¿Integración de qué? ¿Para quién?

La consideración de los proyectos de integración latinoamericanos exige formularse algunas interrogantes vitales. ¿Integración para quién? ¿Para las los sectores privilegiados de estas sociedades? ¿Para que los capitales, sean nacionales o transnacionales, puedan moverse libremente en todo el continente? ¿O, por el contrario, para los pueblos, para las mayorías empobrecidas, excluidas, subordinadas?

No hay nada en la idea de integración que en sí mismo podamos considerar como favorable para el futuro de los pueblos del continente. No basta con que sea una integración latinoamericana o sudamericana para que corresponda a los intereses populares. Todo depende del modelo de integración en cuestión. ¿Quiénes lo impulsan? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿En función de qué intereses y de que valores se diseña? Dependiendo de la respuesta a estas interrogantes, la integración puede afianzar las relaciones de dominación actualmente hegemónicas, o puede contribuir a abrir rendijas para socavarlas.

¿Un proyecto de integración orientado a abrir aún más estas economías para someterlas a los dictados de los dueños del capital? ¿O una integración defensiva que tenga como meta conquistar espacios de autonomía y soberanía para definir políticas públicas y opciones económicas propias? En otras palabras, ¿una integración que contribuya a desdibujar aún más los espacios y territorios del ejercicio de la soberanía democrática de los pueblos, o una integración orientada a recuperar lo que siglos de colonialismo y políticas imperiales le han arrebatado y continúan arrebatando a los pueblos del continente?

¿Una integración orientada por los valores del individualismo posesivo, de la competencia de todos contra todos, en la cual se garantice el éxito de los más fuertes sobre la base de la explotación y exclusión de los más débiles, esto es, una integración que acentúe las inaceptables desigualdades actuales? ¿O una integración guiada por los valores de la igualdad, de la participación, la pluralidad, la solidaridad, la comunidad, una integración que reconozca, valore y haga posible el despliegue de la extraordinaria variedad de modos de vida de los pueblos de nuestro continente?

¿Una integración que sin límite alguno explote los recursos naturales, convirtiéndolos en mercancías exportables para generar los excedentes requeridos para pagar la deuda externa? ¿O una integración que se oriente a la recuperación y construcción de otras formas de ser los humanos parte de la naturaleza, que no la considere como un enemigo a ser sometido, controlado, explotado y por ende destruido?

¿Una integración pensada como área de libre comercio, concebida principalmente como la construcción de un espacio económico de libre circulación de mercancías y capitales? ¿O una integración geopolítica concebida como parte de los procesos de resistencia al orden global que busca imponer la política unilateral e imperial del capital transnacional y del gobierno de los Estados Unidos?

El ALCA

El principal proyecto estratégico del gobierno de Estados Unidos hacia el continente americano en su conjunto durante los últimos diez años ha sido el ALCA o Área de Libre Comercio de las Américas. Mediante este acuerdo de alcance continental, Estados Unidos y sus empresas han buscado consolidar, profundizar y hacer irreversibles las políticas de ajuste estructural de las últimas décadas, pretendiendo establecer de una vez por todas la prioridad absoluta de los derechos del capital sobre los derechos de la gente. Mediante la constitucionalización del orden neoliberal en un pacto supranacional de obligatorio cumplimento, se aspira a acotar drásticamente los ámbitos de la soberanía y del ejercicio de la democracia y la regulación social, concebidas todas como trabas ilegítimas al pleno y libre despliegue y movimiento del capital.

Hasta hace poco más de dos años, las negociaciones avanzaban en forma aparentemente indetenible. Gobiernos sumisos en todo el continente negociaban textos secretos a espaldas de sus pueblos, y parecía inevitable que para la fecha prevista, esto es, para finales del año 2004, se concluyeran la negociación y revisión del texto de manera que este pudiese ser ratificado en 2005. Sin embargo, a partir del año 2002 las cosas comenzaron a cambiar. Los movimientos y organizaciones sociales de la resistencia al ALCA, especialmente mediante su articulación en la Alianza Social Continental, lograron sacar el debate del ámbito acotado de una negociación entre expertos en comercio internacional para colocarla en el terreno del debate y la movilización pública.

