Intervención del Senador Jorge Enrique Robledo en la audiencia pública “Balance del agro en el TLC”

Recinto del Senado. 14 de febrero de 2005

El caso de los trozos de pollo y la ropa usada. Los “avances”
logrados, todos contrarios al interés nacional. Gobierno acepta
como un hecho irreversible las pérdidas de la apertura. El Sistema
Andino de Franjas de Precios. Las salvaguardias. La llamada agenda
interna. El TLC, peor que la apertura. Un Tratado con revaluación.
Al Congreso le corresponde aprobar o desaprobar el TLC. La
consulta indígena. Propuesta de referendo.

Señor presidente, voceros del sector agropecuario, colombianos que
nos escuchan en sus casas. En los últimos días ha habido un
alboroto enorme por la petición norteamericana de inundarnos de
basura; ropas usadas y trozos de pollo, para poner dos ejemplos. Y
lo anterior indica, a mi juicio, que la cosa va muy mal, porque en
una negociación más sensata este punto ni se plantearía siquiera.
Pero lo más grave, y usted, doctor Bedoya, lo ha planteado
repetidas veces en nombre de los productores de pollo, es que
Colombia se encuentra en una situación de espantosa debilidad
frente a la contraparte gringa, porque la teoría general que
sustenta el TLC se basa en que el país debe importar todo lo que
sea barato por ser, según los defensores, lo que les conviene a
los colombianos, y tal es exactamente el caso que se aplica a la
ropa vieja y a los trozos de pollo. Lo pongo como ejemplo para
empezar a denunciar que el Tratado está mal concebido y que la
única manera en que podría terminar bien sería si Colombia se
levantara erguidamente de la mesa. Pero hasta donde se sabe, el
presidente Uribe tiene la intención de hacer todo lo que sea
necesario para firmar el acuerdo. Lo ha dicho expresamente.

Lo hecho hasta ahora, contrario al interés nacional

Es cierto, como lo acaba de afirmar el presidente del Senado,
doctor Gómez Gallo, que nada se ha negociado e incluso parece que
no se hubiera avanzado nada. Pero si uno mira con más detenimiento
las negociaciones, encuentra que los avances sí son muy grandes y
todos, a mi juicio, contrarios al interés nacional. Ya está
aceptado, así no se haya firmado el punto, que Estados Unidos va a
mantener sus subsidios al agro, que en el mejor de los casos
ascenderían a unos 54 mil millones de dólares al año, pero que
bien podrían ser 70 mil millones. También Colombia aceptó ya que
nuestros aranceles se pondrán en cero por ciento. Lo que se está
discutiendo es el plazo, sobre la base de unas canastas, la última
de las cuales eliminará los aranceles en el plazo más largo, tanto
en la industria como en el agro. Ya Colombia aceptó algo
dramáticamente grave, y es que los gringos hacen valer como
argumento fundamental para la defensa de su agro la seguridad
nacional o la soberanía alimentaria, es decir, se reservan el
derecho a producir la propia comida en su territorio. Por el
contrario, el ministro Botero advirtió por escrito que Colombia no
esgrimirá ese mismo concepto, sin duda el arma principal de
defensa de la producción agropecuaria en cualquier país.

Colombia está negociando sobre la base de aceptar como un hecho
irreversible lo perdido en la década del noventa. Pero, si ustedes
lo examinan a fondo, las pérdidas desde el año noventa hasta hoy
son bárbaras. Pasamos de importar 700 mil toneladas a importar
cerca de 7 millones de toneladas de comida, que quizá últimamente
se haya reducido un poco, porque el hambre de los colombianos es
tanta que la gente ya no come ni de aquí ni de allá ni de ninguna
parte, pero no porque se haya modificado sustancialmente la
política. En el año1990 se importaban 11 mil toneladas de cebada,
en números redondos, y hoy estamos importando 242 mil toneladas.
Prácticamente se acabó la cebada en Colombia y se generó al tiempo
una hambruna en Boyacá y Cundinamarca. Y el gobierno acepta esta
pérdida como un hecho cumplido.

