El movimiento sindical de las Américas, representado
en la Organización Regional Interamericana de
Trabajadores (ORIT), el Consejo Consultivo Laboral
Andino (CCLA), el Congreso Laboral Caribeño (CLC), la
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur
(CCSC), la Coordinadora Sindical de América Central y
el Caribe (CSACC) y las Centrales sindicales de
Canadá, México y Estados Unidos, pone a consideración
de los pueblos de las Américas, la sociedad civil
organizada, de los gobiernos y las instituciones
internacionales, la Plataforma Laboral de las
Américas, fruto de un proceso democrático de
reflexión, debate y consulta entre diferentes
perspectivas del movimiento sindical,
investigadores/as y representantes de otros sectores
sociales, en la búsqueda de contribuir a la
elaboración de una propuesta de desarrollo
alternativo para las Américas, expresión de la
diversidad económica, social y cultural presente en
nuestro continente y del aporte de los diferentes
sectores sociales que la conforman.

Plataforma Laboral de las Américas

Nosotras y Nosotros, las trabajadoras y los trabajadores de
las Américas y el Caribe, unidos como hermanos y hermanas en
la ORIT, el Consejo Consultivo Laboral Andino, el Congreso
Laboral Caribeño, la Coordinadora de Centrales Sindicales del
Cono Sur, la Coordinadora Sindical de América Central y el
Caribe, y las Centrales sindicales de Canadá, México y Estados
Unidos, en nuestro nombre y en el de nuestros hijos e hijas,
hacemos oír nuestras voces para reclamar un urgente cambio de
rumbo.

Decimos:

La globalización ha tenido costos muy altos para nuestros
pueblos. No solo en las regiones marginadas sino también en
los países en los que la globalización es percibida como un
proceso exitoso. En las Américas, desde el advenimiento del
modelo neoliberal, todos los indicadores sociolaborales
muestran un deterioro muy significativo: desocupación,
precariedad laboral, deterioro de la calidad de vida,
persistencia de la pobreza, crecimiento de la desigualdad
social. La actitud depredadora del capital sobre los
abundantes y desprotegidos recursos naturales, sobre el
cuidado del medio ambiente, el insistente abaratamiento y
precarización de la mano de obra, las desigualdades de género,
clase, raza y etnias considerados como alicientes en la
radicación de inversiones cuestionan seriamente la viabilidad
sostenible de importantes regiones de las Américas. El grave
déficit de trabajo decente está destruyendo los sistemas de
seguridad social, volviendo meramente declarativos los
derechos del trabajo, anulando toda posibilidad de diálogo
social, y haciendo insuficiente el compromiso social de las
empresas.

El Consenso de Washington y las políticas económicas
neoliberales han demostrado el fracaso de la idea
fundamentalista del “libre comercio”.

Nosotros, los millones de trabajadoras y trabajadores forzados
a la desocupación, empujados a la pobreza, hundidos en la
precariedad y la flexibilidad, obligados a dejar nuestras
tierras, les exigimos abandonar las actuales políticas
económicas neoliberales inspiradas en el fundamentalismo del
“libre comercio”. Es urgente adoptar políticas de desarrollo
sostenible que pongan en el centro al empleo de calidad con
justicia social y construir mecanismos de intervención que
permitan incluir a todos los habitantes. Necesitamos nuevas
políticas diseñadas desde una perspectiva de género, que
tengan como objetivos principales fortalecer la democracia,
ampliar los canales de participación de la sociedad en la toma
de decisiones nacionales y regionales, reducir la desigualdad,
generar empleo decente y trabajo digno y adoptar políticas de
desarrollo sostenible.

Es imprescindible fortalecer los procesos de integración
subregional como respuesta a los Tratados de Libre Comercio
que solo profundizan la brecha entre y dentro de los países
empobrecidos y países ricos. Sabemos que los procesos de
integración regional no se expresan de la misma forma en todo
el continente. Entendemos que estos pueden ser instrumentos
importantes en la medida que no encubran formas de dominación
de unos países sobre otros, tal como acontece con los Tratados
de Libre Comercio y de Inversiones.

Por ello proponemos esta Plataforma Laboral de las Américas
como punto de partida para iniciar un nuevo rumbo histórico
para todos nuestros pueblos y naciones, capaz de proyectarse a
todos los hombres y mujeres del mundo.

Por un nuevo consenso Democrático con Soberanía popular y
Perspectiva de Género

Sin democracia, perspectiva de género y derechos humanos en
todas partes, no será posible abrir un nuevo rumbo en las
Américas.

