Desde su creación en 1995, el principal papel de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) ha sido expandir su poder de regulación
sobre 147 países, lo que significa ejercer una gran influencia en el
cotidiano de millones de personas. A pesar de difundir la ideología
del “libre comercio”, la OMC posee una compleja estructura de reglas
utilizada en defensa de los intereses de grandes multinacionales. El
alcance de los acuerdos contenidos en la OMC va mucho más allá de
los temas relacionados al comercio internacional. Algunas de esas
reglas están contenidas en el acuerdo conocido como TRIPS (Trade
Related Intellectual Property Rights) que reglamenta la propiedad
intelectual. Ese acuerdo posee un alcance mayor al de la mayoría de
las leyes sobre patentes de los países miembro de la OMC y beneficia
principalmente a las poderosas industrias farmacéuticas
norteamericanas y europeas. La concentración del control de las
patentes en media docena de multinacionales, en el área de
biotecnología, es considerada hoy una tercera fase del proceso de
colonización, iniciado en el período de las conquistas
territoriales, durante los siglos XV y XIX, y pasando por el control
de los mercados financieros en las últimas décadas. Países como
Brasil y África del Sur cuestionaron el TRIPS para garantizar el
derecho a fabricar medicamentos genéricos. Este tema está en debate
desde que Estados Unidos procesó a Brasil por proveer remedios
genéricos para el tratamiento del virus HIV. La victoria brasilera
en ese caso, sentó un importante precedente contra las reglas sobre
patentes en la OMC. Pero, actualmente, la propuesta estadounidense
sólo incluye la quiebra de patentes en casos de crisis de salud
pública y limita la lista de medicamentos a aquellos destinados al
tratamiento del SIDA, malaria y tuberculosis. Incluso con esa
posibilidad limitada, raramente se quiebran esas patentes, pues los
grandes laboratorios ejercen fuerte influencia sobre los gobiernos.

Los acuerdos de la OMC representan también un gran riesgo para la
soberanía alimetaria de comunidades rurales, a través de la
posibilidad de que grandes empresas controlen patentes de recursos
genéticos y de conocimiento tradicional indígena, por ejemplo, en
relación a la producción de granos nativos como maíz, arroz y
frijoles.

Otro tema polémico es la apertura de los sectores de servicios para
empresas extranjeras, a través del acuerdo llamado GATS (General
Agreements on Trade in Services). El resultado de esa política,
representada principalmente por el proceso de privatización de
servicios públicos, fue el aumento del desempleo y la disminución de
inversiones en sectores estratégicos de la economía. Este acuerdo
representa también un gran peligro para la garantía de derechos
fundamentales, como salud y educación.

El así llamado “libre comercio” creó también reglas estrictas para
limitar el control del Estado sobre las inversiones externas,
incluso contra la posibilidad de que los gobiernos establezcan leyes
de protección al medio ambiente y al bien estar social que puedan
afectar las ganancias de los inversores.

Los acuerdos de libre comercio no son implementados de forma
equilibrada entre países del Norte y del Sur. Por ese motivo, las
negociaciones de la OMC viven bajo amenaza de fracaso. Las únicas
posibilidades de evitar un nuevo impasse dentro de la OMC serían:
(1) que los países industrializados dejaran de proteger sus
industrias, su agricultura y sus economías; o (2) que los países
periféricos se sometan, definitivamente, a las reglas de los más
fuertes. Frente a ese dilema y a las crecientes protestas de
organizaciones sociales, la OMC difícilmente tendrá condiciones de
superar su crisis de credibilidad. La reunión ministerial realizada
en Cancún, México, del 9 al 13 de septiembre de 2003, fue
considerada un fracaso por sectores conservadores y un éxito por
movimientos sociales. El lema de las organizaciones que prepararon
las protestas en Cancún era “descarrilar la OMC” – lo que realmente
ocurrió.

Ese no era el objetivo del representante comercial de Estados Unidos
Robert Zoellick que en la víspera de la reunión anunció, “Queremos
resultados ambiciosos, no estamos aquí para conseguir apenas un
acuerdo en el papel. Queremos apertura de mercados”. Sin embargo,
EEUU salió de la reunión sin motivos para festejar. Los movimientos
sociales reconocieron la importancia del conflicto generado en la
negociación sobre agricultura, donde el llamado G-20 resistió a las
imposiciones de Estados Unidos y la Unión Europea para que los demás
países abrieran sus mercados a productos industriales y servicios,
sin liberar sus propios mercados para los productos agrícolas del
sur. Ese grupo concentra 63% de los productores agrícolas del mundo
y está formado por más de 20 países, entre ellos Brasil, México,
Argentina, India, China, África del Sur y Egipto. A pesar de su
relevancia en las negociaciones en Cancún, la agenda del G-20
prioriza el acceso a los mercados y no incluye propuestas para el
fortalecimiento del mercado interno, del desarrollo rural y la
soberanía alimentaria. En ese contexto, los subsidios aparecen como
los grandes villanos, pero no se cuestionan los problemas causados
por los monopolios agrícolas y por el modelo de producción volcado
hacia el mercado externo.