Se cedió ya el SAFP

Pero además, aquí se dan otros graves precedentes en distintas
negociaciones, que nos derrotan de entrada. Colombia aceptó en el
Mercosur que no guarda ningún interés ni en la cebada ni en el
trigo. Y aun cuando eso por sí mismo no implica firmarlo con
Estados Unidos, es apenas obvio que si el gobierno entregó el
punto en el Mercosur, le quedará expedito entregarlo en el TLC con
Estados Unidos, porque parte del criterio, repito, de que buena
parte de lo perdido desde el año 1990 hacia acá es por completo
irrecuperable, cuando lo sensato y nacionalista es decir “vamos a
trabajar sobre las cifras anteriores a 1990”, año en que arranca
la catástrofe neoliberal. Ya se entregó también el Sistema Andino
de Franjas de Precios, nuestro principal instrumento de protección.
Uno no entiende cómo se permite siquiera que se le acepte a
Estados Unidos esa lógica enrevesada. Estados Unidos dice: “No
quitamos nuestros subsidios, porque eso sólo lo negociaremos en la
OMC”. Pero para el Sistema Andino de Franja de Precios sí apelan
ellos a la OMC para exigir que Colombia lo elimine “por ser
ilegal”. ¡Cómo se permiten estas manipulaciones en la mesa! Ellos
sacan cualquier argumento y Colombia lo termina aceptando. Y
repito, el Sistema Andino de Franja de Precios es el principal
elemento de protección, y si hoy existe agro en Colombia, es en
buena medida por la existencia de dicho mecanismo.

El gobierno aceptó ya negociar producto por producto, lo que
implica ceder el Sistema Andino de Franja de Precios. Ya denuncié
que se aceptó en el Mercosur eliminar el trigo y la cebada. Según
lo señaló el ex ministro Cano, lo que está buscando el gobierno es
encontrar un mecanismo que sustituya el de las franjas de precios,
dizque para que las cosas sigan igual, concepto reiterado por el
ministro Arias. Pero yo me pregunto: si las cosas van a quedar
igual, para qué las cambiamos. ¿Para qué un cambio así? No nos
pueden venir con esas astucias. Es obvio que lo que va a quedar en
el TLC, si es que queda algún mecanismo, protegerá menos que el
Sistema Andino de Franja de Precios. Pero además, ya Felipe
Jaramillo, jefe de la negociación por Colombia en la mesa agrícola,
expresó por estos días que “Colombia tendrá que ver cómo cambia su
esquema de protección arancelaria”. En suma, se está entregando el
Sistema Andino de Franja de Precios, así no lo hayan firmado
todavía.

Últimamente han venido haciendo mucho ruido con que lo que nos va
a defender son las salvaguardias, y no faltarán los inocentes que
se crean el cuento. Pues bien, las salvaguardias las utilizaron
los mexicanos y, aun así, los borraron del mapa. Las salvaguardias
las aprobaron los centroamericanos, y si uno estudia cómo les va a
ir, también ellos están perdiendo el agro. ¿Cómo opera la
salvaguardia? El mecanismo opera desmontando gradualmente los
aranceles, de tal modo que no evita la ruina, sino que la difiere.
Se trata de un instrumento de índole política que no apunta a
salvar al agro, sino a crear las condiciones políticas para que el
productor termine aceptando cualquier cosa con el cuento de que no
se va a morir hoy sino dentro de cinco años. Son trucos que
conducen a la pérdida del sector agropecuario y no a resolverle
sus profundos problemas.

Acceso al mercado, el gran argumento del gobierno

El gobierno acepta que sí va a haber pérdidas, porque habrá
ganadores y perdedores, pero que, a cambio, Colombia va a ganar en
acceso al mercado de Estados Unidos. Eso no es cierto. Las leyes
internas norteamericanas, sanitarias y fitosanitarias, que impiden
el acceso a nuestros productos, no se están negociando ni hacen
parte de la negociación. A lo máximo a lo que aspira este gobierno,
y sobre esto tengo un documento elaborado por el doctor Andrés
Felipe Arias antes de ser ministro, es a que Colombia logre crear
un comité de medidas sanitarias y fitosanitarias que, ojo, tendría
carácter meramente “deliberatorio”. Obvio, los gringos no van a
cambiar su legislación interna en este punto. Los dirigentes del
gremio avicultor nos han contado cómo en México, que firmó hace
diez años un TLC, las principales firmas productoras de pollo son
empresas gringas que no han podido vender ni un ala en el mercado
norteamericano, primero, por razones obvias de seguridad
alimentaria y, segundo, por razones no menos obvias de seguridad
sanitaria y fitosanitaria.