Los pueblos y las naciones de las Américas necesitamos con
urgencia un nuevo consenso fundado en los siguientes
presupuestos: Fortalecimiento de la democracia y vigencia
plena de todos los derechos humanos, Ampliación de los
canales de participación de la sociedad en la toma de
decisiones nacionales y supranacionales Justicia Social
Perspectiva de género, No discriminación de clase, raza,
etnia, religión y orientación sexual. Pleno Empleo como eje
del desarrollo sostenible Sociedades sin excluidos/as
Reconstrucción de la capacidad de los Estados para tomar
medidas proactivas.

Reivindicamos y defendemos la autodeterminación de los pueblos
y de los Estados, convencidos que un sistema multilateral en
las Américas con instituciones abiertas a la participación
real de la sociedad constituye el punto de partida para lograr
la libertad y la justicia social.

La construcción de una sociedad de trabajo democrática debe
incluir la perspectiva de género de forma permanente y
transversal al conjunto de las políticas públicas. Esto
significa entender que, tanto los aspectos de la producción
como los de la reproducción y el cuidado de la vida, deben ser
considerados en el proceso de superación de las desigualdades
entre hombres y mujeres. Todas las instituciones y proyectos,
todas las políticas, todas las leyes, tratados y decisiones,
nacionales, subregionales y regionales, deben contener
mecanismos que permitan incluir la perspectiva de género,
garantizar la participación activa de las mujeres, respetar
sus derechos como trabajadoras, considerar alguna forma
especial de medición del trabajo no remunerado en el hogar,
prevenir la violencia contra la mujer y garantizar los
derechos sexuales y reproductivos.

Adoptar una perspectiva de género no debe significar meramente
orientar programas hacia las mujeres, sino elaborar programas
que incidan en las relaciones de género, impulsando a hombres
y mujeres a producir cambios positivos en las estructuras para
lograr posiciones equitativas entre mujeres y hombres. La
condición de las mujeres solo podrá transformarse
efectivamente si se impulsan los cambios a través de nuevas
políticas sociales que modifiquen no sólo las estructuras
económicas sino las estructuras de poder y autoridad para que
a las mujeres se les reconozca su rol de agentes activos de
los procesos sociales.

Es necesario reformar el sistema interamericano de toma de
decisiones para que resulte más eficaz y representativo de las
necesidades reales y deseos de nuestros pueblos y para que
pueda llevar adelante las propuestas que expresamos en esta
Plataforma Laboral de las Américas.

Entre las medidas que consideramos necesarias, proponemos:

Crear mecanismos y procedimientos de decisión y consulta
tripartitos y multipartitos de carácter sociolaboral
articulados con la OIT. Articulación del sistema
interamericano con los procesos de integración subregionales
sin afectar su autonomía. Establecer medidas de acción
positiva que garanticen que al menos un tercio de los cargos
representativos y consultivos sea desempeñado por mujeres.
Fortalecimiento de la Conferencia Interamericana de Ministros
de Trabajo. Someter las decisiones supranacionales
fundamentales a mecanismos de convalidación ciudadana y
organizar un sistema de reclamos democráticos al que puedan
apelar los ciudadanos. Inclusión de la perspectiva de género
en el diseño de las políticas y presupuestos. Asegurar el
financiamiento para la Comisión y Corte Interamericana de
Derechos Humanos, a fin de garantizar su funcionamiento y la
ejecución y seguimiento de sus decisiones y sentencias.
Sancionar la Carta Social de las Américas articulándola con el
sistema interamericano de derechos humanos, civiles y políticos,
económicos, sociales y culturales vigente y sus mecanismos e
instancias de protección.

Por una economía que impulse un desarrollo sostenible y ponga
en el centro al empleo decente y al trabajo digno.

Para resolver los problemas reales de los pueblos de las
Américas hay que poner en marcha una economía de nuevo enfoque
que impulse un desarrollo sostenible y coloque en el centro al
pleno empleo y trabajo digno, reconociendo un rol activo del
Estado. El movimiento sindical de las Américas insta a los
gobiernos a abandonar las políticas que sólo pretenden adecuar
la demanda de trabajo, y adoptar una batería de políticas
socioeconómicas coordinadas en dirección a la generación de
empleo productivo y trabajo digno.

