Informe preliminar del Procurador de los Derechos Humanos de
Guatemala sobre los hechos ocurridos este 14 de marzo de 2005
durante las manifestaciones en contra de la aprobación del Tratado
de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y
Estados Unidos de América

El Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular -MICSP- de
Guatemala convocó a un paro nacional para el 14 de marzo, con el
fin de manifestar su inconformidad ante la reciente aprobación,
por parte del Congreso de la República, del Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados
Unidos.

La convocatoria generó una movilización de diversos sectores que
implicó el bloqueo de múltiples carreteras del país y, en el caso
de la ciudad capital una de las columnas de la manifestación
estuvo encabezada por el Rector de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, además hubo dos columnas adicionales que confluyeron,
con la primera, en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio
Nacional.

Aunque las manifestaciones se desarrollaron de forma ordenada y
pacífica durante prácticamente toda la mañana, alrededor de las
13:00 horas empezaron a reportarse incidentes debido a que fueron
visibles fuertes contingentes de fuerzas combinadas de elementos
de la policía nacional civil -PNC- y miembros del ejército
(policía militar) que portaban equipo antidisturbios.

Un primer incidente se presentó en la novena avenida y décima
calle de la zona 1, cuando una de las columnas, integrada por
alrededor de 2 mil personas, intentó continuar su marcha pacífica
hacia el frente del edificio del Congreso encontrándose con un
contingente policial que dijo tener órdenes de resguardar el
Congreso de la República e impedir su paso.

Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos intentó mediar
con el Comisario a cargo y acompañó a los dirigentes sindicales
ante el Comisario pero éste se negó a permitir el paso de la
marcha, lo que provocó un primer conato de enfrentamiento, cuando
los manifestantes lanzaron algunas piedras sobre los agentes, pero
no se produjeron heridos entre ninguna de las partes.

La marcha prosiguió y la concentración principal se situó en la
Plaza Central frente a la Catedral Metropolitana. Ya en ese lugar,
los manifestantes escuchaban los discursos de los dirigentes de la
protesta y esperaban el inicio de un acto cultural que estaba
programado; en ese momento y en ese lugar no se evidenciaba
ninguna acción de provocación o agresión de parte de los
manifestantes hacia los miembros de las fuerzas de seguridad del
Estado. No obstante, un grupo distinto intentó llegar frente a la
casa presidencial y esto originó un enfrentamiento entre los que
protestaban en este lugar y los antimotines quienes lanzaron
bombas lacrimógenas, en tanto algunos de los manifestantes
lanzaron piedras a las fuerzas de seguridad.

Los líderes de la marcha, concentrados frente a la Catedral
comenzaron a hacer un llamado a quienes se encontraban enfrentados
violentamente frente a Casa Presidencial para que volvieran a la
Plaza de la Constitución, esperaran a las demás columnas y
mantuvieran el orden, así como el carácter pacífico de la
manifestación. Sin embargo, un contingente distinto, conformado
por las Fuerzas Especiales de Policía -FEP-, al mando del
Comisario Francisco Say Albino y elementos de la Policía Militar
comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas sobre la gente que se
encontraba concentrada pacíficamente en la Plaza Central.

Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos se dirigió al
Comisario Say Albino y lo llamó a cesar las acciones violentas
indicándole que las personas estaban manifestando pacíficamente,
pero lejos de atender este llamado comenzó a insultar al personal
de esta institución e intentó golpear a dos de los observadores de
la Procuraduría.

Entre pedradas y desorden todas las personas fueron dispersadas
bajo el efecto de las bombas lacrimógenas lanzadas y se reportó el
daño al equipo de sonido que había sido colocado por los
manifestantes. Los hechos que tuvieron lugar en la Plaza de la
Constitución constituyen una violación al derecho de reunión
pacífica de los manifestantes, pues en este lugar sólo se
realizaba un mitin que posteriormente daría paso a una actividad
artístico cultural que las fuerzas de seguridad impidieron, sin
haber habido justificación alguna para su intervención en los
términos en que se produjo.

Durante las mismas acciones, se reportó la agresión por parte de
la PNC en contra del fotógrafo Edwin Benavente, del periódico
Nuestro Diario, quien se encontraba fotografiando el momento en
que las fuerzas de seguridad detenían y maltrataban a uno de los
manifestantes.

Durante los disturbios se registró la captura de un número aún
indeterminado de personas (alrededor de 15) entre las que se
registran algunos menores de edad para quienes la PDH presentó las
correspondientes exhibiciones personales.

