Pasadas las tres de la madrugada del 17 de diciembre del
2004, la derecha salvadoreña a través de los diputados y
diputadas de las fracciones Alianza Repúblicana
Nacionalista (ARENA), Partido de Conciliación Nacional
(PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), vuelve a
hacer gala nuevamente de sus viejas prácticas
retrógradas, y en un flagrante irrespeto al debido
proceso y a las mínimas prácticas democráticas, deciden
modificar la agenda de la sesión plenaria de la Asamblea
Legislativa de El Salvador para ratificar en un
"madrugón" el Tratado de Libre Comercio entre Centro
América, República Dominicana y Estados Unidos (TLC CA-
RD-EU).

Es evidente que de la derecha, de sus partidos políticos
y sus diputados no se puede esperar iniciativa o Ley
alguna en beneficio del pueblo salvadoreño; no obstante,
la noticia de la ratificación de un tratado como el TLC
CA-RD-EU en un "madrugón", es siempre un acto repugnante
e inadmisible que desnuda la inexistencia de un Estado
"Derecho" post-Acuerdos de Paz, y que confirma la
vigencia de las seculares prácticas de imposición de los
intereses minoritarios, anulando las más elementales
normas de convivencia pacífica y democrática en el país.

El TLC CA-RD-EU ha sido ratificado con dispensa de
trámite por 49 votos a favor –ARENA, PCN y PDC-- y 35 en
votos en contra --del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) y del Centro Democrático
Unido (CDU)--, sin que el pleno haya siquiera leído una
sola línea de las 2,500 páginas plagadas de tecnicismos
que incluye su texto, mucho menos que se hayan detenido
a analizar las implicaciones y alcances de esta
decisión. Esto representa un acto burdo y de magna
irresponsabilidad. No cabe duda que la inmensa mayoría
de quienes ratificaron el TLC CA-RD-EU no tienen la
mínima idea de lo que esto implica, pero que para estos
"diputados y diputadas" fue suficiente saber cuánto y
qué recibirían por haber "levantado la mano".

Una vez más los diputados y diputadas de derecha han
vuelto a incumplir su juramento de velar por los
intereses del pueblo salvadoreño, a quienes
supuestamente representan. Además, con la ratificación
del TLC CA-RD-EU estos personajes también han violado su
juramento de hacer cumplir la Constitución y la Ley,
pues han votado a favor de un tratado que resulta
claramente atentatorio contra la vigencia de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC),
consignados en la Constitución y también recogidos en
Convenciones y Tratados Internacionales.

Pese a que las organizaciones sociales demandaron
reiteradamente de la Asamblea Legislativa que asumiera
con responsabilidad e inteligencia esta decisión,
desmarcándose de intereses minúsculos y corporativos que
promueven el TLC CA-RD-EU, para anteponer los intereses
de la mayoría de la población. Con la ratificación del
tratado estos diputados cargan con la enorme
irresponsabilidad de someter mucho más a nuestro país en
un esquema de condicionalidades del cual no podremos
sustraernos, y que limitará cualquier posibilidad de
construir un proyecto nacional.

El mínimo análisis científico y objetivo del texto del
TLC CA-RD-EU identifica claramente los efectos perversos
a que conllevará este tratado para la población
salvadoreña, las empresas nacionales, el Estado, los
recursos naturales y el medio ambiente. Sin embargo,
esto resultó irrelevante para los diputados de derecha a
la hora de ratificar el TLC CA-RD-EU, bastó con que la
fracción oficial recibiera la orden de la cúpula
empresarial y algún "incentivo" que motivara a las
fracciones del PCN y PDC a dar sus votos –que podría
incluir el dictamen de la Corte Suprema de Justicia para
"salvar" a estos dos partidos políticos de la
desaparición impuesta por el electorado salvadoreño en
los pasados comicios de marzo del 2004--.

Esto hechos refuerzan la percepción que la población
salvadoreña tiene del "primer órgano del Estado", no es
extraño que sea la Asamblea Legislativa la institución
más desprestigiada en el país, y que en general la
imagen de "diputados y diputadas" gocen del repudio y
falta de credibilidad de la población, como lo
demuestran las diversas encuestas de opinión. Nada
contribuyen estas prácticas al fortalecimiento
institucional y a la restitución de la credibilidad e
imagen de este ente y de sus miembros; además, con estas
decisiones dicho Órgano sólo abona a crear un clima de
ingobernabilidad social.