Las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras de
las Américas sostenemos que una política activa para la
generación de pleno empleo debe abordar simultáneamente las
siguientes dimensiones:

Deuda externa: La deuda no debe impedir la lucha contra la
pobreza y debe simultáneamente favorecer el desarrollo
sostenible. La Deuda Externa es, para la mayoría de nuestros
países, uno de los obstáculos principales para eliminar la
pobreza y generar un desarrollo sostenible. Hemos expuesto
reiteradamente la ilegitimidad de gran parte de la deuda
(“deuda odiosa”) y los obstáculos que impiden que los pueblos
conozcan los orígenes y destinos de los préstamos. Esa deuda
no debe ser pagada, porque también existe corresponsabilidad
de los acreedores. Las deudas de los países más pobres con los
más desarrollados y con las instituciones multilaterales de
crédito deben ser anuladas. Los gobiernos deben priorizar la
lucha contra la pobreza y el desarrollo de los países y las
regiones.

Los Estados, como miembros accionistas del Banco
Interamericano de Desarrollo, tienen la obligación de reformar
dicha institución, requiriendo la aprobación de las
legislaturas nacionales de los proyectos de esta institución
crediticia en forma previa a ser considerados por el Consejo
Directivo del BID. Los poderes legislativos nacionales deben
también, tener facultades vinculantes para convocar audiencias
sobre los proyectos propuestos y las políticas del BID, con
capacidad de interpelar a los funcionarios de este organismo.
El BID debe adoptar una política de salvaguardia conforme a
los estándares laborales de la OIT, aplicable a todos los
proyectos y políticas, incluyendo acciones de seguimiento, los
cuales también deben alcanzar al personal del propio Banco.
Resulta imprescindible la intervención de los sindicatos
nacionales en todas las fases de los proyectos de préstamos y
financiamiento de tal forma de observar el impacto
sociolaboral de los programas ejecutados, asegurando
transparencia y participación en todo el proceso.

Conjunción de políticas. Para que una política activa de
generación de pleno empleo sea eficaz es necesaria la
conjunción de políticas macroeconómicas, de inversión, de
innovación tecnológica, de infraestructura, de uso racional de
los recursos naturales y medio ambiente, comercial,
productiva, migratoria, educativa, de responsabilidad social
con las tareas domésticas y reproductivas, de seguridad y
previsión social, con el fin de orientarlas a la generación de
trabajo digno. Los gobiernos deben desestimar las políticas
orientadas exclusivamente a adecuar la demanda de trabajo y
que consideran al desempleo como un problema temporal debido a
dificultades de “empleabilidad”.

Inversión y prioridades de la economía. Las políticas
económicas nacionales deben priorizar las inversiones
productivas y las políticas públicas sociales universales que
busquen eliminar las desigualdades existentes, desestimando la
aplicación de medidas de ajuste estructural y monetario. Es
necesario exigir a los inversionistas extranjeros el
cumplimiento de los derechos laborales y someterse a la
legislación y tribunales nacionales. Los Estados deben bregar
por la reinversión de utilidades que garanticen el desarrollo
genuino de la economía, penalizando el dumping social y la
fuga de capitales.

Política fiscal y tributaria progresiva. Es urgente diseñar nuevas
políticas fiscales y tributarias progresivas volcadas hacia la mejora de la
distribución de la renta, el fortalecimiento del sector industrial, el
incentivo a la innovación tecnológica y científica y su aplicación en los
procesos productivos, el reforzamiento de la pequeña y micro empresa y de
la agricultura familiar. Las políticas de responsabilidad fiscal, de
estabilidad financiera y monetaria deben estar subordinadas a las metas
sociales.

Complementación productiva. La integración de las cadenas productivas debe
impulsar el desarrollo de los aglomerados sectoriales existentes bajo el
concepto de “complementación productiva” e inducir a aquellos sectores que
estén en condiciones de consolidar polos de desarrollo por sus ventajas
derivadas.

La promoción del desarrollo local a través de la implementación de
proyectos que asocien a los agentes económicos con énfasis en la economía
solidaria, que tenga como centro al ser humano, una justa distribución de
la riqueza, la democracia en la toma de decisiones y compromiso con el
espacio territorial donde se desenvuelve.

Integración de infraestructuras. Los Estados deberán asumir el compromiso
continental de lograr una verdadera integración de infraestructuras del
continente, destinada a promover el desarrollo sostenible, el pleno empleo
y la comunicación de los pueblos, concretando con ese sentido los proyectos
de infraestructura existentes y elaborando nuevos proyectos.

Políticas sectoriales. Las políticas sectoriales constituyen
un componente esencial para la construcción de un plan
regional de desarrollo sostenible y complementación
productiva. Deben ser objetivos prioritarios las acciones
destinadas a la competitividad sistémica de los sectores tanto
a escala nacional, subregional y continental, la elaboración
de planes intersectoriales de industria, comercio,
infraestructura y finanzas, y regímenes especiales para el
fortalecimiento de microempresas y PyMES.

