Introducción

El documento Alternativas para las Américas que contiene la respuesta
de la Alianza Social Continental a la propuesta del ALCA es producto
de una elaboración colectiva de los movimientos sociales y de
intelectuales que, en un proceso largo y complejo se preocuparon de
establecer por consenso una formulación positiva de organización
social y de relaciones internacionales. Se trata de, partiendo de una
critica de la propuesta neoliberal, presentar la alternativa de los
movimientos sociales. El punto de partida es que los acuerdos
comerciales, las exportaciones o los flujos de capital no pueden
asegurar el desarrollo. En el campo de las relaciones internacionales
se trata de establecer el marco internacional necesario para que se
puedan promover políticas nacionales de desarrollo.

No es una alternativa basada en acuerdos de libre comercio, es la
propuesta de construir una nueva sociedad que realice acuerdos
internacionales basados en la reciprocidad, el mutuo beneficio, la
soberanía nacional, la defensa del mercado interno y el respeto y
preservación de los derechos fundamentales. Nuestro objetivo es
formular “una propuesta integral para una visión alternativa del
desarrollo equitativo y sustentable de nuestras sociedades”.

Se incluyen definiciones de largo plazo que implican profundos
cambios sociales y sobre todo la transformación del Estado pero
también reivindicaciones inmediatas, exigencias a los gobiernos y
formulaciones que son parte de la lucha cotidiana de los pueblos.
Esta es una propuesta viva que se continuará enriqueciendo con el
desarrollo de la lucha popular y recogiendo las decenas de
experiencias de los pueblos americanos.

El documento Alternativas para las Américas puede leerse desde
diferentes ángulos: como el conjunto de demandas de los movimientos
sociales, como la precisión de los derechos fundamentales que se
reivindican, como una contrapropuesta a los temas que se incluyen o
se omiten en la negociación de los Tratados de Libre Comercio.
Alternativas presenta en todos estos campos formulaciones precisas,
sustentadas y basadas en la experiencia y en la evidencia empírica,
rigurosamente documentada.

De la asimetría a la dominación

Alternativas establece la propuesta de construir una sociedad
diferente y un acuerdo entre todos los países de América. Sin embargo
es necesario no olvidar el particular papel de Estados Unidos cuya
comparación con los demás países no se limita a las asimetrías en
niveles de desarrollo sino que es el centro de las principales
multinacionales, del capital financiero y a su vez una potencia
global que ejerce una dominación política, económica y militar sobre
el continente que puede llamarse sin dudas imperialista. Aunque esto
tiene diferente grado y profundidad en los diferentes países y
algunos pugnan por romper esta situación o han dado pasos en escapar
de ella, durante décadas esta ha sido una realidad que ha marcado el
destino de los países americanos.

Es imposible plantear un desarrollo alternativo sin superar este
obstáculo que impide la soberanía de los países que es la base de
toda propuesta tanto de edificación de una nueva sociedad como de
relaciones internacionales armónicas. La cúpula dominante en Estados
Unidos es la principal beneficiaria de los Tratados de Libre Comercio
y ellos forman parte de una estrategia de dominación continental y
de disposición global de las fuerzas que hace inviable por razones
estructurales de nivel, tipo de desarrollo y dominación política un
acuerdo con esa potencia. Eso sin olvidar que otras potencias e
incluso entre diferentes países se ha tratado de implementar tratados
que calcan el formato del libre comercio.

Por tanto hay razones de fondo para no hacer un acuerdo con Estados
Unidos y es necesario reivindicar la necesidad de acuerdos entre los
pueblos y países del sur, incluyendo el pueblo norteamericano lo cual
es una propuesta en desarrollo que se entrecruza con diferentes
propuestas y realidades de acercamiento entre los países que están
sobre el tapete y que deben examinarse a la luz del tipo de
relaciones internacionales que se proponen.

Criticamos enfáticamente los efectos nocivos del libre comercio, el
modelo y la globalización neoliberal, el dominio de las
multinacionales, el predominio del mercado sobre todas las demás
esferas de la actividad social y las consecuencias negativas que la
predominancia de una organización internacional acorde con estos, han
traído para el continente. Es necesario reiterar la crítica a las
políticas de ajuste estructural, a las privatizaciones, a la
reducción de la protección de los mercados nacionales y al
endeudamiento externo. No se trata de regresar al pasado o propugnar
por el aislamiento o el cierre de las economías. Es necesario
levantar una propuesta antineoliberal, antimonopolista y
antiimperialista que reconozca que el Estado debe jugar un papel
activo, que el desarrollo debe planificarse y que la lógica de la
competitividad debe remplazarse por la de la cooperación. Debemos, en
contra del modelo único, insistir en la diversidad, la promoción de
los proyectos de desarrollo nacional y el fortalecimiento de la
economía interna que traen como consecuencia obligada que no pueda
formularse un único modelo sino unos principios comunes aplicados en
forma diferente en cada país de acuerdo a sus circunstancias
concretas.