Aun suponiendo que se avance en esto del acceso y que se logre el
sueño del doctor Arias en aquello de que Colombia pueda seguir
vendiendo flores ––y, desde luego, ojalá se sigan vendiendo––, yo
les pregunto a los asistentes a este foro cuánto de las flores que
se vendan en Estados Unidos les va a tocar a los arroceros, o a
los maiceros, o a los paperos o a avicultores, porque este es un
problema concreto. Vemos cómo se sacrifican unas cosas por otras.
¿Qué es lo que vamos a ganar en flores? Que básicamente nos
mantengan el Atpdea, que, según las cuentas que han hecho
especialistas, les genera a los floristas 24 millones de dólares.
Todo, en términos prácticos, se reduce a eso. Yo propondría que
hoy mismo empezáramos una colecta entre todos los colombianos para
darles a los floristas esa suma, señor ministro, y así les
resolvemos su problema particular, pero que no nos presionen más
para que sacrifiquemos el arroz, el maíz, el pollo, etcétera,
etcétera, todo a cambio de salvar los intereses de los
floricultores, en buena medida trasnacionales. O sea, que la
ganancia tampoco es del todo para Colombia.

La agenda interna es el Túnel de la Línea

Con respecto a la agenda interna, me limitaré a hacer un par de
comentarios breves. Hemos estudiado esto en mi oficina y cada vez
tenemos más claro que la principal decisión hoy de inversión en la
agenda interna es el Túnel de La Línea. Curiosamente nos llamó la
atención que este túnel no es una obra privatizada. ¿Y qué es lo
que hemos descubierto? Que si el Túnel de La Línea se construye,
lo que va a abaratar fundamentalmente no son las exportaciones a
Estados Unidos, por lo menos no las agropecuarias, sino las
importaciones. Porque Buenaventura es por sobre todo un puerto de
importación y porque lo agropecuario que exporta Colombia por allí
se produce al otro lado del Túnel. O sea, el Túnel de la Línea
apunta esencialmente a abaratar la importación de comida a Bogotá
y al centro del país.

Se ha dicho también, y aquí me lo adujo el ministro Botero en tono
relativamente airado, que este Tratado no era lo mismo que la
apertura. Nada más cierto. Tiene razón. Yo creo que es peor,
porque nosotros podríamos hoy echar atrás la apertura mediante
normas internas relativamente fáciles de aplicar. No va a suceder
lo mismo con el TLC, una vez se firme. Uno de los aspectos más
graves de este Tratado tan leonino, y sobre esto no han hecho
conciencia los colombianos, es que sustituye en materia muy amplia
la propia Constitución Política del país. El día de mañana, cuando
queramos aprobar una ley, habrá que mirar primero qué dice el TLC
para saber si nos permite hacerlo. Luego echar hacia atrás todas
las modificaciones de estos catorce años, de la apertura hacia acá
y después del TLC, no digamos que será un imposible, porque la
lucha de los pueblos puede lograr todas las cosas, pero sí será
tremendamente más difícil. Incluso habría que empezar por
denunciar un tratado internacional, cosa muy compleja.

Además, el TLC tiene todos los elementos de la apertura del
noventa, más otros nuevos. Señalo entre los viejos algo sobre lo
que me hizo fieros el ministro Botero cuando aquí mismo, en este
recinto, me señaló enfáticamente: “¡Senador Robledo, esto va a ser
sin revaluación!” Supongo que los colombianos que permanecen
atentos a la vida pública del país todavía se están riendo de esta
afirmación. Porque lo cierto es que nos van a meter al TLC y, ante
este hecho, el gobierno nacional, que es el que supuestamente debe
sentar las bases para que los empresarios y los campesinos y los
indígenas compitan en igualdad de condiciones, no les ofrece nada,
fuera de malos consejos y malas decisiones. ¡Ni siquiera les
garantiza el precio de la divisa! Haciendo caso omiso de todo lo
demás, ¿cómo puede Colombia ser competitiva con dólar a dos mil
pesos? Y hay sitios del país donde se consigue a mil quinientos,
señor ministro. Ni siquiera esa sola garantía se les ofrece a los
productores. Luego, sin duda, el TLC va a ser peor que la
apertura.

