incremento del desempleo; desequilibrio económico; Servicios de transporte comercial y turístico sin apoyo gubernamental.

La implementación de un tratado comercial con Estados Unidos, Guatemala nunca promoverá un desarrollo económico igual para los sectores productivos como la población indígena y campesina, ya que permitirá sin tanto trámite la explotación de los recursos naturales; Se agudizará la pobreza y no se elevará el nivel de vida de todos los habitantes como lo hacen ver los empresarios; No habrá apoyo técnico y financiero a la población campesina para la exportación de sus productos; Inexistencia de políticas en defensa de los consumidores y usuarios en cuanto a la calidad de los alimentos que el país norteamericano enviará a Guatemala, lo que implica un nuevo modelo y una filosofía económica que contradice nuestra Constitución.

Finalmente, el TLC lejos de sentar las bases para incrementar la riqueza nacional, acrecentará la brecha existente entre los países suscriptores del tratado, por tanto contradice pactos y convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado de Guatemala, los cuáles tienen mayor jerarquía que el TLC según el artículo 46 de la Constitución Política.

Ante tanta inconsistencia del TLC, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas -CNOC- demanda a los Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo siguiente:

1. Que mediante la sana crítica y lógica Jurídica se resuelva declarar con lugar la Acción de Inconstitucionalidad General total en contra del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados unidos de América; del Decreto número 31-2005 del Congreso de la República y del instrumento de ratificación por parte del Presidente de la Republica de fecha 8 de agosto de 2005.

2.- Que la Corte de Constitucionalidad solicite al Organismo Ejecutivo y Legislativo a no comprometerse a firmar ningún tratado comercial que perjudique a la gran mayoría de población guatemalteca.

Guatemala, 4 de abril 2005.