Estamos acostumbrados a los paquetazos, madrugones,
compra-venta de votos, diputados de "izquierda" que se
tornan en diputados de derecha, negociaciones turbias y
antidemocráticas. Así han discurrido las cosas en
nuestro subdesarrollado El Salvador, sin que a la fecha
se juzgue a estos personajes por las nefastas
consecuencias de sus decisiones. Si en nuestro país
reinara un Estado de Derecho, tendríamos muchos
diputados, ex-presidentes, ex-ministros y altos
funcionarios públicos "disfrutando de la tranquilidad"
del sistema penitenciario que ellos mismos se niegan a
reformar.

Una vez más, merece la pena cuestionar a estos
personajes que votaron por la ratificación del TLC CA-
RD-EU si asumirán su responsabilidad por las
consecuencias negativas provocadas por este tratado
sobre la población salvadoreña: el desempleo generado
por la quiebra de empresas nacionales, la
mercantilización de los servicios públicos, el
encarecimiento de las tarifas y el alza en el precio de
los medicamentos, la profundización del deterioro del
medio ambiente, la ingesta masiva de alimentos
modificados genéticamente, la quiebra de la producción
agropecuaria, la inseguridad alimentaría, y con ello el
incremento de las migraciones y el mayor desarraigo
cultural de los pueblos.

En la memoria colectiva de la población continúan
frescos todavía los subterfugios utilizados por el
gobierno para la aprobación de la mal llamada Ley de
Integración Monetaria, la cual fue promocionada por
Francisco Flores --ex presidente de la República y
actual candidato a Secretario General de la Organización
de Estados Americanos, OEA--, como el "secreto mejor
guardado en el país" y que fue aprobada por los
diputados de derecha a cambio de que no se eximiera del
"fuero parlamentario" a un diputado ebrio y pistolero.
Este nefasto hecho llevó a la dolarización de la
economía salvadoreña, la eliminación del colón --nuestra
moneda--, de la banca central, y de las políticas
cambiaria y financiera, con lo cual se redujo al mínimo
el escaso margen de maniobra del Estado en la definición
de la política económica.

Con la consumación de este acto de magna
irresponsabilidad, el TLC CA-RD-EU se convierte en Ley
de la República, con predominio sobre el marco jurídico
nacional y que entraña importantes violaciones a la
Constitución y a Convenios y Tratados en materia de
Derechos Humanos suscritos por El Salvador. El TLC CA-
RD-EU atenta contra el proceso de integración
centroamericana, contra la prevalencia del principio de
trato no discriminatorio para las personas nacionales,
contra la aplicación y vigencia de los DESC, contra el
marco jurídico para la resolución de controversias en
materia comercial, entre otros.

El TLC CA-RD-EU no es un simple tratado que regula el
comercio de mercancías, como lo promociona el gobierno.
Estamos ante un instrumento que determinará la
definición de nuestras políticas públicas, y que
eliminará toda posibilidad de que el actual y los
futuros gobiernos salvadoreños puedan aplicar políticas
económicas, sociales y ambientales coherentes con los
objetivos del desarrollo nacional y de la integración
centroamericana.

Los argumentos de quienes promueven el TLC CA-RD-EU como
una oportunidad y clave para el "desarrollo, progreso y
bienestar" se basan en planteamientos reconocidos como
fracasados --por el mismo Banco Mundial—a juzgar por los
catastróficos resultados que han generado en muchos
países en que se han aplicado. Este tratado no ha sido
inspirado ni construido desde ni para los intereses
ciudadanos, o de las pequeñas y medianas empresas
nacionales, o del respeto al medio ambiente. Los
contenidos de estos tratados carecen de una lógica de
derechos humanos -laborales, sociales, políticos,
culturales, migratorios y ambientales–.

En contraposición a la búsqueda de los valores centrales
indispensables para que una sociedad aspire a un estadio
de "desarrollo", el TLC CA-RD-EU apunta hacia su
negación e inobservancia. En un proyecto nacional de
desarrollo, antes que todo debería garantizarse el
sustento vital para satisfacer las necesidades básicas
de la población; pero también es condición sustantiva,
fomentar la autoestima de las personas expresa en el
sentimiento de valía y de respeto a uno de mismo, de no
ser utilizado e instrumentalizado; además, es necesaria
la activa participación democrática, que se manifiesta
en el poder de elegir unas condiciones que nos liberen
de unas condiciones de vida alienantes o de servidumbre
social.

Nada más alejado de la realidad salvadoreña, nuestra
sociedad es una muestra evidente de la carencia de un
"Estado de Derecho" y de "democracia real", la relativa
vigencia de algunas libertades civiles y políticas
contrasta con la inobservancia de los DESC, la
profundización de la pobreza y de la desigualdad hasta
niveles repugnantes, cuya situación se ha venido
larvando durante los quince años de reformas económicas
e institucionales promovidas desde las fracciones de
derecha en la Asamblea Legislativa, y a juzgar por los
estudios de impactos y las experiencias de otros países,
el TLC CA-RD-EU agravará aún más.