Alrededor de las 16:00 horas, en el centro de la ciudad ya sólo se
reportaban incidentes aislados, atribuidos por diversas fuentes a
personas infiltradas, en tanto las organizaciones convocantes
seguían llamando a la calma y a replegarse a las sedes de las
diversas instituciones participantes.

Aproximadamente una hora después se reportó que fuerzas de
seguridad del Estado se encontraban rodeando la sede de la Unidad
de Acción Sindical y Popular -UASP- en donde estaba reunido un
grupo numeroso de dirigentes sindicales, con aparentes intenciones
de efectuar la captura de la dirigencia del movimiento. Al ser
alertadas las autoridades de la Procuraduría de los Derechos
Humanos acudieron en auxilio de la dirigencia que decía sentirse
amenazada comprobando la presencia de la PNC en las inmediaciones.

Cuando los miembros de la PDH llegaron al lugar, los miembros de
la policía se retiraron. Un dirigente popular informó a personal
de la PDH que los efectivos de la PNC habían advertido que se
alejaban con el objeto de ir a recoger una orden que les
permitiera entrar a las instalaciones de la UASP. Inmediatamente
después, los miembros de la dirigencia del MICSP se dirigieron a
las instalaciones de la PDH para presentar la denuncia de lo que
consideraron constituían actos de intimidación en su contra.

Adicionalmente, fue posible observar que varios carros de la
policía y efectivos desplazándose en motocicletas se movilizaban
por la calles del centro de la ciudad capital en una actitud
intimidatoria. Cuando menos dos sedes de organizaciones campesinas
fueron objeto de intimidación a través de la circulación
permanente de unidades motorizadas de la policía delante de ellas,
aún y cuando se encuentran alejadas de la zona en la que la
manifestación estaba teniendo lugar.

Minutos después de ubicados en las instalaciones de la
Procuraduría, se pudo constatar que alrededor de 27 efectivos de
la policía que se desplazaban en 20 motocicletas y eran
acompañados de una radiopatrulla, rodearon las instalaciones de la
Institución y se movilizaban permanentemente alrededor de la
manzana en la que se ubica. Cada vez que la radiopatrulla pasaba
delante de las oficinas del Ombudsman hacia sonar una sirena, en
claro irrespeto a la normativa que regula el uso de dicho recurso.

A eso de las 20:30 horas, bajo los auspicios del Procurador de los
Derechos Humanos y de Monseñor Rodolfo Cardenal Quezada Toruño fue
posible establecer contacto directo con el vicepresidente Eduardo
Stein Barillas, el ministro de Gobernación, Carlos Vielman con el
fin de gestionar un espacio inicial de diálogo entre las
autoridades del Estado y una delegación representante del
MICSP. Luego de varias horas de deliberaciones se pudo arribar a
compromisos mínimos que implicaban, por una parte, la seguridad de
que los dirigentes del movimiento de sociedad civil podrían
retirarse sin problemas para su seguridad, en tanto no existían
órdenes de captura en su contra y, por otra, estipulando una
reunión posterior para el martes 15 a las 16:00 en las oficinas
del Arzobispado para establecer una mesa de diálogo que trabaje en
la búsqueda de una salida a la crisis.

Es opinión del señor Procurador de los Derechos Humanos que los
hechos acaecidos el día de hoy, son consecuencia de una serie de
eventos que han generado un ambiente de tensión que se origina en
los mecanismos utilizados por los diversos órganos del Estado para
aprobar el TLC. La inconformidad de la sociedad civil organizada
surge a partir del momento en que la negociación básica del
tratado se hizo a puerta cerrada, llegando a la firma del mismo
sin que nadie más que las autoridades de los correspondientes
gobiernos conocieran su contenido.

A pesar de las múltiples solicitudes para que el Congreso de la
República sometiera el tratado a consulta de la Corte de
Constitucionalidad y a una Consulta Popular que permitiera a la
sociedad guatemalteca opinar acerca de decisiones que le afectarán
directamente durante las próximas décadas, los diputados al
Congreso de la República decidieron desoír lo solicitado, declarar
la aprobación del tratado como una necesidad de urgencia nacional
y aprobarlo bajo la protección de 1,500 efectivos de las fuerzas
de seguridad que durante tres días bloquearon un radio de nueve
manzanas del centro histórico de la ciudad.

El Procurador de los Derechos Humanos y su institución se
encuentran empeñados en que se respete el derecho de libre
manifestación, dentro de los marcos de la legalidad, así como el
privilegio del recurso del diálogo para la búsqueda de soluciones,
por lo que seguirá trabajando en favor de la paz y la vigencia de
los derechos humanos.

Guatemala, 14 de marzo de 2005.