Nosotros, los que nos oponemos al TLC, hemos venido acumulando en
todo este proceso un mayor arsenal de argumentos en contra del
Tratado. No podrá llevar a Colombia a nada positivo, porque está
absolutamente mal planteado desde el comienzo y porque lo único
que ha hecho el gobierno colombiano es ceder ante cada presión.
Aquí se afirma que el presidente de la República ha asegurado que
bajo ninguna consideración cederá ante las presiones
norteamericanas. Pues, bueno, habrá algunos que en este caso vamos
a hacer de notarios y yo, personalmente, quiero ver cuando el
Departamento de Estado golpee la mesa y diga: “Presidente Uribe,
¡es firmando!” ¿Qué va a pasar en ese instante? Creo que el
presidente va a ceder, porque la estrategia, la concepción al
mando con respecto a esta negociación es una estrategia de
sometimiento a los intereses norteamericanos.

Por último, este Tratado no puede entrar en vigencia mientras no
lo apruebe el Congreso de la República y lo revise la Corte
Constitucional. El presidente Uribe tiene legalmente el derecho de
firmar lo que se le antoje y, no me hago ilusiones, estoy seguro
de que va a firmar mal. En estos días hubo un hecho muy grave y es
que el gobierno nacional puso en vigencia el Tratado que firmó la
Comunidad Andina con Mercosur, amparado en una norma que señala
que puede hacerlo de manera provisional. El gobierno esgrimió esa
norma y lo puso en vigencia por decreto, sin pasarlo por el
Congreso. Por supuesto que uno no puede estar de acuerdo con este
tipo de prácticas, porque no se puede poner a votar al legislativo
en materias gravísimas como estas sobre hechos que ya se están
aplicando. A mi juicio, el Tratado con el Mercosur es dañino para
el país, pero el TLC lo será aún más. Entonces el llamado es que a
que estemos vigilantes para que no resulte que mañana, mediante la
interpretación del Artículo 224 de la Constitución, se diga que
también el TLC puede entrar en aplicación provisional, hecho,
repito, no solo abiertamente ilegal sino también terriblemente
antidemocrático.

Que se les consulte a los colombianos

Viene avanzando en Colombia una erguida posición, encabezada por
las comunidades indígenas del Cauca. Y es la idea de que aun
cuando las normas estipulan que un Tratado como este se tramita
como una ley ordinaria, lo firma el gobierno, lo aprueba o
desaprueba el Congreso y lo confirma o no la Corte Constitucional,
las comunidades indígenas del norte del Cauca vienen planteando
una iniciativa a mi juicio sensata: que un tema de tanta gravedad
no se debiera tramitar como una ley ordinaria, como si fuera una
simple ley de honores al último pueblo de Colombia. El TLC nos va
a cambiar la Constitución Nacional, y para cambiar la Constitución
hay que citar una asamblea nacional constituyente, porque así lo
dicen las normas. Les quedó bien metido en la Constitución del 91,
sin duda alguna. Lo democrático sería entonces que el gobierno
nacional propiciara que el TLC se les consultara a los colombianos
mediante una votación nacional. Cosa que por supuesto no puede
hacerse si el gobierno no quiere.

Lo que están promoviendo los indígenas del Cauca es una consulta
en cinco municipios el próximo 6 de marzo. Van a poner a la gente
a opinar allí donde tengan condiciones políticas especiales. ¿Por
qué no hacemos lo propio en toda Colombia? ¿Por qué el gobierno
nacional no toma la iniciativa de un referendo, que tanto le gusta
al doctor Uribe, y nos ponemos todos de acuerdo para tramitar los
mecanismos que sean del caso para que la consulta se haga? Por
supuesto, no me hago ni la más remota ilusión de que me vayan a
aceptar la propuesta. Y en ese sentido, a quienes creemos que esto
es un desastre nos tocará seguir preparándonos para las más
grandes movilizaciones que habrá que hacer para impedir que el
Tratado entre en vigencia. No porque estemos en contra de que haya
relaciones económicas internacionales, eso sería una bobería. Es
bueno que Colombia exporte café si lo puede exportar, o que
importe tractores, eso no es lo que estamos discutiendo. Lo que
estamos discutiendo es si el país adhiere a un Tratado
tremendamente desigual que anexa la enclenque economía nacional a
la economía norteamericana, que nos recoloniza, llevando nuestras
relaciones económicas y políticas con Estados Unidos a una
situación parecida a la que tuvimos con España, una situación de
la que no puede quedar nada bueno.

Muchas gracias.