Imaginemos el almuerzo de hoy: locro de papas con aguacate y tostado; arroz, menestra de fréjol, carne, maduro frito y jugo de babaco. Estos y otros productos están diariamente en nuestra mesa pero usualmente no pensamos en su origen, su producción, en los agricultores que los cultivaron.

Desde el inicio de la agricultura, hace unos 10.000 o 12.000 años, los agricultores campesinos e indígenas han tenido esta labor. Nuestros alimentos son el resultado de su trabajo, innovación y conocimiento. Es gracias a ellos que obtenemos el aguacate, el maíz, la papa del almuerzo, pues seleccionan las semillas, siembran, cuidan los cultivos y lo transportan al mercado.

Ahora imaginemos qué pasaría si los alimentos de nuestro almuerzo fuesen propiedad privada de una transnacional que tiene la potestad de controlar el acceso y la circulación de las semillas. Este es el escenario que nos promete el TLC pues el capítulo de propiedad intelectual permitirá a las corporaciones transnacionales tener el monopolio de las semillas a través de patentes que las convierte en dueñas de las semillas, y obligan a los agricultores a comprarlas para cada cosecha y pagar regalías cada vez que las adquieren. La propiedad intelectual restringe los derechos de los agricultores de preservar, conservar, utilizar y vender libremente las semillas, y los convierte en ilegales, penados incluso con cárcel.

La Monsanto, una de las grandes empresas productoras de agrotóxicos y transgénicos, señala en los "contratos" que acompañan las semillas que el agricultor utiliza:

- Debe usar la semilla de soya que contiene el gen Roundup Ready para una sola cosecha.
- No puede guardar cualquiera de las semillas producidas provenientes de las semillas compradas con el propósito de usarlas como simiente o venderla a otra persona para ese mismo uso.
- Tiene la obligación de utilizar como herbicida, únicamente el glifosato de la marca Roundup o cualquier otro autorizado por Monsanto.

Si el agricultor viola cualquiera de las condiciones del contrato éste se cancelará inmediatamente y perderá el derecho de obtener licencia en el futuro. Además, en el caso de cualquier transferencia de semilla de soya que contenga el gene Roundup Ready el cultivador pagará una multa más honorarios y gastos del abogado. Monsanto además adquiere la potestad de inspeccionar el terreno del agricultor plantado con soya por los siguientes tres años. Los términos del contrato obligan no sólo al agricultor sino que tendrán plena validez y efecto sobre los herederos representantes personales y sucesores; en cambio, los derechos del cultivador aquí estipulados no serán de otra manera transferibles o asignables sin el consentimiento escrito y expreso de Monsanto. Para asegurarse, la transnacional contrata investigadores privados, más conocidos como "policía genética", que verifica que las semillas patentadas están siendo usadas "legalmente".

Un caso muy conocido es el del agricultor canadiense Percy Schmeiser, quien por más de 40 años cultivó canola convencional. Luego de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, Schmeiser fue acusado de infringir la patente de la Monsanto aun cuando en realidad fue contaminado. Luego de siete años de juicio, la Corte Suprema de Canadá falló en contra del agricultor, señalando que no importaba cómo llegaron las semillas patentadas a su terreno (pudo haber sido el viento, los insectos, los zapatos del vecino) sino que estaban ahí y eran propiedad de la Monsanto. La Corte señaló también que a pesar de que en ese país no se reconocen patentes sobre plantas, sí se pueden patentar genes, y como el gen es parte de la planta, entonces habría algo así como una ¡extensión de la patente! Esta decisión judicial sentó un precedente nefasto: que todos somos potencialmente culpables.

Cabe preguntarse qué va a pasar con los hermanos indígenas de México, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos mediante, cuyas variedades tradicionales de maíz han sido contaminadas con maíz transgénico estadounidense. Algunas hasta con tres tipos de variedades patentadas. La respuesta viene por partes, por lo pronto en México ya están apareciendo carteles que advierten que las semillas son de propiedad de la empresa, luego empezarán a cobrarles "por el uso de la tecnología".

Es un absurdo llevado al límite. Primero, utilizaron las variedades tradicionales de semillas para hacer sus "inventos" (en realidad no inventan nada: en el caso de los transgénicos por ejemplo cuando se trata de patentar son nuevas y cuando se trata de demostrar la inocuidad, son equivalentes a las convencionales); luego las patentaron, usurpando el conocimiento milenario y el derecho de libre uso que todos tenemos; después contaminaron deliberadamente las semillas tradicionales que aún están en manos de los campesinos; y finalmente los culpan de usar "ilegalmente" las semillas de la Monsanto.

Las normas de propiedad intelectual, no solo declaran un culpable, sino que fijan los mecanismos para obligarle a pagar. Por si fuera poco, la patente sobre una semilla se extiende a la cosecha. Si un agricultor siembra semillas sin el pago de las regalías correspondientes a la empresa que dice ser dueña de la semilla, puede perder los derechos sobre su cosecha y los productos derivados de ella, y en caso de perder el juicio en la Corte puede requerir un arbitraje internacional de esos que ya conocemos en Ecuador por los casos de las petroleras Occidental y Chevron-Texaco, que de aprobarse el TLC se convertiría en el mecanismo para solucionar las controversias comerciales...

Como en algunos casos puede ser difícil obligar a cumplir las normas de propiedad intelectual, las empresas están impulsando la utilización de semillas estériles que se autoeliminan luego de la primera cosecha. Son la expresión de la perversión del concepto de semilla que entraña la perpetuación de la vida. La pretensión de control total, empujó a una de las empresas a pretender una patente de la floración, porque sus investigadores aislaron ese gen específico. Si se atiende esa demanda tendríamos que además pagar cuando las plantas florezcan. Si los agricultores pagan por las semillas, por la floración, si las semillas son estériles, si usted es culpable porque su jardín se contaminó ¿qué tendremos que hacer cuando diez transnacionales logren tener el control de nuestra alimentación? ¿Qué pasa si luego deciden no vender más fréjol para nuestra menestra porque tienen un excedente de soya, de esa con la que alimentan el ganado?

Sí, eso ocurre, los ecuatorianos/as dejarían de ejercer su derecho a la alimentación, dejarían de tener libertad de escoger lo que van a comer en su almuerzo. El slogan de Monsanto es "semillas, alimentación, esperanza", suena casi convincente, pero esa empresa es la que proporcionó el agente naranja en la segunda guerra mundial, la que persigue a los agricultores en Estados Unidos y Canadá, la que produce más del 90 por ciento de productos transgénicos en el mundo y la que vende el veneno con el que se fumigan desde avionetas las plantaciones de coca en la frontera colombo-ecuatoriana provocando estragos en la salud de los campesinos fronterizos.

El TLC es una forma de institucionalizar y darle carácter legal a la intención de algunas empresas transnacionales de monopolizar las semillas, la agricultura y la alimentación de los ecuatorianos/as. Por lo tanto, si se firma y se ratifica, habría que olvidarse de las variedades de maíz y otros productos agrícolas que son parte de la identidad ecuatoriana, y aprontarse para una dieta importada. La propiedad intelectual se apoderará de nuestra comida, y ni siquiera seremos dueños/as de nuestro almuerzo.

*Quincenario Tintají, Quito, marzo de 2005 (Ecuador)