Bogotá, septiembre 27 de 2005

La negociación del TLC entró en una grave crisis pues la renuncia de tres negociadores del equipo de propiedad intelectual destapó que el gobierno está dispuesto a aceptar todos los condicionamientos norteamericanos en esta materia, que estaba dispuesto a hacerlo a escondidas y en la última ronda y que todas las promesas sobre mantener unas líneas rojas, defender la salud pública y facilitar el acceso de la población a medicamentos genéricos no fueron más que un engaño a la población.

En más de una oportunidad señalamos que Estados Unidos no aceptaría firmar nada que le significara un retroceso con respecto a lo negociado en el Cafta o en el TLC con Chile y que, por el contrario, trataría de obtener nuevas concesiones de los andinos. El ministro Botero y Hernando José Gómez se rasgaron las vestiduras y en forma tajante negaron esto y aseguraron que la habilidad de los negociadores colombianos, la firmeza del presidente y la necesidad de preservar el bien común les impedían ceder en esta materia.

Desde el primer día fueron claras las pretensiones norteamericanas y también fue explícita su afirmación de que sin un capítulo sobre propiedad intelectual redactado en sus términos no habría tratado.

En un ejercicio inútil los andinos intentaron concertar sus posiciones. La propuesta inicial de Colombia en la mesa de negociaciones era bastante insatisfactoria pues aceptaba el alargamiento del plazo de duración de las patentes en compensación por demoras injustificadas en el trámite de las mismas, una disminución de la duración de exclusividad que otorgaba el Decreto 2085 para el uso de los datos de prueba presentados para la aprobación de una patente (pasaría de 5 a 3 años) y la garantía de publicación por parte del INVIMA de las solicitudes de registro. Esta propuesta implicaba importantes concesiones y a cambio de ellas el equipo colombiano proponía que EEUU aceptara incluir el tema de la biodiversidad, el respeto a los conocimientos tradicionales y lucha contra la biopiratería.

Todo esto fue echado para atrás y Estados Unidos reiteró su deseo de ampliar el espectro de patentabilidad incluyendo seres vivos, procedimientos terapéuticos y quirúrgicos, alargar el periodo de las patentes y demás asuntos que fueron planteados desde el primer día.

Durante la ronda, el negociador colombiano Hernando José Gómez señaló que desde la visita del presidente Toledo a Colombia estaba claro que llegó el momento de las decisiones políticas y al final de la ronda Botero reconoció que no se pudo avanzar en propiedad intelectual por la intransigencia de Estados Unidos. Gómez planteó que el cierre de la mesa de propiedad intelectual sería por decisiones políticas y con ello eliminó el papel de los negociadores.

Los que renunciaron alertan sobre el ambiente y curso que están tomando las negociaciones y dicen que se va a firmar algo similar al Cafta o al TLC entre Estados Unidos y Chile y que esto será perjudicial para el país.

Los gringos reabrieron todos los temas, partiendo desde cero y no respondieron ninguna de las propuestas hechas por los andinos. En su carta los negociadores salientes proponen que quienes tomen las decisiones corran con su costo y no lo camuflen como decisiones técnicas. En lo más duro de las reuniones, cuando los negociadores colombianos amenazaban con levantarse de la mesa, Hernando José Gómez declaró que Mullister, el jefe estadounidense de la mesa, había causado una “buena impresión” y que ha demostrado interés en “avanzar en la negociación”.

El primer día de la ronda, Germán Velásquez asesor del ministerio de protección social, prendió las alarmas al señalar que “no se puede correr el riesgo de que la negociación final consista en desmejorar el acceso a la salud de los colombianos a cambio de lograr el acceso de unos pocos productos al mercado norteamericano”.

Alberto Bravo, presidente de Asinfar, declaró que las definiciones en materia de solución de controversias permiten que medidas como el control de precios sean demandadas por las multinacionales, alegando que no obtendrían las ganancias esperadas.

El Ministro de Protección declaró que respaldaba a sus negociadores, aunque consideró que no fue prudente hacer pública la renuncia y dijo que las posiciones que llevaron fueron concertadas.

La crisis no ha culminado pero el presidente Uribe, quien tomará las decisiones finales, ya ha anunciado que hará cualquier cosa con tal de satisfacer los apetitos de quienes financian su política de seguridad democrática (Estados Unidos) y seguramente serán decisiones lesivas para el interés nacional.

Pero el daño está hecho. La actitud norteamericana fue avalada por el negociador colombiano, él mismo anuló la capacidad negociadora de su equipo y aceptó hacer borrón y cuenta nueva. Eliminó toda posibilidad de controversia y aceptó que las decisiones políticas que se van a tomar el último día se limitarán a decir sí a los estadounidenses.

Los negociadores colombianos de salud no podían actuar de otra manera si querían preservar el interés público. Los demás negociadores deben tomar atenta nota de esta conducta y examinar seriamente su renuncia. Destruida la farsa de la negociación, queda al desnudo la decisión gubernamental que, en contra de detallados estudios que consideran inconveniente la firma de los textos americanos, va a lesionar gravemente la salud pública y la industria nacional.

Lo que corresponde ahora es sacar el debate de los pasillos y llevarlo al movimiento social. Los trabajadores y trabajadoras de la salud, las facultades de ciencias de la salud, los sindicatos del sector, los pacientes (que somos todos los colombianos), debemos emprender la más amplia campaña para denunciar esta entrega.