“…El hambre es la peor causa de violencia…”
Ghandi
“…Existen necesidades colectivas y cualitativas

que no pueden ser satisfechas mediante los mecanismos
del mercado
y escapan a su lógica: Hay bienes que por
su naturaleza
no se pueden ni se deben vender o comprar…”
 Centesimus Annus/ Juan Pablo II.
En el comunicado de la XXIX reunión de la
Comisión de Seguridad de Centroamérica, fueron
planteados los principales temas de agenda de este ente regional,
delimitados a prevención de la violencia de jóvenes en
conflicto con la ley, trata y trafico de personas, desminado,
narcoactividad y medidas de confianza mutua. 

Por su parte, el Sistema Interamericano, en la
Conferencia Especial sobre Seguridad, advirtió como una de las
principales amenazas a la seguridad en el continente “…La
pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de
la población, que también afectan la estabilidad y la
democracia….”.  De manera similar, el PNUD, en
el “Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los
desafíos y el Cambio”, ratifica la pobreza como un
factor que nos da una idea de los conflictos que podemos esperar en
el plano internacional, así como también agrega la
degradación del medio ambiente y las enfermedades infecciosas.
En Centroamérica, las previsiones sobre
amenazas a la seguridad, actuales y futuras, indican que los ejes
centrales de la conflictividad van a mantenerse e incrementarse del
2005 al 2015.  Según el especialista guatemalteco,
Gabriel Aguilera, estos ejes se caracterizan, principalmente, a
partir de conflictos socio-económicos de carácter
estructural (ingreso, tierra, vivienda, salud, educación,
laborales, agua, migraciones); conflictos políticos
(deslegitimación de partidos, corrupción, lucha entre
poderes del Estado); y conflictos de participación (derecho de
los pueblos indígenas, de mujeres, defensa recursos naturales
y políticas económicas). 

Los conflictos de seguridad ciudadana, pese a su
amplia difusión mediatiza e indiscutible tangibilidad para la
población, no constituyen el primer escaño de las
preocupaciones principales de ésta, que prioriza la falta de
empleo o el alto costo de la vida, como necesidades más
urgentes a resolver.  Igualmente, conflictos de origen externo,
como terrorismo, acceso y uso de armas de destrucción masiva,
ataques a la seguridad cibernética y la violación de
derechos relacionados con la propiedad intelectual, son percibidos
aun más lejanamente como amenazas a su seguridad por el
promedio común del ciudadano centroamericano.
No es así en el caso de conflictos de
participación, socioeconómicos y políticos. 
En la región, al igual que en el resto del continente, se
acrecientan los niveles de conflictividad vinculados con el modelo
económico neoliberal implementado por los gobiernos
centroamericanos que lo asumen como estrategia para el crecimiento
del que suponen devendrá el desarrollo.  En oposición,
amplios sectores sociales cuestionan el modelo y lo señalan
como responsable de profundas desigualdades. 

En este contexto se articulan en toda la región
conflictos sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica,
República Dominicana y Estados Unidos.  En medio de
fuertes polémicas, el CAFTA ha sido discutido y firmado de
manera inconsulta y prepotente por los gobiernos de cada país
centroamericano, imbuidos en una loca carrera por ser el primero en
dar mas concesiones al que califican como su principal mercado de
exportación y en quien ratifica más prontamente en sus
respectivos congresos un Tratado que, mucho más allá de
lo comercial, condena la soberanía centroamericana a los
dictados de las grandes empresas transnacionales.
Para Norman García, Ministro de Comercio de Honduras, las
expectativas de crecimiento económico de este país se
estancarían de no entrar en vigencia el CAFTA, ya que el
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) vence en el 2008 y la
Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) debe renovarse todos los
años.  Este mismo funcionario aseguró que hasta
marzo del 2005 entre Costa Rica, República Dominicana,
Guatemala y Honduras se perdieron 10 mil 310 empleos por el retraso
de los congresos de estos países en ratificar el Tratado
comercial con Estados Unidos[1].
En una reciente escala en El Salvador, la Secretaria de Estado del
gobierno de Estados Unidos, Condolezza Rice, aseguró que a los
países centroamericanos el CAFTA “…les ayudará
a reemplazar su pasado de caos por un futuro de comercio…”[2]. 
Igual discurso sostiene el representante de Comercio de Estados
Unidos, Rob Portman, quien en su intenso cabildeo en el Congreso
estadounidense hizo un llamado al apoyo de la ratificación del
TLC porque representa “democracia y oportunidad de
desarrollo económico”[3]
para Centroamérica.  El ex congresista Cass Ballenger va
más allá, asegura que “…si no tenemos
ni la Iniciativa de la Cuenca del Caribe ni el TLC vamos a ver
dictaduras otra vez…”[4].
Poco importa para Estados Unidos si el CAFTA es
beneficioso o no para las frágiles democracias
centroamericanas.  El énfasis de los congresistas y
senadores republicanos o demócratas contrarios o indecisos
para lograr el mínimo de los 218 votos indispensables para su
ratificación se centra en los intereses de productores
locales, permanencia de políticas proteccionistas y
consideraciones electorales. 