La consolidación de un núcleo hegemónico que constituye
el poder fáctico en el país, el mismo que ha
implementado los programas de ajuste estructural a
través de las cuatro administraciones de ARENA, con lo
cual se ha privilegiado a la banca y a unas cuantas
empresas insignias de su propiedad, ahora buscan asestar
la estocada final de las reformas pendientes con la
ratificación del TLC. Y nada mejor que legitimarlo
jurídicamente, sin preocuparse por lo vulgar y
repugnante que resulte el método: comprar votos de los
partidos de derecha, y repellar la imagen con
multimillonarias campañas mediáticas.

El presidente de la República de El Salvador no oculta
su alegría por un TLC ratificado en un madrugón y da
cuenta al gobierno estadounidense de su "misión
cumplida". En el largo "camino de la vergüenza" de los
gobiernos de ARENA, sumamos un nuevo hito: no sólo somos
de los pocos países en el planeta sin moneda nacional,
que hace gala de contar con los gobiernos más
obsecuentes y entreguistas, sino que también figuramos
entre los países con los niveles de desigualdad más
altos a nivel mundial, con mayor deterioro ambiental,
con más alto nivel de violencia ciudadana, y con esta
decisión pasamos a ser el primer país centroamericano en
ratificar el TLC CA-RD-EU.

Vale decir que afortunadamente este hecho no es una
realidad, que su ratificación en el Congreso y la Casa
de Representantes de los Estados Unidos dista en la
actualidad de contar con los 218 votos que se requieren
para su ratificación. Es importante que los y las
congresistas estadounidenses discutan y analicen en
profundidad los perjuicios que entraña este Tratado para
los pueblos y empresas nacionales, y que NO ratifiquen
el TLC CA-RD-EU.

Iniciativas como la "carta demócrata" de los
congresistas Hilda Solís y Raúl Grijalva, dan cuenta de
la seria amenaza que entraña el TLC CA-RD-EU, y se suman
a la oposición de otros sectores estadounidenses que
adversan el tratado por sus negativas implicaciones en
los ámbitos laborales, ambientales, productivos,
inversiones, comerciales, entre muchas.

Resulta inaudito que el gobierno salvadoreño financie
una campaña en el Congreso de los Estados Unidos, a
través de empresas estadounidenses, para convencer a los
representantes estadounidenses de la necesidad de
ratificar el TLC. Estos multimillonarios gastos son
financiados con recursos públicos salvadoreños, se suman
a las onerosas partidas del Ministerio de Economía
desembolsadas durante el proceso de "negociaciones", y
se realizan en un contexto en el cual las cuentas
fiscales de El Salvador se encuentran en una lamentable
situación deficitaria, con un Proyecto de Presupuesto
General de la Nación 2005 se ha entregado desfinanciado
–por octavo año consecutivo-- a la Asamblea Legislativa
para su aprobación.

Como se ha constatado en otros países de la región, el
TLC CA-RD-EU dispone del otorgamiento de préstamos para
financiar las "negociaciones" y actividades de cabildeo
tendientes a su ratificación. Esto resulta simplemente
inadmisible, no sólo porque presiona aún más los
alarmantes niveles de endeudamiento público, sino porque
constituyen gastos improductivos y perjudiciales para el
mismo crecimiento de la economía, y representan un
altísimo coste de oportunidad para nuestros ingresos
públicos, en tanto constituye una importante erogación
que bien podría canalizarse para inversión social.

La ratificación del TLC CA-RD-EU y profundización de las
políticas neoliberales nos obliga a plantear la
necesidad de avanzar en el ejercicio de nuestro derecho
ciudadano de construir un proyecto nacional de
desarrollo, de un nuevo país justo, pacífico y
sustentable. En este sentido, es importante que la
ciudadanía y las organizaciones sociales profundicen la
lucha de resistencia y la construcción de poder popular
desde las comunidades hasta lograr que se gobierne y
legisle a su favor.

Más que un TLC CA-RD-EU, se requiere impulsar acuerdos
de cooperación entre los países latinoamericanos y los
Estados Unidos, inscritos en su propia estrategia de
desarrollo y, construidos desde una lógica solidaria que
estimule el desarrollo sustentable y equitativo de cada
país y que propenda hacia la integración de los pueblos
centroamericanos.

Raúl Moreno. Economista, Catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad de El Salvador y miembro de la Red
Ciudadana de Acción frente al Comercio e Inversión, SINTI TECHAN.