El pasado jueves 5 de mayo, la ciudad de Bogotá presenció una marcha de varios miles de campesinos y campesinas pobladores de los páramos de Cundinamarca. De todas las edades, con sus atuendos autóctonos de tierra fría, de ruana y sombrero de fieltro, con las mejillas coloradas y sus gargantas a viva voz desfilaron para recordar a quienes promueven y confeccionan las leyes y medidas legales que ahora se están expidiendo y que atañen a la existencia de los habitantes de dichas zonas, que ellos harán valer su derecho a la vida, a la propiedad y al trabajo que, entre otros, se ven amenazados en medio del diluvio legislativo que está transcurriendo.

La intimidación que les causan los textos difundidos hasta ahora de la Ley de Páramos, de la Ley de Agua y de la Ley Forestal es razonable. En la primera de ellas, las actividades productivas tradicionales como agricultura y ganadería quedarían prohibidas a más de 3.000 metros de altura y, si bien, el actual ponente en la Cámara, Marco Tulio Leguizamón, ha introducido cambios más favorables, la Ley aún carece de los bloqueos suficientes a fin de que las autoridades locales o las Corporaciones Autónomas no puedan operar con arbitrariedad procediendo a declarar con supuestos fines ecológicos como “bienes de interés público” las parcelas campesinas ubicadas en esas alturas y colgar sobre ellas la guillotina de la expropiación.

En la Ley Forestal (o de Bosques) existen vacíos sobre las opciones reales para los pequeños productores: su permanencia en las áreas cuyo uso del suelo se destine para este tipo de explotación al no considerarse el bosque nativo para tal efecto. Todavía parece que se está legislando solamente para los inversionistas de la industria maderera, nacionales o foráneos, con proyectos rentables en ese campo. Y vale recordar lo que Manuel Rodríguez, presidente de la Conferencia Mundial de Bosques ha advertido: que los primeros interesados son “las mismas multinacionales que arrasaron el bosque tropical del sureste asiático”.

En cuanto a la Ley Marco de Aguas, aunque todavía no se inicia en firme la discusión, el proyecto radicado deja ver sus “orejas de lobo” cuando fija el aprovechamiento del recurso hídrico con fines de lucro y garantías y horizontes de rentabilidad. Tal parece que a quienes escudriñan tales oportunidades, que según cuentas son los mismos que buscan la “dimensión económica y financiera” de los páramos, les estorban los lugareños tradicionales, casi todos ellos pobres, a quienes con señalamientos draconianos se les acusa en la nueva Inquisición ambiental como depredadores por naturaleza.

Aunque las modificaciones a estas leyes pueden dialogarse y es de esperar que se transen respetando los derechos ciudadanos fundamentales, lo que rebosó la copa en Cundinamarca fue la declaratoria como Reserva Natural que la CAR intenta hacer en poco tiempo de 14.000 hectáreas de algunos de los páramos de ese departamento. Así, la subsistencia de los productores agropecuarios de dichas áreas queda en entredicho.

Adicionalmente, el TLC viene a reforzar el despojo de estos campesinos. No sólo por el capítulo de comercio de Agricultura que va a favorecer el ingreso fácil de géneros gringos tanto como materia prima como procesados, sino porque en él además se concretan las posibilidades de “mercado para los servicios ambientales”. Aparte de esto, en el TLC se plasmarían las “estrategias financieras” que ansiosos tecnócratas neoliberales e inescrupulosos mercaderes esperan para comerciar con cuanto tengan a mano.

En Colombia marchan los indígenas, se expresan los arroceros, se movilizan los trigueros para apenas nombrar a los sectores que más recientemente han expuesto sus dolamas y temores ante el futuro incierto. Ahora lo hacen los paramunos a su manera, los del mismo tipo de quienes hace dos siglos engrosaron las filas libertarias cuando éstas atravesaron el célebre Pisba, gritando con entusiasmo como el pasado 5 de mayo en Bogotá: “Queremos chicha, queremos maíz…multinacionales fuera del país…”.