Conflicto de intereses: Un abogado vinculado a la
farmacéutica Pfizer es parte del equipo boliviano que
negocia temas de propiedad intelectual del TLC

Edwin Urquidi es uno de los tres funcionarios oficiales
destacados por el gobierno para defender los intereses de
Bolivia en temas referidos a la propiedad intelectual
durante la VII Ronda de negociaciones del TLC que se
desarrolla en estos días en Cartagena, Colombia. Sin
embargo, Urquidi es parte de un bufete de abogados
contratado por la firma Pfizer Products INC para defender
sus intereses en el país.

La norteamericana Pfizer -la farmacéutica más grande del
mundo luego de fusionarse con la firma Pharmacia en 2003-
controla el 12% del mercado mundial farmacéutico y sus
ventas anuales superan los 42.000 millones de dólares. Se
calcula que consiguió beneficios por más de 1.000 millones
de dólares con las ventas de Viagra en su primer año en el
mercado. El presidente del concejo de Administración de
Pfizer, Henry A. McKinnell, y ejecutivos de otras gigantes
que lucran con la alimentación y salud fueron demandados en
La Haya el 14 de junio de 2003 ante la Corte Penal
Internacional por haber causado un daño grave o la muerte a
millones de personas a través del "negocio con las
enfermedades".

Antes de ser nombrado como uno de los tres coordinadores de
la mesa de propiedad intelectual, Urquidi fue director del
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi).
Paralelamente, este funcionario cumple actividades
profesionales independientes en el Centro de Estudios y
Desarrollo de la Propiedad Intelectual, un bufete privado
de La Paz, en sociedad con su esposa Rocío Evangelina Rojas
Sandoval y José Horacio Sandoval Vaca.

En diciembre de 2004, la transnacional Pfizer, domiciliada
en Eastern Point Road, Groton CT 06340 USA, confirió a la
cónyuge de Urquidi, Rocío Rojas, y a José Sandoval un
"poder especial, amplio y suficiente" para tramitar ante
las autoridades bolivianas la obtención de registros,
licencias de marcas, patentes y otros derechos de propiedad
intelectual.

Según el poder firmado el 9 de diciembre de 2004 en Nueva
York, legalizado por la Cancillería y luego ratificado en
una notaría nacional el 17 de diciembre, Sandoval y Rojas
están facultados para dar todos los pasos legales a nombre
de Pfizer y adoptar todas las medidas necesarias para
resguardar sus intereses en el país. Ambos quedan
facultados para intervenir como demandantes o demandados
ante los jueces y cumplen la función de "apoderados" de la
transnacional.

Representantes de Médicos sin Fronteras informaron de este
claro caso de conflicto de intereses al delegado
gubernamental para la negociación del TLC con Estados
Unidos, Juan Carlos Iturri, el 11 y el 31 de enero de este
año, pero hasta el momento no recibieron una respuesta
oficial satisfactoria.

Urquidi argumenta que él no es representante directo de
Pfizer y que no tiene nada que ver con lo que hagan sus
socios del bufete Urquidi-Sandóval, pues cada uno "lleva
sus negocios" por cuenta propia. Iturri está de acuerdo con
esa explicación y por eso mantiene a Urquidi en el equipo
oficial del gobierno que viajó a Cartagena para participar
de la VII Ronda de Negociaciones del TLC Andino.

La actitud del gobierno boliviano a la hora defender los
intereses nacionales dista mucho de la posición que asume
su similar de Estados Unidos en las negociaciones del TLC.
Hay que recordar que los estadounidenses vetaron el año
pasado la participación del experto argentino Carlos Correa
como negociador del gobierno colombiano en la mesa de
propiedad intelectual porque la posición del técnico
contraría los intereses de las farmacéuticas
multinacionales, muchas de las cuales tienen asiento en
Estados Unidos. Correa es uno de los latinoamericanos más
preparados en el tema y defensor del acceso de los países
en desarrollo a los medicamentos. Ha sido consultor de
Naciones Unidas, del BID, la FAO y de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), y en los últimos 10 años ha
librado batallas en defensa de la salud pública en las
rondas de Uruguay y de Doha para establecer las bases del
libre comercio mundial.

Se calcula que la Cámara de la Industria Farmacéutica
Boliviana (Cifalbol) presentó al menos 90 recursos de
oposición a trámites de solicitud de patente iniciados por
Pfizer en Bolivia para diferentes productos, entre ellos el
Zilvenafil, conocido comúnmente como viagra.