Agricultura familiar. Los Estados, de acuerdo a las
particularidades nacionales, deberán atender las necesidades y
el desarrollo de la agricultura familiar con políticas
orientadas a garantizar el abastecimiento interno y la
soberanía alimentaria. Los gobiernos deben apoyar una política
agrícola que no degrade el ecosistema, garantice la
alimentación de toda la población del continente y respete la
interrelación de las comunidades con su medio ambiente.

Redistribución de la renta. Debido a la alta desigualdad
social generada en las Américas se debe implantar ya y
sostener en el tiempo una estrategia de redistribución de la
renta a favor del Trabajo mediante políticas de pleno empleo y
protección universal de los/las desocupados/as, de salario
mínimo y crecimiento salarial, y reforma tributaria, de
servicios públicos y de reducción de la jornada laboral.

Fondos Continentales. Se deben crear Fondos Estructurales, destinados a las
regiones menos favorecidas y elevar la competitividad de los Estados en
base a la complementación productiva, teniendo como eje rector la promoción
del trabajo digno y la reconversión económica. Los países desarrollados
tienen una responsabilidad ineludible en lo que refiere a la eliminación de
las asimetrías entre nuestras naciones. Los bloques subregionales deben
crear Fondos de Inversión en proyectos productivos y programas sociales. Se
deben crear Fondos Sociales universales, destinados a erradicar el hambre y
la pobreza; Fondos de Capacitación, orientados a garantizar a cada
trabajador y trabajadora de las Américas el ejercicio de sus
potencialidades y sus habilidades necesarias para acceder a un empleo digno
y mantenerlas actualizadas y Fondos de Salud Pública, para erradicar el
VIH/SIDA y otras endemias continentales. Los Fondos serán financiados por
impuestos en el ámbito de las Américas de carácter progresivo y naturaleza
sostenible.

Rol activo del Estado. En el área de políticas
macroeconómicas, el endeudamiento y la liberalización
financiera han generado como consecuencia la limitación en la
capacidad gubernamental para conducir nuestras economías. Los
capitales especulativos y la fuga de capitales han impactado
negativamente en el desarrollo económico, empobreciendo a
nuestra población y a los propios Estados. Concluimos que
nuestros Estados deben retomar el control y poder sobre el
mercado. En general, deben reconstruir su capacidad de generar
ingresos para satisfacer las necesidades sociales. Esto
significa, entre otras cosas, tomar medidas activas colectivas
para evitar prácticas fiscales que lleven a la evasión
impositiva y que castigue las prácticas de elusión a través de
los denominados paraísos fiscales. La OEA tiene un papel
predominante en esta área.

Privatizaciones. Los organismos interamericanos deben solicitar a los
Estados miembros la revisión de las privatizaciones. Los gobiernos
evaluarán el impacto económico y social, la conformación de oligopolios y
monopolios privados y eventuales actos de corrupción con el fin de tomar
las medidas correctivas que resulten necesarias. Los Estados deben instruir
al BID y otros organismos financieros multilaterales para que conduzcan un
análisis meticuloso del impacto social de los proyectos de privatización en los
que están involucrados y consideren que las inversiones productivas en
infraestructura no sean computadas como gastos corrientes para fines de cálculo
del superávit primario.

Acceso al conocimiento. En las Américas se debe garantizar el acceso al
conocimiento desarrollado en la ciencia y la tecnología en todas las áreas
que afecten a la vida, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales
de nuestros pueblos. En esta materia se debe facilitar los procesos de
transferencia y acceso a la tecnología por parte de los países menos
desarrollados. Los países más ricos debieran compensar adecuadamente las
pérdidas socioeconómicas que implican el empleo de migrantes de alta
capacitación en los llamados procesos de “fuga de cerebros”.

Grandes empresas y empresas multinacionales. Las empresas
deben asumir su responsabilidad social y compromiso con el
desarrollo integral de la sociedad, ajustando obligatoriamente
su actuación a las Directrices sobre Empresas Multinacionales
de la OCDE, el Global Compact de las Naciones Unidas, la
Declaración Tripartita la OIT sobre Empresas Multinacionales,
y los Acuerdos Marco Internacionales en vigencia, recurriendo
activamente al diálogo social tripartito y multipartito a
nivel nacional e internacional, y organizando sus relaciones
laborales sobre la base de la negociación colectiva, nacional
y supranacional y garantizando la responsabilidad social de
sus empresas satélites y contratistas.

Pequeñas y Micro Empresas. Estas empresas son el núcleo del
empleo intensivo de mano de obra. Los Estados Nacionales y los
órganos subregionales con capacidad deciso