“Defendemos el derecho y el deber de los Estados de apoyar y
promover su propio sector agropecuario, especialmente la agricultura
campesina, porque de ella dependen la calidad de vida de amplios
sectores de la población, el equilibrio territorial y ambiental, y
la capacidad de definir sus prioridades y estrategias comerciales”,
explica Vía Campesina.

El aumento de las exportaciones no significa mejores condiciones de
vida en el campo. Con la implementación del NAFTA (Tratado de Libre
Comercio de América del Norte), México triplicó sus exportaciones
agrícolas y, al mismo tiempo, tres millones de campesinos fueron a
la quiebra. Actualmente, la producción mexicana de maíz está
controlada por grandes multinacionales. En Asia, la exportación de
arroz está dominada por Cargill que, junto a General Foods y Nestlé,
controlan cerca del 70% del mercado internacional de alimentos. La
destrucción de la economía rural promovida por políticas de “libre
comercio” han generado una nueva forma de protesta, como fue el caso
del agricultor coreano Lee Kyung Hae, que se quitó su propia vida
durante las manifestaciones contra la OMC en Cancún. Contrario a la
imagen de desesperación o desequilibrio difundida por los medios de
comunicación conservadores, el gesto de Lee representa un sacrificio
conciente contra la opresión de miles de campesinos. Desde la
creación de la OMC, cerca de 600 muertes han sido registradas por
año en India. Los campesinos prefieren morir a ver sus tierras
confiscadas por no poder cubrir los costos de producción,
principalmente en períodos de sequía. Por esa razón, el principal
lema de las manifestaciones en Cancún pasó a ser “La OMC mata
campesinos”.

El intento de privilegiar los intereses de empresas multinacionales
no ocurre solamente en las negociaciones agrícolas. Estados Unidos y
la Unión Europea buscan también la privatización y debilitamiento
del sector público a través de acuerdos sobre servicios, inversiones
y compras gubernamentales. Más de 70 países, liderados por Malasia,
India y Tailandia, formaron un bloque de oposición capaz de bloquear
esas negociaciones en Cancún. Brasil no participó de ese grupo, ya
que el gobierno propuso negociar esos temas dentro de la OMC como
una forma de evitar su inclusión en la agenda del ALCA (Área de
Libre Comercio de las Américas).

Para la Campaña Brasilera contra el ALCA, la propaganda del “libre
comercio” representa una peligrosa trampa. Después de la realización
de un plebiscito popular con más de 10 millones de votos contra la
participación de Brasil en el ALCA, la campaña reivindica que el
gobierno defienda los intereses reales del pueblo brasilero. Por
eso, es muy importante que las organizaciones brasileras participen
de las movilizaciones contra la próxima reunión ministerial de la
OMC, que será realizada en diciembre de 2005, en Hong Kong. En la
preparación de esa reunión, habrá diversos momentos de negociación
entre los países, que deben ser acompañados de cerca por la
sociedad. Lo que está en juego es la posibilidad de que nuestro país
defina los rumbos de su economía, su modelo de desarrollo y su
propio futuro como nación soberana.

En el camino hacia Hong Kong, la Campaña Brasilera contra el ALCA
reforzará las movilizaciones contra las políticas propuestas por la
OMC y, al mismo tiempo, hará avanzar el debate sobre propuestas
alternativas de integración. Consideramos que procesos soberanos de
integración entre los pueblos pueden originar un fuerte movimiento
contra-hegemónico y antiimperialista. Por este motivo, este
cuadernillo presenta sugerencias para la construcción de
alternativas de integración focalizadas en las necesidades e
intereses de los pueblos.

¿Qué es la Organización Mundial del Comercio – OMC?

La OMC es una organización multilateral autónoma, dentro de la
órbita de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene como
objetivo central constituirse en un foro de negociación de acuerdos
internacionales, caracterizarse como un instrumento de
administración y fiscalización de esos acuerdos y establecerse como
sistema para la solución de controversias internacionales. Tiende a
la regulación del comercio mundial.