La Alianza Social Continental ha denunciado efectos nocivos del
modelo neoliberal y la dominación imperial ha desenmascarado los
argumentos de quienes defienden esta propuesta y ha mostrado el
panorama de desigualdad, abandono de tierras, desplazamiento del
campo a la ciudad, desempleo, deterioro del medio ambiente,
discriminación, exclusión social y económica, pobreza y miseria,
desequilibrios regionales, analfabetismo, degradación del medio
ambiente, opresión sobre la mujer, predominancia del empleo precario
e inestable, que reinan en la región

Del proyecto de dominación estadounidense forman parte el TLCAN, el
acuerdo con Centroamérica, Chile, Panamá y República Dominicana los
cuales superan las ambiciones norteamericanas en el ALCA y de las
potencias en la OMC y han ido tejiendo una constelación de acuerdos
que aíslan al MERCOSUR, Venezuela y Cuba y doblega buena parte de los
países.

La propuesta de la Alianza Social Continental no niega la necesidad
de acuerdos internacionales y regionales pero siempre y cuando no
sean considerados alternativas al desarrollo nacional sino
complementos del mismo y no se rijan por los dogmas del libre
comercio. Todo acuerdo internacional debe preservar la posibilidad de
proyectos nacionales de desarrollo. La negativa experiencia mexicana
en el TLCAN es un punto de referencia obligado, pero en todos los
países existen ejemplos negativos del resultado de la aplicación de
políticas neoliberales que ahora quieren convertirse en normas
supranacionales e irreversibles para todo el continente. Las
políticas de apertura y liberalización llevan varios lustros en todo
el continente y permiten extraer muchas lecciones.

Construir una nueva sociedad

La Alianza Social Continental parte de que una nueva sociedad no
puede regirse por los criterios neoliberales de maximizar las
ganancias de las multinacionales sino que deben considerar ante todo
los derechos humanos, preservar el medio ambiente, defender a los
ciudadanos, los recursos naturales y mejorar el nivel de vida de la
población. A estos objetivos deben supeditarse temas como inversión y
comercio. “Las metas centrales de estas políticas deberán ser la
promoción de la soberanía económica, el bienestar social y la
reducción de la inequidad en todos los niveles”.

Para la Alianza Social Continental lo fundamental es contar con
proyectos nacionales de desarrollo equitativo y sustentable que están
definidos por el hecho de que la producción debe ser ante todo para
satisfacer las necesidades nacionales, se debe privilegiar la
producción doméstica de bienes y servicios. Los países deben tener
soberanía económica y territorial y estar en capacidad de crear
empleo, desarrollar obras de infraestructura, privilegiar la economía
real y con ello el bienestar de la población, la capacidad de crear
empleo y la definición de su perfil productivo. Debe protegerse la
producción local dirigida al mercado interno y los patrones de
consumo local. “El meollo está en abrirse al mundo a partir de
proyectos nacionales de desarrollo justos y sustentables conducidos
por Estados democráticos y no dejar el futuro del desarrollo
únicamente a las fuerzas del mercado”

Esta nueva sociedad debe ser autosuficiente en alimentos, proteger el
medio ambiente, ser democrática, basarse en el mercado interno por lo
tanto no depender de las exportaciones, debe tener una política
activa de promoción de los derechos de las mujeres, privilegiar la
producción sobre la especulación, ser pacífica, garantizar trabajos
bien remunerados suficientes y dignos y sus prioridades no deben ser
establecidas por el mercado mundial

Propugnamos por un nuevo Estado

Esta nueva sociedad requiere un nuevo Estado que se preocupe ante
todo por el bien común y que juegue un papel central en la conducción
de un desarrollo económico, que tenga como objetivo la promoción de
la justicia social, la búsqueda de equidad entre regiones y grupos
sociales y la sustentabilidad. Que cree condiciones para una dinámica
de crecimiento estable y garantice que las grandes corporaciones no
manejen caprichosamente los mercados.

