En la última semana el gobierno no ha cosechado sino fracasos en su
antipopular intento de suscribir el TLC con Estados Unidos. Primero
fue la visita del ministro Botero a Washington de la cual lo único que
salió fue reanudarían las negociaciones a finales de enero, cosa que
contradice todos los anuncios de que se cerraría el tratado en
diciembre y que había una intensa negociación.

Después el Tribunal Andino de Justicia declaró que el decreto 2085 que
aumenta a 5 años la exclusividad de los datos de prueba para las
multinacionales, chocaba con la legislación andina en materia de
propiedad intelectual. Este fallo tiene gran importancia pues muestra
que el gobierno colombiano viola la legislación de la CAN y lo que es
peor, anuncia que no va a acatar el fallo. Con ello da un nuevo golpe
demoledor a este acuerdo subregional cuya viabilidad depende de que
los miembros, en caso de controversias se acojan a las normas
definidas conjuntamente. Toda la fraseología sobre preservar los
acuerdos con los vecinos quedó en el suelo.

Finalmente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca expidió una
medida cautelar en la cual llama a no firmar el TLC pues atenta contra
derechos fundamentales. La medida cautelar considera bastante
verosímil que un tratado de estas características afectará gravemente
a la población, aunque no es un fallo definitivo, refleja la
preocupación del alto tribunal sobre los peligros que acechan al país.

Todos estos hechos aumentan la percepción en la opinión pública de
que la obstinación en firmar el tratado va en contra de los intereses
nacionales y aun de la situación económica mundial y obedece a la fe
ciega en los dogmas neoliberales. Los fundamentalistas del libre
mercado como Homes y Montenegro están iracundos e incluso han
criticado hasta a los exportadores que recomiendan ir con calma pues
no perciben las anunciadas ganancias y menos cuando Perú firmó un
tratado que satisface todos los intereses estadounidenses y se
convierte en el modelo a seguir para el gobierno colombiano.

Si el gobierno sigue en la negociación ultrasecreta y con el
propósito de ceder todo, tendrá que pagar un alto costo político. No
importa que haga maniobras distractoras en materia de paz o de salario
mínimo o incluso que acuse a Estados Unidos de chantajear con el Plan
Colombia. Para la campaña reeleccionista de Uribe pesará como un
piedra atada al cuello su deseo de firmar rapidito un TLC que no puede
ser sino lesivo y antinacional.

Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca

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Bogotá, diciembre 19 de 2005