Sin embargo, aún siendo parte de la ONU, sus decisiones tienen poca
relación con aquello que la Asamblea General decide. Así como otras
organizaciones del sistema de la ONU, como la OIT (Organización
Internacional del Trabajo), la OMC es una colección de tratados que
las naciones firman voluntariamente. De los 191 países que son parte
de la ONU, 147 pertenecen también a la OMC . La OMC es “hija” de
“tercera generación” del sistema multilateral de “regulación
económica”, emergente en el período post-guerra, a fines de los años
40. Su antepasado más antiguo es la Organización Internacional del
Comercio (OIC), que no consiguió funcionar, pero que dio origen al
GATT (Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio) para la
“administración” de reglas y de flujos de comercio.

El GATT funcionó hasta 1994, finalizando sus rondas de negociación
durante la llamada Ronda de Uruguay, que había comenzado en 1986. En
1995, fue creada la OMC, junto con la firma de otros acuerdos
sectoriales involucrando: Servicios (GATS), Inversiones (TRIMs) y
Propiedad Intelectual (TRIPs). A partir de la Ronda Uruguay, se
inició un proceso de reforma de legislaciones internas de los países
miembro, que pudieran tener efectos sobre el comercio internacional.
Brasil participó de ese proceso desde su origen. Fue uno de los 23
países presentes en las reuniones para la creación de la OIC
(Ginebra, 1947) y uno de los primeros signatarios del GATT.

La naturaleza neoliberal de la OMC

Su objetivo es la liberalización irrestricta de los mercados. A
pesar de su naturaleza aparentemente “administrativa”, el objetivo
político de la OMC es la progresiva liberalización del comercio
mundial. O sea, la progresiva eliminación de “obstáculos” a la libre
circulación no sólo de productos agrícolas e industriales, sino
también de inversiones, servicios, proveedores de los gobiernos y
garantías para la propiedad intelectual.

La ideología de la OMC se basa en la idea engañosa de que existiría
una relación directa entre esa apertura comercial y el desarrollo de
las naciones. Sin embargo, datos de la propia ONU sostienen una
tesis opuesta. La UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo) ha publicado varios estudios demostrando
que, en muchos países del Hemisferio Sur, la ola de liberalización
comercial de los años 90 terminó con las pocas oportunidades que
esos países tenían de desarrollarse.

Ese hecho se sostiene en la propia historia de los países
industrializados, como Estados Unidos, Japón y Unión Europea, donde
hubo una fuerte intervención del Estado en la economía, más allá del
control sobre el flujo comercial y financiero, lo que posibilitó su
desarrollo económico.

¿Liberar para quién?

Partiendo del principio que el concepto de “libre comercio” es
ideológico, ¿a quién le sirve ese “paquete” ideológico? La
liberalización del comercio y la progresiva imposición de reglas que
garanticen la “seguridad jurídica” para inversiones, servicios y
propiedad intelectual benefician justamente a aquellas empresas que
son “competitivas” en el mercado mundial. Estamos hablando
fundamentalmente de corporaciones multinacionales, grandes
laboratorios farmacéuticos, empresas de telefonía, bancos,
montadoras de autos, grandes flotas pesqueras, petroleras, etc. La
así llamada “apertura comercial” permite la libre circulación de sus
productos. Esas empresas influencian a los gobiernos a través de
apoyo a campañas electorales, de poderosos lobbies, y de propaganda
de su ideología, a través de grandes empresas de comunicación, de
universidades y del financiamiento de “formadores de opinión
calificados”, que trabajan en la implantación de la hegemonía
neoliberal y el modelado de políticas públicas de nuestros
gobiernos.

Esas empresas buscan el control político y económico en nuestros
países, a través de la expansión de los mercados, de garantías a los
derechos de los “inversores”, y del control sobre recursos
naturales. Esa agenda se opone a una política volcada al desarrollo
autónomo de las naciones, con igualdad económica y social. Los
pueblos de América Latina conocen esas políticas y demostraron eso
con su resistencia al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
acuerdo que viene siendo negociado desde 1994. La OMC presenta la
misma agenda que el ALCA. Por eso, es necesario crear una gran
movilización en nuestro Continente, para frenar las negociaciones de
la OMC.

El mito del multilateralismo democrático.

Muchos países en desarrollo creen que las negociaciones
multilaterales ofrecen mejores oportunidades, por el hecho de poder
unirse para defender sus intereses. En las negociaciones bilaterales
o bi-regionales, las asimetrías entre los países son mayores y el
poder de negociación de las economías pobres es menor. En la
práctica, la democracia formal del multilateralismo y el uso del
consenso como método para el avance de las negociaciones en la OMC
esconden un mecanismo basado en la presión de los países más fuertes
para “destrabar” los impasses.