Organizaciones sindicales, indígenas, ecologistas, campesinas, de mujeres y académicas en todo el continente logran converger en una resistencia crecientemente organizada y capaz de grandes movilizaciones. Cada una de las principales reuniones de los negociadores del acuerdo pasó a estar acompañada de masivas protestas (Québec, Buenos Aires, Quito, Miami). Los cambios políticos representados por la elección de Chávez, Lula y Kirchner introdujeron perspectivas y posturas negociadoras no previstas. En la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) celebrada en San Salvador en julio de 2003 se reconoce por primera vez, en la propia mesa de negociaciones, que estas están severamente estancadas. Se realizaron sucesivos intentos de salvar el acuerdo mediante un tratado más diluido (Alca light) o por la vía de un ALCA de dos niveles que permitiese a los gobiernos más comprometidos con el modelo de libre comercio preservar el contenido del proyecto original, facultando a otros gobiernos el asumir compromisos menores. Buscando destrancar las negociaciones, los Estados Unidos convocaron sucesivas “reuniones informales” entre diferentes grupos de países. Persistieron los desacuerdos. Finalmente, en contra de todos los pronósticos, lo que no parecía posible es hoy un hecho. La resistencia continental ha derrotado al ALCA, quizás definitivamente. Desde comienzos del año 2003 no se ha llevado a cabo ninguna reunión formal. De hecho, aunque esto no se admita públicamente, las negociaciones han sido pospuestas en forma indefinida1.

Diversas organizaciones del continente han sugerido que el 1 de enero de 2005, fecha en que se suponía que estuviese listo el acuerdo, sea celebrado como el día del triunfo de los movimientos populares de las Américas contra el ALCA. En estos tiempos neoliberales no son muchas las victorias populares: hay que celebrarlas.

Los Tratados de Libre Comercio (TLCs)

El descarrilamiento del ALCA representa sin duda una victoria para la resistencia al proyecto imperial de libre comercio. Sin embargo, la agenda estratégica del gobierno de Estados Unidos hacia el continente no ha sido derrotada: avanza por otras vías. Dado que las dificultades en las negociaciones del ALCA las enfrentaba principalmente con tres países –Brasil, Argentina y Venezuela– el gobierno de Estados Unidos optó por continuar negociaciones vía TLCs con prácticamente todos los demás países. Negoció y firmó un TLC con Chile, concluyó las negociaciones con Centroamérica, y está en lo que se supone que es la fase final de las negociaciones con Colombia, Ecuador y Perú.

Dado el fraccionamiento de la resistencia y las posturas más amigables (tanto al libre comercio como al gobierno de Estados Unidos) de los gobiernos en cuestión, en estos acuerdos se radicaliza la agenda neoliberal. No sólo se va más allá de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sino incluso de lo previsto en los borradores del ALCA. La extraordinaria disparidad entre las partes de estas negociaciones queda ilustrada en el contenido, por ejemplo, de los capítulos sobre propiedad intelectual y agricultura del TLC andino, acuerdos que de aprobarse en su versión actual tendrían impactos catastróficos sobre la salud y la alimentación de los pueblos. Estados Unidos ha exigido el patentamiento de plantas y animales (¡definidos como inventos!), así como de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos. Reafirmando una vez más que considera más importante las ganancias de sus transnacionales farmacéuticas que la salud pública, además de diversas medidas destinadas a impedir la utilización de medicamentes genéricos exige que se deje sin efecto la Declaración Relativa al Acuerdo sobre ADPIC2 de Doha (2001), que autoriza cierta flexibilidad en la interpretación de los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos y permite a los países miembros de la OMC “proteger la salud pública y, en particular, promover el acceso a los medicamentos para todos”. En las negociaciones sobre agricultura Estados Unidos exige la eliminación de todos los instrumentos de protección y fomento agrícola utilizados por los países andinos (bandas de precios, cuotas de importación, etc.), a la vez que se niega en forma categórica a siquiera discutir sus opulentos subsidios agrícolas. Esta combinación no puede conducir sino a la devastación de la agricultura andina, a socavar las condiciones de la seguridad alimentaria y a la expulsión de millones de personas del campo.

A pesar de la firme oposición popular y de las masivas movilizaciones de organizaciones sociales y políticas centroamericanas y andinas3, no ha sido posible hasta el momento frenar estas negociaciones.

MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones

¿Constituyen hoy el MERCOSUR o la Comunidad Andina de Naciones (CAN) alternativas a este modelo de integración y desarrollo? La integración no puede pensarse como algo diferente a los proyectos nacionales, diferente a las sociedades que se prefiguran al interior de cada Estado-nación. Los proyectos de integración del continente dependen de los procesos políticos, de las estructuras productivas, de las correlaciones de fuerza existentes tanto global y regionalmente como al interior de cada uno de los países participantes.

Los actuales proyectos y prácticas de integración en América Latina se dan con estructuras productivas y condiciones políticas e ideológicas muy diferentes a las existentes cuando se debatía la integración latinoamericana en los ‘60 y ‘70. Como resultado de las dictaduras militares y de la aplicación sistemática de las políticas neoliberales de ajuste estructural, estas sociedades han cambiado profundamente tanto en su estructura productiva como en su tejido social. Como consecuencia de la represión, la desindustrialización y las reformas laborales, el movimiento sindical se encuentra extraordinariamente reducido y debilitado, y la mayor parte de los nuevos empleos se crean en el llamado sector informal. El peso de empresarios cuya producción se orientaba prioritariamente al mercado interno ha igualmente declinado. La propiedad de la tierra se encuentra aún más concentrada que hace tres décadas. Los sectores más dinámicos de las economías del continente –los que tienen igualmente hoy mayor incidencia política, mayor capacidad de tener impacto sobre las políticas públicas– son los sectores triunfantes de estas transformaciones económicas. Son principalmente los grupos financieros, los de los servicios –como las telecomunicaciones– y los exportadores de productos primarios: en el caso del Cono Sur, principalmente el sector agroindustrial. Estos sectores están controlados o asociados estrechamente con el capital transnacional, sus beneficios dependen de la apertura económica, de la desregulación, de las privatizaciones y del acceso a los mercados internacionales. Constituyen las fuerzas dinámicas internas detrás de las políticas del libre comercio.

El sentido común neoliberal hoy hegemónico, y los intereses de estos sectores que resultaron beneficiados de las transformaciones políticas y de la estructura económica producidas en las últimas tres décadas, condicionan las orientaciones básicas de los proyectos de integración que hoy operan y se negocian en todo el continente. Es posible constatar incluso que la razón fundamental por la cual los gobiernos de Brasil y Argentina pusieron una resistencia tan firme al ALCA tuvo que ver principalmente con el hecho de que los beneficios que esperaban estos sectores no estaban siendo garantizados suficientemente en la negociación. No se trata de desconocer que estos gobiernos no han tenido posiciones únicas y que han existido tensiones entre visiones más orientadas hacia el libre comercio y visiones que reivindican mayor autonomía para el impulso de políticas públicas nacionales. Sin embargo, y más allá de los discursos, fue precisamente el hecho de que el ALCA no garantizaba un mayor acceso de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de Estados Unidos, y que el gobierno de dicho país no estaba dispuesto a siquiera considerar la reducción de los subsidios a su producción agrícola, la verdadera razón por la cual se trancaron las negociaciones del ALCA.

El único gobierno participante en las negociaciones que formuló cuestionamientos conceptuales, políticos y doctrinarios fundamentales a cada una de las dimensiones del modelo de integración propuesto por el gobierno de Estados Unidos a través del ALCA fue el de Venezuela.

Esos mismos intereses han estado impulsando las negociaciones del MERCOSUR con la Unión Europea. De acuerdo a denuncias formuladas por las principales organizaciones sociales del Cono Sur4, a cambio de un acceso limitado de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de la Unión Europea, los negociadores del MERCOSUR están realizando concesiones que tendrían efectos nocivos sobre la agricultura familiar, limitarían la capacidad de los Estados para tener políticas industriales autónomas, y convertirían en mercancías áreas tan críticas como los denominados “servicios culturales” y “servicios ambientales”. Se habrían ofrecido igualmente preferencias a la Unión Europea para las compras del Sector Público. No hay razón alguna por la cual se pueda suponer que las transnacionales basadas en Europa puedan tener efectos más benignos o sean menos rapaces que las estadounidenses, ni para asumir que los gobiernos europeos sean menos agresivos en la defensa de los intereses de sus corporaciones. Cualquier ilusión en este sentido quedó desmentida con la reciente crisis argentina.