Se trata de un nuevo Estado democrático que promueva la democracia
la cual implica el acceso a la información y educación pública. Debe
haber control civil sobre las fuerzas del orden. El Estado debe
enfrentar radicalmente la corrupción en todos sus niveles, tener un
nuevo papel cualitativo en la dinámica económica y asumir la
responsabilidad irremplazable de garantizar los derechos humanos
incluyendo el derecho al desarrollo y los derechos económicos y
sociales y culturales y de los pueblos originarios.

No se trata de un Estado proteccionista tradicional, sino de un
Estado socialmente responsable ante la sociedad que pueda impulsar un
proyecto de desarrollo sustentable definido democráticamente. Ello
permite la protección de sectores estratégicos según cada proyecto
nacional. Un Estado regulador tampoco debe inhibir la iniciativa
privada. Al contrario debe establecer reglas claras para
compatibilizar derechos con obligaciones y asegurar que tanto el
capital nacional como el internacional promuevan el desarrollo
nacional justo y sustentable. El nuevo Estado debe aplicar una
reforma fiscal integral capaz de recaudar los recursos suficientes
para asegurar una red de seguridad social para todos y para evitar
déficit fiscales que, por su magnitud, se conviertan en un problema
para el desarrollo, la reforma fiscal debe tener una lógica
productiva y redistributiva y se deben superar los tradicionales
análisis del crecimiento basado en el PIB que no tienen en cuenta la
distribución del ingreso.

El Estado debe ser el garante de la soberanía nacional. La cual es un
derecho de las naciones y el sustento de la igualdad jurídica de los
Estados en el concierto de las mismas. La soberanía reside en el
pueblo y este puede decidir democráticamente someterse a regulaciones
o legislaciones supranacionales que considere conveniente para su
bienestar y la salvaguarda de sus derechos. Los Estados nacionales
deben preservar su capacidad de fortalecer e impulsar su diversidad
cultural. La cultura es también un elemento de la soberanía y la
cohesión social de un país. La seguridad nacional debe considerarse
como seguridad pública, seguridad de los ciudadanos. El Estado es el
responsable de conducir una estrategia económica consensuada, que
lleve al bienestar social, y políticas sociales que lo refuercen. No
debe escatimar esfuerzos en la promoción de la generación de empleos
bien pagados. Los gobiernos habrán de tener la capacidad de
establecer sus propias políticas monetarias y financieras, y resistir
a la dolarización.

El Estado debe fortalecer el mercado interno cuya importancia radica
en convertir a la mayoría de la población en consumidores
estratégicos. La elevación de los niveles de vida se vuelve entonces
una necesidad económica para ampliarlo y no sólo una exigencia de
justicia. El Estado tiene como tarea ineludible la creación de
condiciones que favorezcan la competitividad de las empresas
nacionales, tanto en el exterior como en el propio. La competencia
sanciona empresas con bajos niveles de productividad, pero no genera
dicha productividad. Para ello el Estado debe promover la
investigación y el desarrollo tecnológico, así como la educación, que
son indispensables para un país viable. Los países deben dotarse de
un sector exportador fuerte lo cual implica promover la integración
de cadenas productivas nacionales para que estas sean motor del
crecimiento general y generen empleos directos e indirectos de alta
calidad. Deben disminuirse las exportaciones basadas en el uso
intensivo de recursos naturales o de energía y aplicar políticas
activas de fomento de la demanda interna. Debe plantearse una
política industrial, agropecuaria rural y ambiental explícita que
incluya creación de infraestructura, crédito accesible, educación e
investigación que promueva la creación de tecnología adecuada. Debe
haber políticas específicas orientadas a los sectores más vulnerables
de la población, las cuales deben traducirse en legislaciones que
establezcan derechos y normas claras y estables y no en decisiones
discrecionales o clientelistas. El objetivo central del Estado debe
ser el desarrollo justo y sustentable para todos, sin por ello
excluir medidas asistenciales de emergencia o compensatorias para
grupos específicos.

Los Estados deben asumir plenamente sus responsabilidades en la
implementación de todos los derechos humanos, garantizando su
efectivo cumplimiento, dentro de ellos es necesario entender que la
educación antes que una mercancía o servicio es un derecho que no
puede hacerse depender de la capacidad económica de las personas para
comprarlo. Además, la educación es también elemento fundamental en la
formación de la cultura e identidad nacional por lo que cada nación
debe poder ejercer, sin ingerencias exteriores, una completa
soberanía en materia de educación. El acceso a la salud y los
medicamentos son un derecho fundamental que no se puede supeditar a
los recursos de que dispone la gente. El acceso al sistema público de
salud debe ser general y no supeditado a tener un empleo formal, ya
que en la mayoría de nuestros países el desempleo, el empleo precario
y el empleo informal afectan a la mayoría de la población.