La historia de la OMC muestra eso. Antes de la reunión ministerial
de Cancún (Septiembre de 2003), fue creada una “sala verde”, donde
el Director General promovía reuniones con actores clave para llegar
a acuerdos, que después eran impuestos al resto de los miembros.
Hoy, funciona el así llamado “proceso de las cinco partes
interesadas” – conformado por Estados Unidos, Europa, India, Brasil
y Australia, que se reúne de manera informal, pero con regularidad,
para hacer avanzar las negociaciones. Fue el funcionamiento de ese
mecanismo que puso de nuevo a la OMC “en sus carriles” después del
impasse de las negociaciones en Cancún.

Existe también el mecanismo de las mini-ministeriales, o reuniones
de cerca de 30 ministros de comercio, para avanzar en temas
específicos. Ese conjunto de mecanismos informales es fundamental
para que los países más fuertes puedan ejercer presión y “comprar”
el apoyo de los países más vulnerables.

La “Agenda Corporativa” de la OMC

Luego de los impasses en la Ministerial de Cancún, en septiembre de
2003, el Consejo General de la OMC se reunió en julio de 2004, y
creó el “Acuerdo de Julio”, para retomar las negociaciones. El
“Acuerdo de Julio” busca diseñar un conjunto de objetivos más
reducidos para un esbozo de acuerdo, de modo de intentar hacer
avanzar la discusión por el carril de la “menor resistencia”,
intentando poner en el centro del debate discusiones sobre acceso a
los mercados en agricultura (tema visto como central en esta ronda
de la OMC), productos no agrícolas (tratados por su sigla en inglés,
NAMA – Non-Agricultural Market Access) y servicios, además de seguir
forzando para obtener más garantías en el área de propiedad
intelectual. En función de ese diseño, algunos temas fueron
colocados “en el congelador” y no serán discutidos en esta etapa.
Entre ellos, se destacan las compras gubernamentales, inversiones y
política de competencia.

Agricultura

El centro de la discusión en esta fase es la ampliación del acceso a
mercados en el área de agricultura – una demanda fuerte de los
principales países exportadores de productos agrícolas o agro-
industriales, expresando los intereses del agro-negocio. Para
conseguir ese objetivo, es necesario reducir tarifas para la
importación y reducir el apoyo interno a los productores locales,
como forma de garantizar una mayor capacidad competitiva para
empresas exportadoras.

Los apoyos domésticos a la producción agrícola (subsidios,
financiamientos, asistencia técnica, apoyo para el desarrollo
tecnológico, etc.) y la reducción de tarifas son temas centrales en
la discusión. Las dificultades parecen ser tan grandes en estos
puntos, que están siendo tratados directamente por los ministros de
los países “más interesados”, en forma de reuniones mini-
ministeriales, antes de la Ministerial de Hong Kong, que será en
diciembre de 2005.

Bienes Industriales (NAMA)

Las discusiones sobre Bienes Industriales siempre fueron importantes
en las rondas de liberalización comercial, por ser productos de
mayor interés para los países más desarrollados. Ese acuerdo pasó a
ser conocido en los últimos años por su sigla en inglés, NAMA (Non-
Agricultural Market Access, o Acceso a Mercados de Productos No-
Agrícolas)

En el actual estado de la economía mundial, la discusión sobre
acceso al mercado de bienes industriales tiene una importancia
especial, en la medida en que empresas transnacionales organizan sus
líneas de producción a escala global, aprovechando las ventajas
específicas en diferentes países (como incentivos fiscales, bajo
costo de mano de obra, acceso a materias primas y energía,
infraestructura adecuada y/o barata). El impacto de los diferentes
niveles arancelarios es fundamental en la organización de esas
empresas.

Acceso a mercados es, por naturaleza, una discusión sobre niveles
arancelarios y disminución de tarifas. Actualmente, las
negociaciones sobre acceso a mercados de bienes industriales se
concentran en discusiones sobre reducciones arancelarias y sus
impactos en los diferentes países. Una vez definida la fórmula,
todos los países tendrán que utilizarla en sus cálculos de reducción
arancelaria. También están siendo considerados temas relativos al
tratamiento para tarifas no consolidadas, preferencias comerciales
para socios específicos, y barreras no arancelarias entre otros.

Los países desarrollados, representados principalmente por Estados
Unidos, Unión Europea y Japón, defienden recortes expresivos en las
tarifas de importación, llegando a proponer hasta tarifa cero para
algunos sectores como el automotor, químico y electrodoméstico. Esta
propuesta imposibilita cualquier pretensión de los países
periféricos de diversificar sus industrias o incluso de
industrializarse. Las discusiones sobre este tema, así como sobre
servicios, dependen del andamiento de las negociaciones sobre
agricultura. En e