La Comunidad Sudamericana de Naciones

Los gobiernos de Sudamérica celebran lo que denominan un nuevo momento histórico en el continente, la realización del sueño de Bolívar: la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. ¿Podrá este acuerdo convertirse efectivamente en un punto de partida para nuevos proyectos económicos y geopolíticos alternativos a los modelos hegemónicos?

La retórica de la Declaración del Cusco, firmada por los presidentes o cancilleres de 12 países sudamericanos5, parecería efectivamente apuntar en una nueva dirección. Predomina en esta un lenguaje diferente a la prioritaria del libre comercio que ha sido hegemónica durante los últimos lustros. Partiendo de la “historia compartida y solidaria de nuestras naciones”, se reivindica “una identidad sudamericana compartida y valores comunes, tales como: la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias”. Se reconoce que no es suficiente con el desarrollo económico, y que se requieren estrategias que junto a “una conciencia ambiental responsable y el reconocimiento de asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión social, así como la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible”.

Se enfatiza un “compromiso esencial con la lucha contra la pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente y el acceso de todos a la salud y a la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos”. En el terreno internacional se apela a “los valores de la paz y la seguridad internacionales, a partir de la afirmación de la vigencia del derecho internacional y de un multilateralismo renovado y democrático que integre decididamente y de manera eficaz el desarrollo económico y social en la agenda mundial”.

Desde el punto de vista institucional, se afirma a la Comunidad Sudamericana de Naciones como proyecto que trasciende un área de libre comercio, acordándose que se va a “desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva subregional y, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales”.

De acuerdo al texto, se trata de un proyecto de integración de los pueblos. Se afirma: “Nuestra convicción en el sentido que la realización de los valores e intereses compartidos que nos unen, además de comprometer a los Gobiernos, sólo encontrará viabilidad en la medida que los pueblos asuman el rol protagónico que les corresponde en este proceso. La integración sudamericana es y debe ser una integración de los pueblos”.

Más allá de temas cruciales que están ausentes en el texto, como el de la deuda externa, y el de las relaciones de este proyecto con los acuerdos de libre comercio firmados o en proceso de negociación con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿puede esperarse que los actuales gobiernos sudamericanos (los firmantes de la Declaración del Cusco) sean consecuentes con estas declaraciones de intención? ¿Se trata de un lenguaje destinado al público de galería, o es la expresión de una nueva voluntad política de los gobiernos sudamericanos?

Más que descartar de antemano la Declaración del Cusco como pura retórica y a la decisión de crear la Comunidad Sudamericana de Naciones como una mera formalidad, es conveniente analizar este proceso en la potencialidad que podría ofrecer para convertirse en un nuevo terreno de pugnas y tensiones entre diferentes visiones y diferentes fuerzas sociales en torno al futuro de América Latina. ¿Pretenden los gobiernos firmantes de la declaración (o algunos de ellos) adecuar las orientaciones de sus políticas públicas a los objetivos declarados de la Comunidad Sudamericana de Naciones?

Lo que resulta evidente es que hay flagrantes contradicciones entre los objetivos y metas formulados en esta declaración y el rumbo principal que hoy asumen las políticas públicas en la mayoría de los países sudamericanos. Los objetivos formulados en la Declaración del Cusco no son, de modo alguno, compatibles con las políticas públicas y orientaciones económicas que, gracias a la deuda externa, los organismos financieros internacionales continúan imponiendo en todo el continente. ¿Pueden los movimientos sociales y políticos populares del continente aprovechar estas tensiones para formular e impulsar propuestas contrahegemónicas?

¿Qué sentido tiene que los gobiernos andinos que hoy negocian un TLC con Estados Unidos, proyecto que constituye una severa amenaza a la salud, educación, alimentación y el ambiente de dichos países, se comprometan a garantizar la salud, la educación, la alimentación de sus pueblos, así como la preservación del ambiente? ¿Qué sentido tiene la reivindicación del derecho a un empleo decente cuando las políticas de apertura, privatización y desregulación, la desindustrialización, la flexibilidad laboral y las reformas de la legislación laboral impulsadas por estos mismos gobiernos continúan deteriorando y precarizando sistemáticamente las condiciones del empleo? ¿Para qué proclamar la autonomía e igualdad soberana de los Estados mientras se están negociando acuerdos comerciales que limitan cada vez más el ejercicio