En esa línea, el CAFTA ha sufrido al menos cuatro
modificaciones sensibles al pacto que fue firmado en mayo del 2004
curiosamente en el seno de la Organización de Estados
Americanos.  Estos cambios únicamente son favorables para
USA, que afectan aspectos relacionados con arroz, azúcar y
lácteos que los gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua
habían afirmado eran sus mejores ganancias negociadas en el
Tratado.  Uno de los retrocesos más significativos, fue
el cambio del acuerdo que las cuotas de importación agrícola
en cada país deberían utilizarse después de
haberse comprado la producción interna del producto, lo que
fue modificado bajo el principio “primer llegado, primer
servido” impuesto por Estados Unidos[5].
Los presidentes de la región se sumaron a los cabildeos en
Washington, apuntando sus mayores esfuerzos en tratar de convencer a
un promedio de 40 miembros de la Cámara de representantes que
aparentemente no han decidido su voto.  De la visita surge
únicamente lo que serán nuevas concesiones, entre
ellas, la enmienda del TPL, relacionada con reglas de origen, que
permitía a Nicaragua el uso de telas asiáticas en la
confección de ropa destinada a exportarse al mercado
estadounidense[6].
Difícilmente se puede hablar del
fortalecimiento a la democracia cuando la manera de negociar, pactar,
firmar y ratificar el CAFTA ha sido abiertamente excluyente y
confrontativa, en beneficio unilateral de Estados Unidos y cuya única
participación para los gobiernos del área ha sido la de
ceder.  Al firmarse el Tratado, fue pactado que ninguna
modificación sería aceptable.  Sin embargo,
Estados Unidos si las hizo directamente o a través de cartas
colaterales, condicionando además la continuidad en el proceso
de los países centroamericanos a la rectificación de
sus propias legislaciones y a la profundización de conflictos
sociales con sectores afectados por el Acuerdo.
En Guatemala, pese a las promesas del Presidente Oscar Berguer de
no eliminar el Decreto 9-2003 que reconocía los datos de
prueba de fórmulas y extendía el plazo de patentes de
nuevos medicamentos, pesaron más las presiones del Embajador
estadounidense, John Hamilton que insistió en el cumplimiento
de este país a proteger las patentes de transnacionales
farmacéuticas.  De no derogar esta normativa, favorable
para los medicamentos genéricos e insumos agrícolas de
bajo costo para la población, este país podía
quedar fuera del CAFTA, como lo señaló Hamilton, debido
a que “…Guatemala cumplía con los requisitos y
ahora no…”[7]. 

En El Salvador operó un significativo retroceso en los
acuerdos logrados relacionados con cuotas de exportación de
arroz, reduciéndolas significativamente a partir de
conversaciones bilaterales con el ex Ministro de Economía. 
Asimismo, para ajustar la legislación nacional al CAFTA, el
Congreso salvadoreño modificó el Art.  574 Del
Código Civil[8],
renunciando a la jurisdicción de 176 millas marinas de las 200
que establece la Constitución de la República[9].
El Salvador ratificó el CAFTA el 17 de
diciembre del 2004.  Honduras lo hizo el 7 de marzo del 2005 y
Guatemala dos días después.  En los dos primeros
países organizaciones como el Bloque Popular y el Movimiento
de Resistencia MPR 12 de octubre invadieron las instalaciones de los
hemiciclos protestando en contra del Acuerdo y, en el caso de
Honduras, por el incumplimiento de la promesa del Presidente del
Congreso, Porfirio Lobo Sosa, de no someter a votación el
Tratado mientras no se realizaran consultas con los sectores
potencialmente afectados.  Otras iniciativas como la Red Sinti
Techan han persistido en presentar piezas de correspondencia que
demandan a los diputados salvadoreños anulen su decisión. 

Pese a que Costa Rica, República Dominicana y Nicaragua aún
no han ratificado, sus presidentes Abel Pacheco y Enrique Bolaños
han formado parte de la comitiva de mandatarios presente en los
cabildeos.  En Nicaragua ya se han cumplido los 15 días
que Bolaños auto estableció el 18 de marzo pasado como
límite de plazo para sancionar el acuerdo[10],
lo que no parece cercano a partir de la oposición del Frente
Sandinista de Liberación Nacional, partido político que
preside el Congreso.  Este país enfrenta una de sus
peores crisis a partir de violentas protestas contra el aumento de
tarifas de transporte urbano, alto costo de la vida y en rechazo de
los Tratados de Libre Comercio.
En el caso de Costa Rica, que fue el último país en
firmar el Tratado después de conceder apertura en sus
telecomunicaciones, Pacheco parece haber olvidado su disponibilidad a
someter a consideración de una consulta popular la
ratificación del CAFTA[11]
y pretende obviar a un considerable conjunto de organizaciones que ha
conformado recientemente el Movimiento Cívico Nacional, una
inédita coalición social unida en su oposición
al Tratado. 

