Bogotá, diciembre 16 de 2004

Se dice que el cambio de año es una época propicia para la reflexión y los
buenos propósitos. No estamos seguros de que la mayoría comparta esta
convicción, sin embargo, la llegada del año 2005 sí resulta oportuna para
una reflexión. En efecto, uno de los argumentos que con más frecuencia se
nos opone es el que hemos llamado el de la fatalidad de la globalización,
y de algunas de sus manifestaciones como el ALCA y los tratados de libre
comercio, que según muchos constituirían algo así como una ley natural,
frente a la cual sería insensato oponerse. Pues bien, se cumplió el plazo
casi sagrado para la entrada en vigencia de muchas de estas propuestas y
la "ley" que no es otra cosa que una imposición por la fuerza, dejó de
operar gracias a la acción de fuerzas opositoras. La historia de la
globalización sigue siendo una historia de decisiones políticas.

Después de cuatro años de preparación, contados a partir de abril de 1998,
34 países de América iniciaron formalmente las negociaciones para
constituir el Área de Libre Comercio de las Américas. Durante el proceso
se realizaron tres cumbres presidenciales, ocho cumbres ministeriales y
quince reuniones del Comité de Negociaciones Comerciales presidido por los
viceministros de comercio. Esto sin contar con decenas de reuniones de los
comités temáticos y la elaboración de tres borradores del tratado.

En todas las reuniones se reiteró que el plazo para suscribir el acuerdo
sería enero de 2005 y que se pondría en vigencia a más tardar en diciembre
de 2005.

Las declaraciones de las delegaciones gubernamentales y de los apologistas
del tratado sentenciaban que era inevitable, que el cronograma se
impondría fatalmente y que este acuerdo constituía la única salvación para
las deterioradas economías del sur del Río Grande.

Ya prácticamente se vencieron los plazos previstos y las negociaciones
están paralizadas, las reuniones hechas para desentrabarlo han fracasado y
no se ve en el horizonte una perspectiva de su reiniciación. Diversos
factores determinaron este resultado. En primer lugar la obstinación
estadounidense en mantener e incrementar los subsidios a su agricultura,
así como la protección de su industria, al tiempo que exigía que los demás
países las liberalizaran unilateralmente y que además aceptaran unas
normas en materia de propiedad intelectual, compras estatales, inversión y
otros temas que dejaban a los países de América Latina en la incapacidad
de defender su agro, su industria, el papel de los Estados en el
desarrollo económico, los bienes públicos y el desarrollo tecnológico.

Varios países no aceptaron estas leoninas condiciones y objetaron diversos
aspectos del proyecto. Algunos como Venezuela manifestaron desacuerdos
fundamentales, otros como Brasil y Argentina consideraron que Estados
Unidos pedía mucho y daba poco, otros como los del Caribe consideraron que
no se tenía en cuenta la debilidad de sus economías. Por otra parte,
reuniones como la reciente de países suramericanos, muestran que en esto
de los procesos de integración económica puede haber muchas variantes y
que en América Latina se entrecruzan diversos intereses mundiales y
regionales.

En todas las rondas de negociación se hicieron grandiosas movilizaciones
populares de protesta. En todos los países se hicieron manifestaciones,
campañas educativas, se imprimieron miles de materiales educativos
explicando los peligros del ALCA y se constituyó una alianza entre los
movimientos sociales, fuerzas políticas y organizaciones no
gubernamentales de la región, de proporciones nunca vistas antes.

Por esas razones el ALCA se detuvo, lleva más de un año agonizando y la
realidad desmintió a quienes aseguraban su inevitabilidad. En realidad el
proyecto era producto de decisiones políticas, tomadas bajo la presión
norteamericana y la obsecuencia de muchos gobiernos. Era un proceso
secreto y antidemocrático y su esencia se limitaba a asegurarle a Estados
Unidos el control de la región y a establecer una especie de constitución
supranacional en la cual todos los derechos eran para las multinacionales
y ninguno para los pueblos.

No hay ninguna ley económica ni física que condene a los pueblos a este
destino. El fracaso, al menos temporal del cronograma del ALCA demuestra
que los pueblos de América no aceptarán dócilmente esta suerte.

La lección debe ser aprendida para las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio Andino. Los plazos perentorios de este ya han comenzado a
relajarse y si los pueblos de la región libramos una vigorosa batalla
contra este intento de introducir el ALCA región por región, se puede
detener el proyecto. El año 2005 será la ocasión de mostrar la decisión
popular de no dejar pisotear la soberanía nacional, los derechos de los
pueblos y la producción nacional.