CONCLUSIONES de la VISTA PREVIA SOBRE LA DEUDA ECOLÓGICA DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINIÓN SOBRE LA DEUDA EXTERNA BARCELONA

15 de OCTUBRE

Tras escuchar las evidencias presentadas por los testigos y expertos en las cuestiones tratadas en esta vista, el Jurado compuesto por Arcadi Olivos, presidente de Justicia i Pau, Carlos Jiménez Villarejo, ex-fiscal anti-corrupción de la Audiencia Nacional, Miren Etxezarreta, catedrática de economía internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona, y Montserrat Puig, presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas de Catalunya, emitimos las siguientes conclusiones para que sean tenidas en cuenta a la sesión final del Tribunal Internacional de Opinión sobre la Deuda Externa a celebrar en Madrid los próximos 21, 22 y 23 de octubre de 2005:

De los testigos escuchados:

• A partir del testigo de Ferran Garcia,investigador de Veterinarios sin Fronteras, hemos conocido la acción de la empresa Pescanova en Chile en el sector de la producción de Salmón. El Grupo Pescanova opera en Chile a través de PescaChile, y en su proceso de expansión para la exportación de Salmón, PescaChile contó con el apoyo de instituciones públicas españolas de promoción a la exportación, como COFIDES. La producción de salmón en Chile es muy agresiva social y ambientalmente (alteración de los ecosistemas marinos, contaminación, sobreexplotación de los bancos de pesca locales, condiciones laborales pésimas, etc. ), y la región salmonera dónde opera PescaChile es una de las más pobres del país. En este contexto, es necesarioa destacar que los beneficios generados por el cultivo del Salmón no han revertido en una mejora de las condiciones de vida de la población. Pescanova, y su filial PescaChile, siguen obteniendo importantes beneficios monetarios de la explotación de salmones en Chile, pero ignoran la deuda social y ecológica que genera su actividad.

• La exposición de Jaume Altimira, investigador de Veterinarios sin Fronteras, ha puesto en evidencia la generación de deuda ecológica a través de la introducción y posterior explotación de la Perca del Nilo en el Lago Victoria (África Central). La producción y la comercialización de este producto esconde un desastre ambiental y humanitario, y ha provocado una pérdida de soberanía alimentaria y de puestos de trabajo en las comunidades de pescadores locales. La sobre-explotación pesquera de la zona y el hecho que la pesca se destine casi en su totalidad a la exportación, ha tenido efectos negativos en la dieta alimentaria de sus habitantes, y alrededor de la mitad de la población se encuentra en situación de desnutrición. La introducción de la Perca del Nilo al Lago Victoria ha provocado también una grave pérdida de biodiversidad, incluyendo la extinción masiva de especies autóctonas de pescados, de consumo tradicional, la contaminación de las aguas del lago y la desforestació de buena parte de los bosques de las riberas del lago.

• Ivonne Yànez, investigadora de OilWatch (Ecuador), ha ofrecido evidencias de la relación entre la industria del petróleo y la generación de deuda ecológica, principalmente por la gran cantidad de impactos ambientales y socioeconómicos que esta industria está provocando a los países del Sur dónde opera. Marc Gavaldà, autor de "La Recolonización. Repsol en América latina: invasión y resistencias" (Icaria Ed. 2004), ha explicado al tribunal los impactos que la empresa española REPSOL está causando en varios países latinoamericanos dónde actúa. Por ejemplo, impactos sobre la calidad y salubridad del agua, con un efecto directo sobre la salud de las poblaciones afectadas, provocados por contaminación que REPSOL genera en las tareas de prospección y explotación petrolera. O las gravísimas consecuencias provocadas por una fuita de gas en Bolivia, que han quedado sin respuesta. En este sentido ha denunciado la connivencia entre la empresa y los gobiernos locales, que permitan que esta primera actúe con toda impunidad. Ha explicado como REPSOL YPF se enfrenta hoy en día a demandas judiciales en varios países por daños ecológicos, incluida la demanda presentada por comunidades Mapuche en Argentina, organizaciones ambientalistes de Bolivia y Perú. REPSOL – YPF se ha expandido en América Latina pasando por encima de los derechos y el bienestar de las poblaciones y del mantenimiento de los ecosistemas, que habían sobrevivido en ahora a cinco siglos de saqueo y colonización.

Manari Kaji Ushigua, miembro de la Nacionalidad Zápara de Ecuador (NAZAE) y miembro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ha expuesto como las actuaciones de prospección petrolera de REPSOL están afectando la comunidad Zápara del Ecuador, destruyendo los recursos naturales imprescindibles para su supervivencia, incluyendo la desaparición de especies animales. Las acciones de las Petroleras han provocado también la división de las comunidades y ha generado conflictos antes inexistentes.

• Omar Mendivil, de la Organización de Usuarios Servicios Públicos y de Campaña contra Unión FENOSA de Colombia, no ha podido asistir finalmente al tribunal dado que las autoridades españolas se han negado a emitirle el visado necesario, pero ha hecho llegar información sobre el caso de los afectados en Colombia por la acción de esta empresa eléctrica española. A través de esta documentación hemos conocido cómo existen evidencias de como Unión FENOSA, a través de las empresas Electrocosta y Electricaribe (adquiridas por la empresa española), ha cometido diferentes clases de abusos y violaciones de derechos humanos en las comunidades del Caribe colombiano. Uno de los agravios más importantes es el de los cortes masivos de energía, así como el incremento indiscriminado de las tarifas, que ha dejado a amplios sectores sociales sin acceso a un servicio fundamental. Además, los cortes en el suministro eléctrico han provocado también la interrupción de los servicios de agua y alcantarillado en más de 100 municipios, lo que ha llevado a un empeoramiento de las condiciones de sanidad pública. La creación de entidades comercialitzadores comunitarias, para solucionar el problema de facturación, ha provocado enfrentamientos en algunas regiones entre las comunidades marginadas, la empresa y el Gobierno, lo que ha causado graves impactos socioambientals y culturales. También se ha tenido conocimiento del asesinato de importantes líderes sindicales y sociales que se opusieron a la privatización de las empresas eléctricas. Los testigos guatemalecos nos han expuesto su experiencia con la empresa Unión FENOSA a través de un vídeo. La construcción de una presa hidroelèctrica por parte de la empresa española implicó, entre otros, importantes movimientos de población forzados e inducidos con engaños, la destrucción ambiental del entorno (deforestació, erosión, etc.), así como la pérdida de tierras de cultivo, cementerios, lugares sagrados y otros espacios pertenecientes a las comunidades. A la luz de esta información resulta evidente la generación de una deuda social y ecológica no reconocidas por parte de la empresa Unión FENOSA en varios países de América Latina. Ante estos testigos y ante las explicaciones expuestas en el tribunal queremos expresar que: • Reconocemos el derecho universal de todas las personas a disponer de un medio ambiente saludable, que los permita desarrollarse íntegramente como personas. Reconocemos el derecho de los pueblos a la libre disposición de sus riquezas y recursos naturales y a no ser privados de sus propios mediados de subsistencia. Así como el derecho a asegurar que las futuras generaciones continúen disfrutando de este derecho.

2 • Reconocemos la existencia de una deuda ecológica que han contraído los países industrializados con los países empobrecidos del Sur. La existencia de esta deuda, aún creciente, atenta contra el derechos fundamentales de las personas, interdependientes e indivisibles, en especial los culturales, sociales, económicos y ambientales de la ciudadanía de los países empobrecidos, y tiene impactos directas negativos sobre la vida, la salud y el bienestar de los pueblos, en especial los sectores más vulnerables.

• Constatamos que las comunidades indígenas de países afectados por la acción contaminante de las empresas transnacionales han padecido gravísimos atentados sobre su identidad personal y colectiva, padeciendo persecuciones y discriminaciones, así como un proceso de empobrecimiento y de deterioro de la salud, el que ha empeorado su calidad de vida.

• Constatamos que la Deuda Externa financiera que los países empobrecidos tienen con los gobiernos del Norte, los bancos comerciales y las instituciones financieras internacionales, es un factor agravante de la deuda ecológica. Sabemos que la deuda externa y la deuda ecológica se acumulan debido al sistema económico capitalista mundial, que impulsa un determinado esquema de relaciones económicas internacionales, el cual implica el endeudamiento de los países pobres con el único objetivo de obtener mayores beneficios. La voluntad de los acreedores de asegurar el cobro de la deuda, obliga a los países endeudados a aplicar unas políticas de ajuste estructural que suponen altísimos costes sociales para las personas y ambientales en los territorios afectados y colocan en las economías locales en manos de inversores y comerciales foráneos. Estas políticas y las relaciones económicas que se derivan facilitan la actuación de las compañías transnacionales, dificultan el acceso a la tecnología, promueven la sobreexplotación de los recursos naturales, ponen freno a las migraciones y, cuando conviene, dan pie a las acciones armadas. Por otra parte, hace falta tener en cuenta las razones de carácter coyuntural que también explican el endeudamiento en el Sur, nacidas particularmente de la corrupción, la inestabilidad monetaria y de la compra de armamento.

• Constatamos que, en general, la actuación de las empresas transnacionales en el Sur, en particular de quienes detenten el poder de decisión en las mismas, ha agravado la situación de endeudamiento en los países empobrecidos y ha propiciado la acumulación de la deuda ecológica del Norte respeto al Sur. Denunciamos la violación de los derechos sindicales y laborales de la mayoría de estas empresas, así como los diferentes abusos y violaciones de derechos humanos contra las comunidades indígenas. Denunciamos también el impacto negativo de la actuación de estas empresas sobre la Soberanía Alimentaria y Energética de estas comunidades.

• Constatamos que los Gobiernos de los países empobrecidos dónde actúan estas empresas, así como intermediarios de varias naturalezas, son cómplices y facilitan las actuaciones agresivas de las empresas transnacionales en sus territorios. En consecuencia se incrementa la indefensión de las poblaciones que afecta la dignidad y la seguridad de las personas en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la educación y la sanidad.

• Constatamos que el Gobierno español es responsable de la acumulación de deuda ecológica tanto por las políticas económicas y energéticas que lleva a cabo como por el apoyo a las empresas transnacionales españolas que generan parte de esta deuda ecológica. Asimismo constatamos que que es ilegítimo que el gobierno continúe exigiendo la deuda externa y no reconozca la deuda ecológica ni que tome las medidas necesarias por hacerla desaparecer. En este sentido es injusto ignorar los efectos ambientales y sociales de las relaciones económicas internacionales Norte – Sur, mientras sólo se contempla – y aún sólo parcialmente - el aspecto monetario.

CONCLUSIONES

Por todo ello, viendo que se están vulnerando permanentemente los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) establecidos por las Naciones Unidas al 1966, este Tribunal insta a los miembros del 3 Tribunal Internacional de Opinión sobre la Deuda Externa a incluir las siguientes peticiones a hacer llegar al Gobierno español:

• Que los Gobiernos y las empresas transnacionales cumplan rigurosamente las Recomendaciones contenidas en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio ambiente y el Desarrollo (1992), en la Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad (1975) y en la Declaración de los derechos de las personas que pertenecen a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (1993). Recomendaciones que manifiestamente no son cumplidas por los responsables de los daños causados en los recursos naturales y en la salud de las personas.

• El reconocimiento de la deuda ecológica adquirido con los países empobrecidos, el establecimiento de mecanismos para su restitución y la aplicación de políticas que eviten una nueva generación.

• La no utilización de los mecanismos públicos de apoyo a la exportación para impulsar actividades de transnacionales españolas que comporten impactos ambientales y sociales negativos en los países empobrecidos. Exigimos el establecimiento de mecanismos públicos de control, evaluación, denuncia y asunción de responsabilidades de cualquier orden. Si las conductas son delictivas, en el Estado español o en los países afectados, exigimos que se activen los instrumentos de persecución penal a través de un compromiso más activo del Ministerio Fiscal en coordinación, cuando así proceda, con los jueces y fiscales extranjeros. Persecución que incluya, en todo caso, la responsabilidad civil de la jerarquía de las empresas para satisfacer y reparar los daños producidos.

• La realización de Auditorías Públicas Integrales de la Deuda de los 82 países deudores del estado español con el objetivo de determinar la legitimidad o ilegitimidad de la deuda exigida.

• La abolición inmediata e incondicional de todas las deudas impagables e ilegítimos. • Dado que los daños causados por las agresiones descritas son en algunas ocasiones cuantificables, exigimos, en los ámbitos que proceda, reparaciones y responsabilidades judiciales, civiles o penales, a aquellas personas y o/instituciones que permitieron, fomentaron y hicieron uso de créditos ilegítimos.

Los habitantes de los países ricos no podemos ni debemos considerar que toda la responsabilidad de estas situaciones está sólo en manos de quienes gestionan el sistema capitalista, en el centro o en las periferias. Aunque de diferente dimensión y naturaleza, las poblaciones tenemos la obligación de oponernos a esta situación, enfrentando estas formas de producción y expoliación. Tanto exigiendo a las empresas que, al menos, cumplan las legislaciones correspondientes, como exigiendo a los gobiernos para que las impongan y no apoyen con fondos públicos a las empresas, que sólo buscan su beneficio y son expoliadores del entorno. Asimismo, como consumidores tenemos que ser conscientes de lo que implica nuestro exagerado consumismo, no sólo para la sostenibilidad de los recursos naturales sino por el impacto en las vidas de los empobrecidos de la tierra. Desde nuestros ricos refugios tenemos que luchar sin cesar para cambiar estas condiciones de explotación, insostenibilidad y pobreza. La responsabilización de los ciudadanos implica la no vinculación como inversores en las empresas generadoras de deuda ecológica. Es necesario tener en cuenta que tal vinculación se puede dar tanto directamente, mediante la compra de acciones y/o obligaciones emitidas por estas empresas, como indirectamente a través de la participación en planes de pensiones que tengan intereses.

Todo lo anterior sólo será posible si se camina hacia una profunda transformación del sistema económico capitalista en el que vivimos, pasando de sociedades regidas por la búsqueda del beneficio para algunos, a otros orientadas a buscar el bienestar de la población. Este proceso, de larga duración, implica la búsqueda democrática, por parte de las poblaciones, de alternativas propias al actual modelo de desarrollo y de competitividad global que impulsan el Fondo Monetario Internacional y el Consenso de Washington ,y que han resultado en la generación de la Deuda externa y la Deuda ecológica.