El viernes 6 de mayo, los negociadores colombianos de la mesa de agricultura en el TLC con Estados Unidos, contando con el visto bueno de los ministros de Agricultura y de Comercio, enviaron a los negociadores norteamericanos una comunicación extemporánea, por fuera de las rondas oficiales, en la cual se relajaron casi por completo todas las condiciones que Colombia hasta esa fecha había puesto en la discusión para el ingreso al país de trigo, cebada y aceites de oleaginosas norteamericanos en el marco del tratado y con el argumento de darle un “nuevo aire” a las negociaciones. La oferta fue presentada 24 horas antes a distintos gremios de las respectivas cadenas productivas y éstos no la avalaron. El gobierno también desconoció las marchas de los trigueros en Nariño, quienes por miles marcharon el 25 de abril diciendo NO al tratado y, al contrario, solicitaron al gobierno debida protección y apoyo para el cultivo del cereal.

En la mencionada oferta a Estados Unidos se permitió el ingreso inmediato sin aranceles de 200.000 toneladas de trigo en bruto y de cualquier cantidad adicional con aranceles del 26% a partir del primer año de vigencia del TLC para irlos desgravando hasta arancel cero en cinco años. Además en el paquete se incluyó, con aranceles inferiores al 26%, a otros derivados, subproductos y hasta residuos industriales del trigo. Estos aranceles son totalmente inocuos ya que un estudio del propio ministerio de Agricultura, “El Agro colombiano frente al TLC con los Estados Unidos”, se afirma
que el precio de venta del trigo gringo está un 34% por debajo de los costos de producción. Es decir, se propicia el comercio ilegal para este género.

En peores términos se trató a la cebada cervecera: ingresará toda la que sea sin impuesto alguno desde el primer año. Para algunas variedades de aceites de oleaginosas, venidos de la soya, la canola y el girasol, se eliminaron en el ofrecimiento el sistema de protección conocido como Franja de Precios, se fijaron volúmenes de importación sin aranceles desde el primer año del tratado y ni siquiera se les adicionaron la mal llamada Salvaguardia Especial. Aquí también sectores gremiales como FEDEPALMA y COAGRO han denunciado la violación a acuerdos que fueron concertados con ellos.
El gobierno justifica el despropósito diciendo que así intenta que Estados Unidos elimine las restricciones para el ingreso de tabaco, cigarrillo, etanol y hortalizas. Aquí el asunto se torna peor. Cabe preguntar cuál es el criterio para decidir este cambalache.

¿Olvidó el gobierno que mientras hay 20.000 productores de trigo, quien se beneficiará con el intercambio por cigarrillos y tabaco es un oligopolio industrial del cual hace parte la multinacional Philip Morris y que, en cuanto al etanol, también se trata de un cartel liderado por un grupo económico? ¿No sabe el gobierno que al permitir en las condiciones ofrecidas el acceso al trigo, a los aceites de oleaginosas y a la cebada estos géneros pueden sustituir a la producción nacional de maíz, arroz, aceite de palma y de soya? No es creíble que así se escoja a los sectores que serían prósperos en la agricultura después del TLC.

Finalmente, ¿Deberán esperar los arroceros y los cultivadores de maíz que su producto se intercambie por azúcar o flores? Aunque en las últimas horas el ministro de Agricultura ha dicho que la oferta de marras “no está grabada en piedra”, no hay hasta ahora un retiro oficial de la misma y, aunque también ha dicho que buscará un arreglo “liviano” y poco profundo en la mesa agrícola, en el ambiente queda la coincidencia del desaguisado con las advertencias de Condoleezza Rice, la secretaria de Estado, en su visita reciente sobre la necesidad de tener “voluntad política” para llegar al acuerdo. ¿Fue la oferta del viernes 6 de mayo una muestra de tal “voluntad”?