Todo proyecto nacional debe considerar los costos ambientales y
sociales, no sobreexplotar los recursos naturales e impedir su
sobreconsumo por las capas más ricas de la población utilizando para
ello fuertes impuestos y otras medidas en esta dirección.

Los servicios deben considerar las necesidades específicas de las
mujeres y prever su acceso a ellos. Debe reconocerse el valor del
trabajo no remunerado de las mujeres y adoptar las políticas públicas
con una perspectiva de género. La gente de la tercera edad, las
comunidades y pueblos indígenas también deben tener acceso a los
servicios de salud pública. Debe apoyarse el desarrollo y difusión de
la medicina tradicional y el conocimiento milenario, muchas veces
detentado. por mujeres, que estas comunidades poseen. Se debe
preservar la biodiversidad. El Estado debe asumir la responsabilidad
de garantizar a toda la población el suministro de los servicios
básicos y de utilidad pública y, por ende, deben comprometerse a
alcanzar objetivos regulatorios legítimos en el campo de las
políticas públicas, tales como la protección al consumidor y el
acceso universal a los servicios esenciales.

Los sistemas de seguridad social (incluidas las pensiones) deben
mantenerse bajo la responsabilidad del Estado y los fondos con los
que se financian deben ser manejados por él y canalizados como
crédito a proyectos prioritarios para el desarrollo nacional. Se debe
evitar que tales fondos ingresen al circuito especulativo que sólo
concentra la riqueza social en menos manos. El Estado debe conservar
el derecho a la producción de medicamentos genéricos para el uso del
sistema público de salud. El derecho a tener donde vivir debe ser
garantizado por el Estado como un derecho humano fundamental.

Cada país debe mantener la potestad de definir políticas en materia
de explotación de recursos naturales; manejo del sistema financiero y
monetario, especialmente del sistema de pagos y la inversión
financiera de corto plazo; la defensa de la producción agrícola de la
dieta básica y/o en manos de pequeñas unidades familiares de
producción; y sectores estratégicos vinculados con la soberanía
nacional o con la estabilidad económica nacional.

Las empresas públicas son de propiedad social, sólo administradas por
el Estado. Su finalidad no es la obtención de lucro individual, sino
el buen desarrollo del proceso económico, o como garantías de la
soberanía e instrumentos de justicia social y ambiental. Es
responsabilidad de los Estados asegurar que las empresas sean sólidas
y eficientes. Debe combatirse la corrupción, mediante mecanismos como
el control del poder legislativo y de la sociedad misma. La
conservación, creación o privatización de una empresa pública debe
ser decidida por el poder legislativo que represente la voluntad del
pueblo. En el caso de empresas estratégicas las leyes deben exigir
consulta amplia y directa a la sociedad. Algunas empresas públicas
pueden ser facultadas para el manejo, producción, transporte o
comercialización exclusiva de algunos bienes o servicios. Las
empresas públicas no se consideran monopolios ni serán sometidas a
leyes antimonopolio. El manejo y evaluación de las empresas públicas
no se basará solamente en criterios de precio y calidad, sino por la
consecución del objetivo específico para el que fueron creadas,
incluyendo el suministro de servicios a los sectores pobres o
marginados. El Estado debe por su parte mantener la posibilidad de
subsidiar a los sectores necesitados. La banca pública debe tener
cierta autonomía de la rama ejecutiva y de los intereses de corto
plazo pero no de las legislaturas.

Las compras gubernamentales y las obras públicas tienen una gran
incidencia en sectores específicos de la planta productiva. Dado que
se realizan con recursos de los contribuyentes, deben seguir siendo
un instrumento de la política económica para el desarrollo nacional.
Por lo tanto deben ser sometidas a concurso abierto y transparente
para evitar corrupción en su adjudicación, los criterios de la
licitación no serán exclusivamente mercantiles (de precio y calidad).
Podrán, lo mismo que la inversión, incluir criterios como los
siguientes: a) Contenido nacional de un bien o servicio que esté
integrado de algún modo a las cadenas productivas nacionales. b) Tipo
de tecnología involucrada y sus efectos en el medio ambiente. c)
Transferencia de tecnología. d) Número de empleos generados en el
país y el salario correspondiente a los mismos. e) Garantías
especiales de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa nacional.
Los países podrán establecer listas de proveedores cuyo desarrollo
consideren estratégico para la nación (por el desarrollo de
tecnolog