Para el Presidente hondureño, Ricardo Maduro, el país
que no se pliegue al Tratado, quedara afuera, “…perderá
la inversión y las industrias se irían a las naciones
que si lo aprobaron…tendría que cerrar la frontera con
los otros países centroamericanos para que no entren los
productos de afuera.  Tendría que salirse de la
integración centroamericana…”[12].
Aparentemente, el tiempo esta en contra del reloj
para el Presidente Bush.  La ley de Autoridad para la Promoción
Comercial, TPA o “fast track,” que facultó al
Ejecutivo la negociación del CAFTA, expira en junio.  La
aprobación de esta ley se logró con apenas un voto de
diferencia en la Cámara de Representantes, misma instancia que
debe ratificar el Tratado ahora, en cuyo seno no se disponen de los
votos necesarios, según aseguran Senadores republicanos como
Larry Craig o Congresistas Demócratas como Xavier Becerra. 
El articulado del Tratado establece que basta la ratificación
de Estados Unidos y un solo país centroamericano para que este
instrumento entre en vigencia.
No obstante, el logro de las pretensiones de Bush no
es imposible.  En todo caso, otro escenario también
podría plantearse si la TPA se renueva para un año más
y sea atendido el llamado de grupos como la Nueva Coalición
Demócrata (NCD) para que el Presidente vuelva a la mesa de
negociación, lo que únicamente pospondrá el
proceso y abrirían espacios para nuevas modificaciones, esta
vez en área laboral o similares al “Agregado
ambiental al CAFTA” firmado el 18 de febrero de este año. 
Sin embargo, las modificaciones que se plantean no afectaran aspectos
medulares de este Convenio.
Los que enfocan su lucha en condiciones de justicia y
equidad para los pueblos centroamericanos mal harían en
centrar sus esperanzas en la ratificación o no del CAFTA en
Estados Unidos.  La oposición esta claramente planteada,
también los daños que implica este Tratado han sido
expuestas, al igual que los intereses que realmente se ventilan y
quienes son sus guardianes. 

Así las cosas, no es apocalíptico
prever la profundización de la conflictividad social enraizada
en legitimas exigencias de espacios de participación y
decisión protagonizadas por los sectores que, en el lenguaje
del Banco Mundial, son los perdedores de estas políticas
económicas.  La imposibilidad de contener este auge, así
como también la equivocada decisión de responder ante
ella con represión fue el detonante de los conflictos armados
aun de reciente historia en Centroamérica.
Durante las protestas contra el CAFTA en Guatemala en marzo pasado
fueron asesinadas dos personas y resultaron heridos e intoxicados
varios manifestantes.  La Unidad de Acción Sindical y
Popular (UASP) interpuso judicialmente una solicitud de antejuicio
contra el Presidente Berguer por la muerte de Juan López
Vásquez en Huehuetenango.  La Fiscalía General de
la República emitió órdenes de captura contra
varios dirigentes de la Central de Trabajadores de Guatemala que
participaron en las movilizaciones y la Coordinadora Nacional
Indígena Campesina (CONIC) denunció que “…Los
cuerpos antimotines actuaron en el centro de la capital con métodos
contra insurgentes, tendiendo una emboscada a los
manifestantes…[13]”.. 

En Nicaragua el Presidente Bolaños amenazó con sacar
al ejército a las calles después de desalojar de las
afueras de casa presidencial a manifestantes que por poco lo
apalean.  Efectivos del la Brigada Especial de Antimotines de la
Policía Nacional dispersaron la movilización con el
resultado de varios heridos y aproximadamente 100 detenidos acusados
de terrorismo[14].
Por su parte, en Movimiento Cívico Nacional de Costa Rica
ha hecho un llamado al mandatario costarricense para que “…renuncie
radicalmente a las pretensiones de enviar este inconveniente TLC a la
Asamblea Legislativa.  Hacerlo será interpretado como una
provocación a la confrontación, que más allá
de lo social podría derivar en lo civil…[15]”
De cara a la liberación del monopolio estatal de
telecomunicaciones condicionado en el CAFTA, Albino Vargas, dirigente
de ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos,
advirtió desde hace dos años que “…esto
va a ser una confrontación muy grande en las calles del país. 
Vamos a hacer una polarización total y lamentablemente la paz
social esta en peligro…”[16]. 

Para nadie esta situación pasa inadvertida.  Unos
radicalizaran sus acciones.  Los otros, no se molestan en
distinguir entre un sindicalista y un terrorista.  Al igual que
la “guerra preventiva”, el léxico de la
gran potencia y sus seguidores seguirá ampliándose a
términos como el de “terrorista económico”[17]
utilizado por Jorge Interiano, Gerente de la Asociación
Hondureña de Maquiladoras en contra del dirigente sindical
Charles Kernegan.
Ya funcionarios del Departamento de Estado agregan a
su amplio listado de amenazas a la seguridad del continente el
“populismo radical”, igualándolo en riesgos
al mismo nivel que el narcotrafico y el terrorismo, en explícita
advertencia a los que fuera del libreto del CAFTA impulsan procesos
de integración latinoamericanos capaces de negociar
conjuntamente, con fuerza política y económica, ante la
Organización Mundial del Comercio, Estados Unidos, la Unión
Europea y Japón.