Posición de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos
Humanos ante la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA, por
sus siglas en inglés)

La reciente ratificación del Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA, por
sus siglas en inglés), el pasado 17 de diciembre en horas de la
mañana, se ha constituido en un lamentable y dramático cierre del
presente año que obliga a señalar evidentes retrocesos en la
construcción democrática de nuestro presente y futuro, así como un
claro menosprecio de la preeminencia del interés común en el
desempeño de las más altas esferas del Estado salvadoreño.

Como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos no puedo
sino manifestar mi profunda consternación y mi absoluta
desaprobación a una decisión basada únicamente en la aritmética
parlamentaria, contraviniendo los más elementales principios de la
convivencia democrática y frustrando las expectativas que, en
algún momento, se habían creado alrededor de un Gobierno que se
califica a sí mismo, por todos los medios posibles, como abierto
al diálogo y a la concertación.

Al respecto, me permito recordar a la sociedad salvadoreña la
insoslayable responsabilidad histórica que, en este momento, recae
sobre el Órgano Ejecutivo, principal impulsor de un Tratado que ha
sido objeto de serios y numerosos cuestionamientos a su contenido
–incluyendo los realizados por esta Procuraduría– y a sus
sensibles implicaciones en detrimento de sectores vulnerables de
la población. Lo mismo ocurre con los 49 diputados y diputadas que
lo ratificaron después de haberse introducido como punto en agenda
de forma intempestiva, contrario a los acuerdos previos entre
todas las fracciones partidarias y en horas de la madrugada, aun
cuando se ha aceptado públicamente incluso un total
desconocimiento de los textos que constituyen el referido Tratado
y, por lo tanto, de los impactos que traerá consigo.

La Asamblea Legislativa procedió a la ratificación sin un serio y
responsable estudio de este instrumento, fundamentalmente en
cuanto a si éste restringe o afecta disposiciones
constitucionales, basándose en un dictamen realizado en un breve y
exagerado período de tiempo por la comisión correspondiente, lo
que se convierte en un bochornoso acto legislativo que violenta el
proceso de formación de Ley establecido en nuestra Constitución y
el mismo Reglamento Interior del Órgano Legislativo, volviéndose
una practica común y perniciosa en nuestro país siempre que se
tratan asuntos de gran trascendencia nacional, al permitir que
éstos sean aprobados por el Órgano Legislativo de manera
atropellada e inconsulta, aplicándose los famosos “madrugones” en
clara sumisión a los dictados del Órgano Ejecutivo.

Habiéndome expresado oportunamente y en forma contundente por un
mayor debate y una participación más amplia en el conocimiento y
atención de inaceptables puntos que contiene el CAFTA, y respecto
a la necesidad de definir claramente los mecanismos adecuados para
prevenir o revertir sus previsiblemente negativas consecuencias
para importantes sectores de la población, en atención a mi
mandato constitucional de velar por el respeto y garantía de los
derechos humanos en el país y de supervisar la actuación de la
Administración Pública frente a todas las personas, así como de
promover todas las medidas necesarias en orden a prevenir
violaciones a tales derechos (ordinales 1, 7 y 10, art.194.I,
Cn.), EXPRESO:

1. Mi más enérgico rechazo a la forma en que el referido
Tratado ha sido impuesto a la sociedad salvadoreña, bajo
los falsos argumentos –inaceptables en cualquier país con
una alta cultura democrática? de que una simple mayoría de
votos faculta para la toma de decisiones estatales –sobre
todo, si son de elevada trascendencia nacional? y de que la
representación delegada por la población, vía electoral,
otorga un respaldo incondicional a la discrecionalidad de
las y los gobernantes. Ni siquiera la pertinaz campaña en
los medios de prensa, pretendiendo un artificial respaldo –
por seguir sustentado en el manejo propagandístico y en la
desinformación a tan desatinada actuación?, puede sustituir
el debate transparente y el carácter incluyente que debería
haber prevalecido en el proceso de ratificación.

2. Mi profunda decepción por el actual rumbo en que se
pretende encauzar al país, según el cual la democracia se
quiere reducir a la mera adscripción a las pretensiones
gubernamentales, de manera que toda oposición o desacuerdo
con las mismas, simplemente, se descalifican, se ignoran y
son excluidas de toda consideración, aun cuando representan
el sentir de importantes sectores sociales. De hecho, debo
recordar a nuestras altas autoridades que la comunidad
internacional ha establecido la inclusión de los diversos
intereses de la sociedad ?hasta los de las minorías? como
uno de los criterios rectores de toda auténtica democracia.

3. Mi firme convicción de que el bienestar común no se limita
a las expectativas que, al respecto, puedan expresar los
sectores empresariales del país, cuyas opiniones y
propuestas si bien revisten importancia para la vida
nacional, no agotan todas aquellas que un buen Gobierno
debería ser capaz de conciliar y armonizar, en razón de la
paz social y del mayor alcance de las opciones de
desarrollo que se nos presentan. La presión ejercida por la
máxima dirigencia empresarial por una apresurada
ratificación del CAFTA, es la mejor prueba de ello.

Como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos lamento,
además, que ninguno de mis llamados y recomendaciones sobre tan
controversial decisión haya sido atendido: ni por la Presidencia
de la República ni por la Comisión de Relaciones Exteriores e
Integración Centroamericana de la Asamblea Legislativa, en una
abierta violación a disposiciones constitucionales y legales,
tales como el ordinal 9 del artículo 194. I Cn. y los artículos 10
y 11 (en su ordinal 9) de la Ley de la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos, por lo que reitero, en este
sentido, la enorme responsabilidad que les compete en cualquier
afectación a la estabilidad y tranquilidad del país, así como a un
mayor deterioro de nuestra endeble democracia.

Por mi parte, reafirmo a la población salvadoreña mi sólido
compromiso por contribuir a garantizar que en El Salvador se
instaure un verdadero Estado Democrático de Derecho, que se
sustente en el entendimiento y la concertación más amplia sobre
las mejores opciones para todos y todas y en la búsqueda de
auténticas condiciones de desarrollo humano, sostenible y
equitativo para el país, es decir, donde la dignidad de las
personas, el futuro de las siguientes generaciones y la superación
de las desigualdades sociales sean los principios rectores que,
por fin, conduzcan las decisiones de nuestros gobernantes.

San Salvador, 20 de diciembre de 2004.

Doctora Beatrice Alamanni de Carrillo
Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos